La fiscal de Estupefacientes Angelita Romano le respondió a Jorge Gandini que no puede acceder a la carpeta investigativa fiscal del caso que terminó con la condena del asesor del edil blanco Gonzalo Gómez porque "no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder a la misma", dado que "no es indagado ni víctima". Esto después de que el dirigente nacionalista, hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), hiciera una solicitud para conseguir la información hace una semana.
Romano explicó en la carta que Fiscalía "no se encuentra habilitada a remitir las actuaciones que obran en la carpeta investigativa" porque Gandini no está involucrado en el caso, al mismo tiempo que recordó "que las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas tienen libre acceso a la investigación" sobre ellos.
En ese mismo documento, la fiscal recuerda que la carpeta es reservada.
El caso
Todo inició cuando se conoció que uno de los condenados por lavado de activos en el marco de la Operación Trazador, Pablo Leiva, era asesor del edil Gómez, integrante del sector Por la Patria liderado por Gandini. En el operativo se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000.
Después de la condena, fue desvinculado de la Junta Departamental. También fue despedido, aunque varios días después, su hijo, Lucio Leiva, que también era asesor del edil nacionalista.
El caso impacto en el Partido Nacional e incluso el edil Gómez, a su pedido, irá a la comisión de ética. Mientras se resuelve este asunto a la interna, el nacionalista se pidió licencia en el directorio —tiene un cargo por la Juventud— y en la Junta Departamental.
La vinculación de este caso con Gandini se dio porque el condenado asistía a un local de cobranzas que tiene su esposa.
El dirigente nacionalista dio una conferencia el martes pasado donde aseguró que él y su esposa no conocían al condenado, aunque sí a su hijo, que era militante del sector Por la Patria.
Asimismo, el presidente por la oposición en la ANP señaló que Pablo Leiva, condenado junto a otras dos personas, “habitualmente pagaba dos recibos (al mes) del Banco de Previsión Social de dos pequeñas empresas constructoras” y “en alguna ocasión” un recibo de la Dirección General Impositiva; pero que no hacia compra o venta de pesos o dólares.
Más allá de que esta parte del caso esté cerrada, con la condena de Leiva, el lunes el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una investigación a partir de la información surgida. Fuentes del caso confirmaron a El País que el representes del ministerio público tomó la decisión luego de recibir elementos sobre los movimientos de dinero vinculados al condenado.
La resolución se adoptó después de que el fiscal mantuviera una reunión con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. En esa instancia le transmitieron información sobre el circuito utilizado para mover dinero proveniente del narcotráfico. La investigación apuntará ahora a profundizar el recorrido de esos fondos y las operaciones realizadas a través de casas de cambio y locales de cobranza.
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