Exministro de Defensa habló de las sanciones en la Armada y explicó por qué se envió el pago por los buques

Redacción El País
El exministro de Defensa Nacional Armando Castaingdebat habló este miércoles acerca de las sanciones que impuso la nueva ministra, Sandra Lazo, a cuatro jerarcas de la Armada, entre ellos el excomandante en jefe Jorge Wilson, por presuntas mentiras acerca de un pago enviado a Cardama, el astillero español encargado de construir las dos patrulleras océanicas del tipo OPV que compró Uruguay.

En 2023 el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció el acuerdo para la adquisición de los dos buques. El entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que el armador pidió 82 millones de euros, algo más de US$ 92 millones. La decisión fue cuestionada por el Frente Amplio, que una vez que ganó las elecciones empezó a pedir más información.

Ya con Lazo designada para ser la ministra de Defensa, en el proceso de transición el gobierno por entonces electo pidió acceder al contrato, que incluye pagos a medida que se van cumpliendo determinados hitos. Precisamente, pocas horas antes del cambio de mando el gobierno autorizó el segundo pago, proceso en el que participó el entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, uno de los ahora sancionados por la ministra.

En diálogo con Informativo Sarandí (690 AM), Lazo confirmó que los sancionados también son los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva, que tuvieron distintas responsabilidades en el proceso de compra. Deberán cumplir arresto a rigor, tal como informó este martes El Observador.

Foto: Estefanía Leal.

En entrevista con Desayunos Informales (Teledoce), Castaingdebat dijo que "estaría totalmente fuera de lugar" que opinara si "está bien o está mal" el conjunto de sanciones aplicadas en la Armada, que son "una decisión de la ministra" y "ella tendrá sus motivos".

Entonces pidió separar las sanciones de lo que fue el proceso de compra. Dijo que este quedó constituido una vez que se firmó el contrato con el armador español y se establecieron garantías de pago con una carta de crédito que se abrió a través del Banco República. Además, para confirmar que Cardama va cumpliendo los hitos que requieren como contrapartida los pagos del Estado uruguayo, "se contrató a Lloyd’s", una firma de análisis de riesgos con sede en Londres, que corrobora que la fabricación de los buques vaya tal como se acordó.

"La modalidad de pago es contra cumplimiento de hitos", dijo Castaingdebat y añadió que "el segundo hito, el de la discusión", se cumplió a finales de febrero, días antes del cambio de mando. Debido a la comunicación que se recibió de Lloyd’s, "se procede a que el Banco República libere" el segundo pago, como también debería hacerse el 15 de mayo, con el cumplimiento del tercer hito.

"Wilson no tiene por qué saber qué se libera, porque él no autoriza la liberación. Wilson no puede dar ninguna orden, ni nosotros, porque el procedimiento de pago está estipulado en el contrato. La liberación es automática", sentenció el exministro.

También Javier García, quien fuera titular del Ministerio de Defensa antes de la asunción de Castaingdebat, habló del tema. En diálogo con Informativo Carve (AM 850) dijo que "la transparencia y las garantías de todo el proceso son las más importantes que se han tomado", y destacó la intermediación de "una calificadora que es la más importante del mundo", en referencia a la británica.

Foto: Leonardo Maine/El País.

Lazo explicó que ella, así como el Frente Amplio en general, ha sido "muy crítica sobre la decisión que tomó el Ministerio de Defensa Nacional anterior al adjudicar una compra directa" para la construcción de estas patrullas oceánicas.

"No estamos cuestionando la necesidad de esta compra, sí la forma desprolija y poco transparente", dijo en diálogo con la emisora radial.

Por entonces se solicitó conocer el contrato, aunque fuese "en reserva", pero eso "no se permitió" por parte de las autoridades, hasta que en la transición de gobierno el entonces ministro Castaingdebat autorizó a las autoridades electas a ver el contrato e "información técnica anexa".

"Encargué a integrantes del equipo saber en qué estaba el proceso de construcción, había que tomar decisiones a corto plazo porque se iban cumpliendo hitos ante los cuales hay que entregar sumas de dinero importantísimas", indicó Lazo, que explicó que creó un grupo de trabajo específico para ello.

Según dijo, las sanciones establecidas ahora son porque "hubo una falta a la verdad en un intercambio" entre los responsables de la compra por parte de la Armada y los representantes de la ministra.

Foto: Estefanía Leal

Describió que el 27 de febrero hubo una reunión con el comandante Wilson y se le preguntó por los pagos. Según dijo, fue a las 16:00 y él no mencionó nada sobre un segundo pago que, tiempo después, se supo que había firmado al mediodía.

Según dijo Lazo, fue el 20 de marzo, cuando le llegó el expediente, que supo que se había firmado la orden de pago, y entonces los asesores de la ministra cuestionaron a los responsables. "Cuando el grupo pregunta por qué no lo había informado a la ministra que asumía en dos días, se responde que no había firmado aún la orden, y la orden había sido firmada al mediodía. Se le está mintiendo a la ministra", resumió.

"El 20 de marzo me informan que el pago se había liberado y no era una decisión que había pasado por el ministerio. Efectivamente se pagaron los más de US$ 8 millones respectivos sin el consentimiento de la ministra de Defensa Nacional", concluyó.

El 4 de marzo el almirante Wilson dejó de ser el comandante en jefe por cumplirse los cinco años de gestión que establece la ley. Desde ese entonces, el contralmirante José Luis Elizondo quedó de forma interina como encargado de despacho hasta que el gobierno resuelva quién liderará a la Armada.