"Es todo un tema": permisarios del taxi en Canelones reclaman a Jorge Díaz por regulación de plataformas

La discusión sobre la regulación de las plataformas digitales volvió a instalarse este miércoles en Ciudad de la Costa, durante una reunión en la Cámara de Comercio local que contó con la participación del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y representantes del sector del taxi canario.

Según supo El País, tras el encuentro, se dejó constancia del “reconocimiento de que los trabajadores de plataformas de aplicaciones revisten carácter de dependientes y no de socios colaboradores”, en línea con el reciente criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia sobre el vínculo entre Uber y sus choferes.

Además, se resolvió que el tema será trasladado al ámbito de Torre Ejecutiva, con el compromiso de mantener informado al gremio de Canelones sobre los avances que se produzcan.

Uno de los planteos centrales fue realizado por el edil colorado y dirigente de la Asociación de Permisarios del Taxi de Canelones, Fabián Andrade, quien reclamó al gobierno una respuesta concreta frente a lo que considera una situación de competencia desigual. “Hay una sentencia de la Suprema Corte avalando la ley donde determina que las empresas de nuevas tecnologías están trabajando en forma ilegal en Uruguay. ¿Qué piensa hacer el gobierno para combatir eso? Podemos competir entre pares, pero no contra una multinacional que tiene a sus trabajadores en negro”, expresó durante el intercambio.

La referencia de Andrade apunta a la Sentencia Nº 25/2026 de la Suprema Corte de Justicia, dictada en el expediente “Guizado Baldoceda, Cristhian c/ Uber Technologies Uruguay S.A. y otro”, en la que el máximo tribunal confirmó la existencia de una relación laboral de dependencia entre la plataforma y un conductor que demandó a la empresa tras ser bloqueado por la aplicación. En ese fallo, la Corte sostuvo que la supuesta autonomía del “socio conductor” es meramente formal, ya que en los hechos existe subordinación por el control algorítmico, la fijación de tarifas, el sistema de calificaciones y la posibilidad de sanciones o desconexión. La decisión dejó firme una condena para que Uber pague créditos laborales e indemnización por despido abusivo, consolidando así un precedente de fuerte impacto para todo el sistema de plataformas digitales en Uruguay.

En ese contexto, Jorge Díaz admitió ante los presentes que la regulación “es todo un tema” y reconoció que “de alguna manera estas personas tienen un vínculo de dependencia con las plataformas”. Si bien aclaró no conocer aún cuál es la posición que adoptará el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se comprometió a realizar averiguaciones y a mantener el contacto con los representantes del taxi canario. “No sé qué tiene pensado el ministerio en ese sentido; me comprometo a averiguar. Usted me deja su teléfono y le mantendré informado”, respondió al planteo de Andrade.

El intercambio dejó sobre la mesa una preocupación que excede al sector del taxi: la necesidad de que el Poder Ejecutivo defina cómo aplicará, en términos regulatorios y de fiscalización, una doctrina judicial que por primera vez reconoce de manera expresa que detrás del modelo de negocios de las apps existe una relación laboral encubierta. Para los permisarios canarios, ese reconocimiento judicial no solo valida viejos reclamos sobre competencia desleal, sino que obliga al Estado a revisar las condiciones bajo las cuales operan multinacionales tecnológicas en el mercado uruguayo.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.