Gobierno divulgó el documento final del diálogo social: qué dice sobre las jubilaciones y las AFAP

El gobierno liderado por Yamandú Orsi divulgó en las últimas horas el documento elaborado en base al denominado "Diálogo Social", un ámbito en el que participaron no solo autoridades sino también actores del Pit-Cnt, las cámaras empresariales y algunos partidos políticos. Se trata de un texto de 80 páginas que incluye "orientaciones para transformar la protección social" con el fin de que el Poder Ejecutivo elabore, en los próximos meses, los proyectos de ley que considere necesarios.

De los partidos políticos, en el documento consta la participación del Frente Amplio y Cabildo Abierto, ya que el Partido Nacional y el Partido Colorado, por ejemplo, habían declinado. En cuanto a agencias gubernamentales, estuvieron la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otros. Tanto el Pit-Cnt como las cámaras empresariales manifestaron algunas discrepancias o posturas individuales de las que se dejó constancia en el documento, ya sea en párrafos en el cuerpo del texto como en notas al pie. De hecho, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) emitió una declaración en la que manifestó disconformidad con el resultado final del proceso.

Finalmente el documento plantea una serie de "orientaciones y propuestas" referidas a ocho temas: protección económica de niñas, niños y adolescentes; expansión del tiempo de educación y cuidados; licencias para el cuidado; cuidados de larga duración: financiamiento; protección social de las personas con discapacidad; protección social de las personas activas; jubilaciones y pensiones; sostenibilidad y financiamiento de la matriz de protección social.

En el capítulo de jubilaciones y pensiones aparece uno de los temas más polémicos a nivel político partidario en los últimos días por cambios que se harían al sistema de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), que el gobierno descartó eliminar o estatizar.

El documento, sobre la edad jubilatoria —que cambió durante el gobierno anterior y se elevó a 65 años—, dice que es necesario "incorporar una causal de retiro anticipada" que "permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad".

Pero las reglas para ese retiro anticipado no son iguales para todos. "Para al menos la tercera parte" de trabajadores "con ingresos y niveles de aportación más bajos", la causal de retiro anticipado "garantizará que accedan a montos superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio anterior a la Ley N.° 20.130", la que se aprobó en 2023. En resumidas cuentas, los trabajadores más pobres que hagan uso de este retiro anticipado recibirán un subsidio para que su jubilación sea similar a la que les correspondería de continuar activos hasta los 65.

"El resto de personas afiliadas con niveles de aportación más altos, también tendrán la posibilidad de retirarse a partir de los 60 años. En estos casos, el eventual adelantamiento se diseñará contemplando incentivos para extender la vida laboral hasta los 65 años", añade el escrito de recomendaciones al Poder Ejecutivo.

Además, esta causal de retiro anticipado debe crearse con métodos de incentivo para "la permanencia en el mercado laboral" hasta los 65. Esta, causal, por otra parte, no exime de mantener la que ya existe para puestos de trabajo "particularmente exigentes".

En cuanto a las AFAP, el documento dice que "el pilar de capitalización individual vigente desde 1996 presenta oportunidades de mejora" y que "es necesario introducir cambios que mejoren su eficiencia en beneficio de la persona afiliada y lo integren de mejor forma al resto de los pilares del sistema".

Entre los problemas identificados aparece la "muy escasa competencia, centrada en afiliados con escasa información que no responde a señales del mercado". El documento añade que "la falta de competencia impulsó elevados costos para las personas afiliadas y ganancias extraordinarias para las empresas administradoras, que la regulación logró reducir al establecer un tope a la comisión".

Por eso se propone "avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas, de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares". No obstante, se mantiene "la función de inversión y rentabilización por parte de actores públicos y privados en un mercado en competencia".

"El organismo centralizado licita o asigna los fondos (no individualizados), de manera de incentivar la competencia en rentabilidad, minimizar los costos y maximizar el retorno sujeto a un riesgo acotado", dice el documento, por el que se entiende que "integrantes de una misma cohorte o generación obtienen la misma rentabilidad y enfrentan el mismo costo promedio".