El Poder Ejecutivo recibió formalmente el documento final derivado del Diálogo Social. Este informe, que no implica compromisos de implementación inmediata sino que se busca sirva como hoja de ruta para definir prioridades políticas, se estructura sobre cuatro ejes estratégicos: la protección de la infancia, el fortalecimiento del sistema de cuidados, la protección del trabajo y la consolidación del sistema previsional, según una gacetilla que fue entregada hoy a los secretarios de Estado en el marco del Consejo de Ministros, y a la que accedió El País.
En materia de seguridad social, el gobierno reafirmó la vigencia del sistema de tres pilares y la edad normal de retiro a los 65 años. Sin embargo, el documento abre la puerta a una flexibilización significativa mediante la creación de una causal de retiro anticipado. Esta modalidad permitiría a las personas optar por jubilarse a partir de los 60 años, aunque el sistema mantendrá incentivos económicos para quienes elijan permanecer activos hasta los 65. Según los cálculos del Banco de Previsión Social citados en el texto, esta modificación no comprometería la sostenibilidad financiera del sistema.
Para los trabajadores de menores ingresos, la propuesta asegura que la jubilación anticipada contará con un suplemento solidario para garantizar que el monto percibido no sea inferior al esquema previo a la reforma de 2023. Además, se plantea una revisión profunda del vínculo entre las administradoras de fondos y los afiliados, con el objetivo de reducir costos operativos y aumentar la eficiencia del sistema, lo que contiene los cambios que se piensan instrumentar en el régimen de AFAP.
El borrador de recomendaciones del Diálogo Social aún está siendo ajustado por el equipo de trabajo, pero según supo El País, no se establece la eliminación de las AFAP, que administran US$ 27 mil millones. No obstante, sí se planteará una modificación en el régimen de ahorro individual con un rol más protagónico del Estado.
En el eje de protección a la infancia, el documento destaca la necesidad de unificar las prestaciones existentes para evitar ineficiencias y asegurar montos crecientes según las necesidades de cada hogar.
El Ejecutivo ya adelantó que estas recomendaciones se integrarán en el próximo proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, incluyendo beneficios específicos para mujeres embarazadas y niños de hasta tres años. También se proyecta duplicar el número de centros de educación media con tiempo extendido y avanzar hacia la universalización de la atención para niños de tres años.
Finalmente, el documento aborda la situación de los trabajadores independientes y el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Se propone la creación de un seguro por cese de actividad que otorgue una prestación económica por hasta tres meses a monotributistas y unipersonales ante la pérdida de su fuente laboral.
Paralelamente, se busca expandir las licencias para cuidados, fomentando una mayor participación de los varones en estas tareas mediante incentivos que, según el texto, deben implementarse con cautela para no afectar la generación de empleo formal.