Cámaras empresariales se quejan del diálogo social y afirman que el documento final "no recoge" sus aportes

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) emitió una declaración pública en la que se quejó de cómo terminó del denominado "Diálogo Social", proceso impulsado por el gobierno para elaborar recomendaciones y propuestas destinadas a futuras reformas de la seguridad social

Según señalaron los empresarios, resolvieron “no acompañar el resultado alcanzado” porque “el documento final no recoge adecuadamente” sus aportes ni respeta los criterios que consideraban “esenciales”.

La CCE indicó que participó "de todas las instancias de trabajo" y realizó "aportes técnicos" y "propuestas concretas". Permaneció "en el ámbito hasta su etapa final" porque "el diálogo es el camino adecuado para abordar desafíos complejos y avanzar en la construcción de acuerdos duraderos". Pero "el documento elevado al Poder Ejecutivo no refleja los planteos presentados por las cámaras empresariales".

"El diálogo exige condiciones de equilibrio, reglas claras y una consideración efectiva de las distintas posiciones", manifestaron las cámaras, que dejaron constancia de sus "discrepancias" y la decisión de presentar sus propios insumos al gobierno "para que puedan ser contemplados en las etapas posteriores de análisis y definición de leyes específicas".

Leonardo Loureiro, presidente de la CCE, indicó este miércoles en Informativo Sarandí (AM 690) que "muchas de las cosas que dicen las cámaras empresariales como aporte están a pie de página" en el documento, y además lograron "que algunas cosas se cambiaran" en el texto, pero más allá de eso decidieron elevar un documento propio al gobierno porque "era importante" que las tuviera en cuenta "a la hora de elaborar las políticas públicas a través de una ley".

Foto: Darwin Borreli / El Paìs

Por otro lado, reconoció que hay discrepancias sobre algunos aspectos puntuales del documento, como las recomendaciones para reformar el sistema jubilatorio con una causal de retiro anticipado a los 60 años y modificaciones al régimen de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).

"Hoy hay un sistema que funciona. Hay cuatro AFAP, tres privadas y una pública, lo que permite una competencia, y los usuarios deciden dónde poner su dinero. Estamos en contra, y eso es clarísimo, con crear nuevas organizaciones estatales. Y nada asegura que esta nueva organización trabaje mejor que las tres privadas y la pública que existen. Ya sería un costo adicional y nadie asegura que eso va a ser operativamente mejor", apuntó Loureiro.

Por otro lado, cuestionó que "el costo fiscal" de todas las recomendaciones "no está dimensionado", pero a modo extraoficial se entiende que "si todo lo que está puesto en el diálogo social se llevara adelante ahora, podría tener un costo estimado de US$ 500 millones".