Diálogo Social plantea sumar “contribuciones específicas” y pago de usuarios para financiar Sistema de Cuidados

A sala llena, se presentaron este miércoles los principales lineamientos de los resultados del Diálogo Social que, como adelantó El País, sugieren modificaciones y prioridades a tener en cuenta de cara a una nueva reforma de la seguridad social, enfocada en cambios para la edad de la jubilación, la infancia y las licencias paternales, las AFAP, por mencionar algunas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, quien destacó que “el centro de la protección social” en un país como Uruguay busca una “convivencia social cohesionada, de desarrollo humano y capaz de proyectar distintas trayectorias vitales”.

En esta dirección, Arim —que mencionó la existencia de diferencias y discrepancias en el trabajo final que llevó ocho meses— dijo que hay aspectos en los que “se van a hacer transformaciones relevantes”.

“Quiero destacar el gran acuerdo nacional que tenemos hoy sobre atender a las infancias y las adolescencias. Hay un compromiso del gobierno nacional de que en la próxima Rendición de Cuentas el sistema de protección social a la infancia va a estar sujeto a profundas modificaciones: va a ser más transparente, justo, sostenible y solvente”, resumió.

A su turno, el coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, detalló los cuatro grandes ejes que fueron estipulados en la hoja de ruta para presentar al Consejo de Ministros: protección de infancia, sistema de cuidados, protección a los trabajadores activos y cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones.

Entre las propuestas en que más énfasis se puso, a cargo de la también coordinadora Viviana Piñeiro, fue el de unificar las prestaciones actuales que se brindan a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En esta línea, como adelantó El País, se informó que se aumentarán los montos y se integrarán las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social, el Bono Crianza y Bienvenido Bebé a un único sistema de transferencias con el objetivo de simplificar.

Se propone incorporar una refuerzo del 50% adicional para embarazadas y para la primera infancia (de cero a tres años), ampliar la cobertura sobre criterios de vulnerabilidad y eliminar los condicionamientos para el cobro de las prestaciones.

Con respecto a los cambios que se plantean en referencia a las licencias al cuidado, se apuesta a que siga subiendo progresivamente la licencia por paternidad, “avanzando hacia una duración mínima de 30 días” (actualmente a partir de una ley recientemente aprobada es de 20 días corridos).

Asimismo, se pretende extender la duración de la licencia parental (mediante subsidio de medio horario por cuidados) de los seis a los nueve meses, “estableciendo como requisito que el progenitor varón utilice al menos una cantidad a determinar de la extensión”. Es decir, que el padre también pueda ampliar el beneficio de usar el medio horario.

El objetivo, dijeron los expositores, es estimular una mayor corresponsabilidad en los cuidados parentales entre padre y madre, además de incorporar la posibilidad de gozar de la licencia parental de manera simultánea “cortando la brecha entre licencia por maternidad y paternidad”.

“Pese a los avances, hay un espacio para seguir avanzando en ese sentido promoviendo una mejor conciliación entre trabajo y familia”, dijo Piñeiro.

En materia de financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados —dirigido especialmente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad—, aprobado durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez pero históricamente falto de recursos suficientes, se propuso que para enfrentar este desafío se implemente una combinación de aportes provenientes de Rentas Generales, contribuciones específicas y pagos directos de los usuarios con capacidad económica.

“El sistema atraviesa hoy su tercer período de implementación, mientras continúa la discusión sobre el financiamiento de una política que, en una sociedad que envejece, será cada vez más demandada, especialmente en los cuidados de larga duración (además de las personas con discapacidad). Hay una presión vinculada a esa futura demanda de personas mayores y por eso se estudiaron las posibilidades de diseñar un esquema de financiamiento que progresivamente consolide y expande el sistema para dar garantía a estas poblaciones”, explicó Piñeiro.

En este sentido se acotó que la discusión debe darse de “forma gradual” y en línea con “las restricciones fiscales y con la expansión progresiva de cobertura y calidad”.

“El planteo es basado en una lógica de solidaridad y de corresponsabilidad social. De cómo la sociedad uruguaya va a discutir el financiamiento de una política que a esta altura tenemos que pensar como un pilar del bienestar. A partir de relevamientos internacionales, discutimos la posibilidad de pensar un mecanismo que pueda articular Renta Generales —como hasta ahora se sostiene el sistema— con la posibilidad de contar con contribuciones específicas y pagos directos de las personas”, concluyó.