Entre medidas sindicales y gente en la calle: Mides juega a dos puntas para garantizar sistema de respuesta

El sistema político puso la problemática de la gente en situación de calle como una prioridad: tanto gobierno como oposición reconocen que, principalmente en el área metropolitana, la situación ha sobrepasado los límites de tolerancia normales de la sociedad. Concretamente, la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está en el centro del debate.

El titular de la cartera, Gonzalo Civila, junto a otros jerarcas, asistió esta pasada semana al Parlamento en dos ocasiones: el martes a la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, y el jueves a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. La cuestión es que, junto a la puesta en marcha de las medidas anunciadas en conferencia de prensa por el presidente Yamandú Orsi, el ministerio enfrenta una situación delicada con respecto al gremio de sus trabajadores tercerizados.

El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) ha tomado una serie de medidas en reclamo de adeudos salariales, las cuales han afectado el accionar del Mides. Sin ir más lejos, este viernes 17 se realizó un paro de 24 horas por parte del mismo, con una concentración en la sede del Mides al mediodía y una posterior movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas.

Desde el Mides señalaron a El País que se tuvo que desplegar varias “respuestas de emergencia” para garantizar la atención a personas en situación de calle. Se abrieron “plazas adicionales para esta situación”, como “ya se ha hecho otras veces, por diversos motivos”.

Si bien “la mayoría de las medidas se compatibilizaron con la continuación de la atención”, se debieron aumentar las plazas “ante situaciones puntuales de afectaciones” como consecuencia de la medida, que por ejemplo llevó a la paralización de la actividad de algunos centros —lo que obligó a la derivación de usuarios.

Asimismo, una situación similar se dio el sábado 11, cuando los trabajadores del Centro de Primera Atención (CPA) de Casavalle, donde son recibidas las personas retiradas de la vía pública en base a la aplicación de la Ley de Faltas, decidieron reclamar por no haber cobrado su salario, y el ministerio debió intermediar para resolver la situación.

En la tarde del viernes, el Mides emitió un comunicado en el que asegura el funcionamiento de “los servicios de atención a personas en extrema vulneración y respeta las medidas sindicales”. “⁠Ante medidas sindicales que puedan implicar un abandono del servicio o que no sean comunicadas con razonable anticipación, la administración tiene la obligación de recordar a las organizaciones de la sociedad civil su responsabilidad de garantizar la atención. Así lo ha hecho en las últimas horas, controlando a su vez el cumplimiento de dicho compromiso”, expresa el documento.

Este aspecto fue tratado por el propio Civila en su comparecencia a la comisión de Diputados el martes pasado, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País. Sobre el paro de este viernes, sostuvo que “hay un motivo en todo esto que va más allá de la situación coyuntural de los pagos, que tiene que ver con la acumulación de problemas durante mucho tiempo”. Otro de los reclamos del sindicato es ser formalizados como trabajadores del ministerio en lugar de tercerizados, una línea que las autoridades del Mides por el momento no comparten.

También se refirió a la situación del sábado anterior: “Como no teníamos garantía de lo que podía pasar, porque la medida podía ser sorpresiva si todavía el dinero no estaba acreditado en la cuenta de los trabajadores, el lunes redirigimos el operativo de Ley de Faltas del CPA a otro centro donde se hizo el mismo abordaje, la misma atención, la misma recepción de las personas. Por lo tanto, el operativo de Ley de Faltas no se interrumpió en ningún momento”.

Al igual que en la rueda de prensa que dio luego, Civila aseguró que “hoy no hay atrasos de meses en ninguna organización que convenie vinculada al Programa Calle, que es el tema que ha estado en el foco”. “No hay atrasos de meses consecutivos. Lo que existe son atrasos de días”.

Foto: Leonardo Mainé.

Una persona que trabaja en el CPA, quien prefirió permanecer en el anonimato, contó a El País cómo funciona la atención en el centro, en el que trabajan poco más de 60 personas, y el clima de violencia que viven cotidianamente.

“Hay dos sectores. Uno es el de Ley de Faltas, al que viene el dispositivo de la Policía, el ómnibus que trae gente de la calle. Se les da comida, se pueden bañar, tienen una charla con el equipo técnico, y si quieren ingresar (o no), pasan para el centro 24 horas, que es el otro sector”, explicó.

Acá se da una situación particular, porque si bien algunos de los trabajadores del centro están afiliados a Sutiga, no son los suficientes como para “hacer fuerza”, por lo que quedan excluidos de las medidas del sindicato. Sin embargo, los trabajadores toman medidas de protesta por su propia cuenta.

Por ejemplo, para el paro de este viernes, trabajaron “con normalidad” en su mayoría. A su vez, quienes pueden permitirse tomar medidas son los del sector de Ley de Faltas, a diferencia del otro sector, que atiende a gente “que necesita un cuidado 24 horas”.

“No nos habían pagado y el sábado 11 se cortó la parte de Ley de Faltas. El 13 nos pagaron y el 14 volvimos a retomar. Las medidas no las tomamos por parte del sindicato, más bien nos reunimos los trabajadores y ahí charlamos a ver qué se hace, porque no tenemos mucha fuerza en el sindicato”, agregó.

De hecho, ese sábado llegó un ómnibus del Ministerio del Interior con gente que estaba en la calle: “Tuvimos que hablar para decirle que no y ahí llamar, comunicarse para ver a dónde llegan a esa gente, porque el único centro que funciona con Ley de Faltas somos nosotros”.

Desde la conferencia de Civila y Orsi de principios de mes, dijo que el flujo de personas que ingresan “está totalmente igual”, incluido el ambiente tenso y agresivo que viven cotidianamente por las personas que reciben.

Las autoridades del ministerio detallaron algunos aspectos de su accionar ante esta problemática en la comisión de Diputados. El director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, explicó que en el Plan Invierno, “desde el 15 de mayo hasta el 31 de octubre, todas las plazas van a ser de 24 horas”.

“De las 1.850 plazas de Montevideo, ya 850 son permanentemente 24 horas. La novedad es que el 15 de mayo las restantes, 1.000, más todas las que vamos a añadir dentro del paquete Plan Invierno, también van a ser 24 horas. De estas plazas adicionales que se van a abrir el 15 de mayo, 480, casi 500, van a encontrarse en Montevideo, 100 en Canelones y 450 en el resto del interior. Estas son las plazas incrementales”, señaló.

Civila se refirió al financiamiento de las medidas anunciadas y enfatizó que proviene de “diversas fuentes”. Entre ellas, mencionó que “una parte” viene de la “reconversión” de algunas iniciativas y convenios (que son cerca de 500), “para lo cual se tiene un presupuesto asignado por línea de base y también un incremento votado en el Presupuesto”.

También están incluidos recursos presupuestales de otros organismos: “Por poner un ejemplo, el Ministerio de Vivienda nos ha informado de la disponibilidad de US$ 2 millones de créditos del propio ministerio para destinarlos este año a respuestas que tienen que ver con vivienda asociada, precisamente, a la respuesta a situación de calle”.

Por otro lado, el ministro aludió a la confusión con respecto a la cifra de gente en situación de calle y fue claro: “Nosotros no tenemos un número certero, no lo tuvo ninguna administración”.

“Cuando hablamos de las 13.500 personas, no estamos hablando de personas en situación de intemperie, y tampoco estamos hablando en todos los casos de personas que han permanecido en el sistema por un largo tiempo; hay personas que han permanecido poco tiempo. Hay 13.500 que atiende el sistema y 8.500 las plazas disponibles, que no están siempre completas todas, y que incluye centros de contingencia, de emergencia y respuestas 24 horas de distinto tipo”, manifestó.

Según el ministro, se da un “brecha” entre “esas 8.500, que necesitan una respuesta del Estado permanente para no estar a la intemperie, y las 13.500 que atiende el sistema”.

En ese sentido, si bien se apuesta por la aplicación eficiente de la Ley de Faltas, la gestión del Mides puntualiza que, “para la resolución del problema de la presencia de personas en la intemperie, es un instrumento poco efectivo”, ya que “es un instrumento para el ordenamiento del espacio público”.

“Es poco efectivo porque las personas ingresan, producto de la ley de faltas, al Centro de Primera Atención y la cantidad de personas que vuelve a salir a la calle y se vuelve a instalar en la vía pública es muy grande. (...) En lo que refiere a la ley de faltas la puerta giratoria es muy fuerte”, dijo Civila.