Médicos, políticos y juristas cuestionan plan de servicio obligatorio por dos años en ASSE para especialistas

El proyecto de ley que impulsa el diputado frenteamplista Federico Preve para obligar a médicos especialistas a que trabajen por dos años en prestadores públicos al terminar sus estudios para revertir el “déficit” de profesionales, sobre todo en el interior, derivó en críticas por parte de colectivos médicos, generó dudas a nivel político, al tiempo que ha motivado cuestionamientos por parte de juristas.

La iniciativa, firmada por toda la bancada de diputados oficialistas, propone que los profesionales que “culminen la formación de posgrado en especialidades médicas” (residencias y posgrados), y otros profesionales de la salud que “culminen formación de grado, posgrado o especialización”, deban prestar, con “carácter preceptivo y transitorio”, el servicio de atención médica en ASSE, Sanidad Militar, Sanidad Policial y Hospital de Clínicas.

El proyecto marca que los médicos abarcados por la norma presten servicios en donde disponga la autoridad sanitaria, entre cuatro y 16 horas semanales, por dos años, percibiendo un pago acorde al laudo y la cantidad de horas trabajadas. En caso contrario, el Ministerio de Salud Pública (MSP) “no registrará ni habilitará el título para el ejercicio profesional”.

Cuando José Mujica hizo un planteo similar cuando era presidente (2010-2015), hace 15 años, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) arremetió contra la iniciativa. El actual titular del gremio, José Minarrieta, dijo a El País que el proyecto es "polémico".

"Es como pedirle a la persona que además de ejercer su especialidad una vez que recibió el título, tenga como un servicio público a la comunidad, que cuando le ponemos preceptivo, obligatorio, genera roces. Hay que discutirlo bien", declaró a La Diaria Radio.

“Cualquier proyecto que en un inicio tenga que violentar la libertad de cualquier persona, pero además en cuanto a la forma del trabajo profesional, está muy mal conceptuado y planificado”, apuntó, en tanto, el vicepresidente del SMU, Rodrigo Perna, a El País.

El representante opositor en SMU dijo que con su sector Juntos se van a oponer “radicalmente” por entender que este formato “no es la forma de solucionar el problema de especialistas, ni de asistencia”. Y apuntó: “Lo peor es que esto venga de un colega, que ahora está de diputado y aparecen estas brillantes ideas. Cuando estuvo en el SMU no lo planteó”.

“Estamos trabajando en los cargos de alta dedicación para tratar de que los médicos tengan mejor calidad de trabajo por el burn out, la salud mental y adicciones, y ahora Preve se descuelga con un proyecto de que ‘son cuatro o seis horitas’, que son para ocio, no para que te obliguen a trabajar. Me parece nefasto”, agregó Perna.

Julio Trostchansky, expresidente del SMU entre 2013 y 2015, planteó que la “imposición no es el camino correcto”. “El arraigo no se impone, se construye. En Uruguay, el problema de fondo no es la ausencia de especialistas, sino su dispersión en un modelo de trabajo que fragmenta la práctica profesional y debilita la calidad asistencial”, señaló en su cuenta de la red social X.

“En este país no hay servicio militar obligatorio, pero se quiere instituir un servicio médico obligatorio”, afirmó Daniel Montano, titular del Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay (SAQ), consultado por El País. “Es un servicio militar para los médicos y nada más que para ellos. No es para abogados, ni arquitectos, ni nurses, ni enfermeros, ni nadie más”, apuntó.

La SAQ pidió un análisis a sus asesores jurídicos, que en una primera lectura marcaron que el proyecto es inconstitucional, por “atentar” contra el derecho a la libre residencia y circulación (artículo 37) y el derecho a la igualdad (artículo 8) porque no aplica a médicos generales. También valoraron que “afectaría” el derecho a la propiedad y al trabajo remunerado “justo”.

Preve dijo a El País que el proyecto “no limita la libertad al trabajo”, valorando que los especialistas podrán trabajar el resto de horas en el sector privado, si quisieran. “Es una inserción laboral, obligatoria en los servicios públicos por dos años”, dijo. La reglamentación definiría las necesidades de especialistas, en qué departamentos, la cantidad de médicos y horas trabajadas, aclaró.

Consultado sobre cómo se sustentaría la contratación de estas horas médicas, el diputado estimó que “se financia solo” por el “ahorro” en los traslados, así como cirugías e interconsultas en el sector privado. Y si requirieran recursos, sería en rendiciones de cuenta.

El presidente del Colegio Médico del Uruguay (CMU), Álvaro Niggemeyer, dijo a El País que en una primera lectura el proyecto lo ve como una herramienta para “mejorar transitoriamente” la distribución de los especialistas, pero valoró que “debería ir acompañado” de una mejoría de las condiciones y el salario de médicos del interior, que tienen un laudo “inferior” que en Montevideo, y una descentralización de la formación, para ver el asunto en forma “sistémica”.

"Pedirle a un especialista que haga el 10% o 20% de su carga horaria, yendo una o dos veces por mes, y pagándole en forma adecuada, no lo veo mal", dijo el titular del CMU. “Pero no como un hecho aislado, que no creo que sirva de nada, porque la gente va a ir a desagrado, no se va a arraigar nadie y vamos a vivir siempre con este problema crónico”.

“Que sea exclusivamente voluntario puede ser muy romántico. Para que sea efectivo hay que darle algo de obligatoriedad. Pero hay que ver de qué forma garantizando los derechos de los médicos, las condiciones de trabajo y el ingreso”, agregó Niggemeyer.

Por otro lado, El País consultó a los constitucionalistas Martín Risso y Ruben Correa Freitas sobre el proyecto de ley en cuestión. Risso indicó que “a primera vista es inconstitucional pues limita desproporcionadamente la libertad de ejercicio profesional”.

Correa Freitas, en tanto, consideró también que es “inconstitucional porque viola los artículos 85 numeral 13 y 86” de la Constitución. “Los cargos se crean por ley de presupuesto o rendición de cuentas, siendo de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”, marcó el jurista.

Preve, en tanto, dijo a El País que de llegarle informes en contra de su propuesta podría analizarlos, pero puntualizó que sus asesorías “legitiman la constitucionalidad” de la iniciativa, que pasó a consideración de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados.

La comisión de la cámara baja tiene como miembros a los frenteamplistas Preve, Juan Gorosterrazú y Luis Gallo; los blancos José Luis Satdjian (presidente) y Andrés Grezzi, la colorada Nibia Reisch y Nicolle Salle, representante de Identidad Soberana.

Gorosterrazú dijo a El País que este proyecto es “muy importante” para el oficialismo, tomando en cuenta la gran cobertura de la salud pública en el interior del país. “Es un proyecto muy bueno, que puede dar la estructura el sistema de salud”, resaltó.

“Por más que haya un decreto de tiempos de espera, si tenemos esta otra herramienta, viene a aportar al sistema nacional integrado de salud, sobre todo a la inequidad de recursos humanos que hay en Montevideo y el resto del país. Solo el 7% de los profesionales está al norte del Río Negro”, agregó.

Satdjian, en tanto, planteó a El País que es “compartible” la búsqueda de soluciones para la “falta” de especialistas, sobre todo al interior del país. “Quizás la imposición de trabajar, y en algunos casos incluso a cientos de kilómetros del hogar, logre el efecto contrario al deseado, ya que se puede desestimular a los profesionales a formarse”, dijo.

“Debemos estudiar con suma cautela el impacto de dicha obligación, en especial mirando el marco constitucional, ya que nuestro ordenamiento jurídico es claro con respecto a los derechos de los trabajadores”, agregó el nacionalista.

“Tampoco solucionaría el faltante de médicos en aquellas especialidades con tasa de reposición negativa o déficit de formación. Estaríamos mandando forzosamente profesionales a una zona del país pero no atendiendo el resto”, puntualizó.

Grezzi planteó a El País que si bien está de acuerdo con buscar una manera para que médicos se radiquen en el interior, este “no es el mejor proyecto para hacerlo”, por considerar que “se podría estar violando la libertad del trabajo o el libre ejercicio de la profesión”.

“Lo ideal es generar incentivos, ventajas en la carrera profesional, pero no obligando”, sostuvo el nacionalista, que tampoco ve que tenga impacto directo, sino que de aprobarse se verían cambios en unos años. Grezzi añadió que Udelar debería “aumentar” la cantidad de cupos de las especialidades.

Reisch, en tanto, dijo a El País que va a “estudiar bien la herramienta” antes de pronunciarse. “Hay dos realidades: son necesarios más especialistas y hay un espíritu de buscar un mecanismo".

Salle señaló a El País que es un proyecto sobre el cual “se puede trabajar”, porque atiende la “inequidad” de los especialistas en el interior y la necesidad de “dar una respuesta urgente”. No obstante, advirtió que el carácter obligatorio del régimen, junto con la sanción de no registrar ni habilitar el título en caso de incumplimiento, plantean “reparos serios en términos de proporcionalidad y libertad de trabajo”.