El Ministerio del Interior analizó su accionar en dos denuncias concernientes al caso de Jonathan Correa, el joven de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo.
Para “ambos casos expuestos”, un informe de la cartera, al que accedió El País, sostiene que “no se brindaron las garantías necesarias a las víctimas, no se contemplaron los antecedentes policiales que registraba el indagado (incluyendo denuncias anteriores de violencia doméstica), no se realizó una constatación médica de las lesiones; y el procedimiento de la unidad especializada en cuanto a la actuación y el control no fue suficiente”.
La primera denuncia es del 24 de junio de 2023 y fue presentada por la madre de Jonathan, por violencia doméstica y de género del padre, quien fue imputado tras el asesinato.
La mujer denunció que el hombre, en ese momento su expareja, consumió drogas “todos los días” durante meses. El 16 de junio “se pone agresivo y la golpea en el rostro dejándole un hematoma en el ojo, porque pensó que ella le estaba gritando a sus hijos”.
“En el día de ayer (día anterior a que fue presentada la denuncia) comenzó a agredirla físicamente de la nada, pegándole un golpe de puño en la cabeza y le tiró con una caja con cubiertos, a lo que la señora le dijo que se fuera del domicilio porque le iba a radicar la denuncia y el mismo se retira. Al hijo que tienen en común, Jonathan, de 12 años, también lo agrede físicamente, le pega en la cara y le da patadas en el piso”, se describe en el documento.
Además, se indica que la mujer presentó fotos de las lesiones y pidió “medidas cautelares y prestación de garantías”, pero “no solicitó dispositivo electrónico”. Con respecto al hombre, en ese momento “no se conocía su paradero” y la mujer afirmó que tenía antecedentes por hurto.
La denuncia fue tomada por la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y Género y remitida a la Justicia. A su vez, la jueza que lideró el caso dispuso, en referencia al accionar de la Policía, “citar” a los involucrados en el caso e “indagar” al respecto.
“A posterior del informe de actuación se puede observar en la novedad que no se realizaron otras actuaciones acorde a la resolución judicial dispuesta”, se dijo en el documento de Interior.
La otra denuncia refiere a la presentada por la UTU de Flor de Maroñas —a la que asistía Jonathan— a fines de noviembre de 2025, luego de que algunos docentes y compañeros lo vieran con hematomas en su cuerpo.
La seccional que tomó la denuncia cometió un error al titular la denuncia, pues se anotó como “Averiguación situación- de menor y/o personas mayores o con discapacidad”.
A su vez, cuando la comisaría especializada recibió la denuncia, se “ingresó una ficha por violencia doméstica con el nombre del menor Jonathan sin registros de mayores datos”. Al igual que la otra denuncia, “no se observaron otras actuaciones”; se había dispuesto “indagar a los padres” e “interrogar” a otros familiares.
“A lo anteriormente expuesto, se define la falta de acciones policiales acordes a la normativa vigente y los protocolos de actuaciones en materia de violencia doméstica y género, para abordar los casos denunciados en ambas novedades registradas”, se aseguró en el informe.
En ese sentido, en la primera denuncia hubo una “omisión de cumplimiento de una orden judicial”, “dejando entrever una supervisión insuficiente por parte del oficial de Policía a cargo, responsable de supervisar las novedades que allí se ingresan y del personal bajo su mando”.
En la segunda denuncia, “se detecta nuevamente una supervisión insuficiente por parte del oficial de Policía a cargo”. Asimismo, “se podría haber subsanado el error del título”, ya que “al encontrarse de esta forma titulada se trataría de un hecho policial que no tiene impacto en el Sistema Sippau (Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay) de Fiscalía; de todas formas se hace la salvedad de que se realizó la comunicación a la órbita judicial del caso”.
El caso
El padre de Jonathan fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y un delito de homicidio especialmente agravado.
Según relató la fiscal de Homicidios Sabrina Flores durante la audiencia, a la que accedió El País, el hombre llevaba tiempo ejerciendo violencia física sobre el adolescente. En la noche del asesinato, a raíz de una discusión entre ambos, el padre lo habría golpeado con puños y patadas.
De la autopsia surge que también lo agredió con un objeto que pudo haber sido “un cable o un cinturón”. Luego de la golpiza, el agresor se fue a acostar y mandó a su hijo a hacer lo mismo. Durante la madrugada el hombre se despertó y vio que el adolescente no respondía y que parecía ya no tener signos vitales, por lo que intentó esconder el cuerpo arrojándolo a una cuneta.
“Eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado”, expresó el equipo fiscal durante la audiencia y describió que el cuerpo del joven había quedado “morado” de tanta violencia prolongada en el tiempo.
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