El Superior Tribunal de Justicia de Brasil analizó el martes la solicitud de homologación de la condena dictada por la justicia italiana contra el exmilitar uruguayo-brasileño Pedro Mato Narbondo, en el marco de un proceso que busca transferir la ejecución de su pena a territorio brasileño. El tribunal avanzó parcialmente en el caso, aunque postergó la decisión final sobre el cumplimiento de la condena para la próxima sesión, tras el pedido de más tiempo por parte de algunos ministros.
Durante la audiencia, el juez relator se pronunció a favor de validar la sentencia extranjera y permitir que Narbondo cumpla la pena en Brasil, adecuándola al marco legal de ese país, que establece un máximo de 30 años de prisión en lugar de la cadena perpetua gradictada en Italia. Sin embargo, la definición quedó en suspenso a la espera de una resolución definitiva del pleno del tribunal.
En paralelo, y ante el riesgo de fuga, el STJ resolvió por unanimidad imponer medidas cautelares estrictas de aplicación inmediata. Entre ellas se incluyen la prohibición de salir del municipio de Santana do Livramento —donde reside—, el uso de tobillera electrónica, la retención de su pasaporte y su incorporación a los sistemas de control fronterizo. Narbondo cuenta además con una notificación roja de Interpol por crímenes cometidos en 1972.
Condena
El proceso responde a un pedido formal del gobierno italiano realizado en febrero de 2023, luego de que el exmilitar evitara su extradición gracias a la protección constitucional que Brasil otorga a sus ciudadanos. En este sentido, el STJ no revisa el fondo de la condena ni las pruebas, ya validadas por los tribunales de Roma, sino que se limita a verificar que la sentencia cumpla con los requisitos formales para su ejecución en territorio brasileño, en línea con los principios de soberanía y respeto a los derechos humanos.
La condena, ratificada en julio de 2021 por la justicia italiana, responsabiliza a Narbondo por los secuestros y asesinatos de los ciudadanos italianos Gerardo Gatti, Maria Emilia Isla Gatti de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recagno Ibarburu, en el marco del funcionamiento del centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires. Según el fallo, las víctimas fueron sometidas a torturas antes de ser desaparecidas, en uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado en la región.
El Ministerio Público Federal de Brasil instó al tribunal a resolver con rapidez el caso, al advertir sobre el riesgo de “impunidad biológica” dado que Narbondo tiene actualmente 85 años. Prófugo de la justicia uruguaya desde 2013, Narbondo ha vivido durante años en la frontera entre Uruguay y Brasil, particularmente en Santana do Livramento, aprovechando la permeabilidad de la frontera seca. En Uruguay, es requerido por violaciones a los derechos humanos, entre ellas el asesinato bajo tortura del militante frenteamplista Luis Batalla en 1972.
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