La Fiscalía de Lesa Humanidad archivó la investigación por asesinatos ocurridos el 14 de abril de 1972

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, archivó la investigación sobre los hechos ocurridos el 14 de abril de 1972 en las casas de la calle Pérez Gomar N.º 4392 (barrio Buceo) y de la calle Amazonas N.º 1440 (Malvín), donde se produjo la muerte de personas a manos de agentes del Estado.

El 14 de abril de 1972, en un operativo, el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN) asesinó al exinterventor de Secundaria, Armando Acosta y Lara, al capitán de la Armada Ernesto Motto, al subcomisario Oscar Delega y al agente Carlos Leites. También hirieron de gravedad al agente Facundo Goñi, quien falleció meses después a causa de las heridas. La reacción de las fuerzas de seguridad, ese mismo día, se cobró las vidas de ocho integrantes de la organización guerrillera. En total fueron 13 fallecidos.

El 14 de abril de 1972 Gabriel Schroeder se encontraba junto a Alberto Candán Grajales, Horacio Rovira y Armando Blanco Katrás en una camioneta cuando fueron interceptados por una patrulla de las Fuerzas Conjuntas. El grupo no acató la orden de detención y se refugiaron en la casa de la calle Pérez Gomar 4392 donde Horacio, que tenía 18 años, vivía con sus padres. Se produjo un violento operativo donde fueron ejecutados los cuatro militantes del MLN y fueron detenidos Carlos Rovira y Filomena Grieco de Rovira. Gabriel tenía 21 años y su esposa esperaba el nacimiento de su hija.

La casa de la calle Amazonas en el barrio Malvín era donde vivían Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Giménez, quienes fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del MLN. Luis e Ivette fueron ejecutados estando desarmados, en su casa le dieron refugio a Eleuterio Fernández Huidobro y a David Cámpora.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Si bien en la versión oficial de la época se mencionaba que estas muertes habrían ocurrido como consecuencia de un enfrentamiento con las Fuerzas Conjuntas, Fiscalía señaló que "no existió una investigación exhaustiva por parte de ningún órgano del Estado que lo confirmara".

En setiembre del 2024, familiares de las víctimas se presentaron en Fiscalía solicitando que se investigaran las circunstancias de las muertes de sus familiares. En ese marco, Fiscalía informó que se requirieron un conjunto de oficios, se tomaron alrededor de 70 testimonios de distintas personas, se realizó una autopsia histórica, se exhumaron los cuerpos de alguna de las víctimas y se hicieron estudios de antropología forense y médico legal.

En el dictamen se establecieron las circunstancias en que ocurrieron las muertes y se identificó a los responsables, determinándose "una versión diferente a la que hasta el momento habían sostenido las Fuerzas Conjuntas". Finalmente, se dispuso el archivo de las actuaciones dado que los autores de los homicidios se encuentran fallecidos.

El dictamen, publicado por Fiscalía, establece además una distinción clave entre delitos políticos y crímenes de lesa humanidad. Explica que, si bien el 14 de abril de 1972 hubo delitos cometidos por particulares, la Fiscalía especializada solo puede investigar aquellos que encuadran como crímenes de lesa humanidad, es decir, actos extremadamente graves cometidos por agentes del Estado o con su aquiescencia, en el marco de un plan sistemático de persecución y por motivos políticos o ideológicos. Bajo esta definición, los operativos en ambas viviendas son considerados crímenes de lesa humanidad, lo que implica consecuencias jurídicas como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de aplicar amnistías o indultos, y la obligación del Estado de investigarlos.

En cuanto a la investigación actual, el informe detalla numerosas dificultades, principalmente la escasez o inexistencia de documentación oficial. Diversos organismos del Estado —como el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y archivos forenses— "no contaban con registros relevantes" o estos eran parciales. Ante ello, la Fiscalía recurrió a fuentes alternativas, como archivos históricos, testimonios, entrevistas, documentos académicos y expedientes de la justicia militar, además de ordenar pericias como autopsias históricas y la exhumación de restos.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Los estudios forenses realizados concluyen que "todas las muertes analizadas fueron violentas, intencionales y causadas por armas de fuego, en muchos casos con múltiples impactos, lo que sugiere ejecuciones más que enfrentamientos". A esto se suma la recopilación de testimonios de militares, policías, exintegrantes del MLN-T, vecinos, periodistas y familiares, que permitieron reconstruir parcialmente lo ocurrido.

En síntesis, el dictamen sostiene que los hechos del 14 de abril de 1972 "no fueron debidamente investigados en su momento", que la versión oficial "resulta cuestionable" y que "existen elementos suficientes para considerarlos crímenes de lesa humanidad", lo que fundamenta la continuidad de la investigación y la necesidad de dar una respuesta estatal a las víctimas y sus familias.