El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, realizó un pedido de informes a Presidencia de la República relacionado a la denuncia por acoso laboral que cuatro funcionarias llevaron a cabo contra la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, a finales del mes de noviembre.
"Pedido de informes a la Presidencia de la República. En razón de la llamativa demora en resolver una denuncia contra la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente", dijo Abdala en su cuenta de X.
Pedido de informes a la Presidencia de la República. En razón de la llamativa demora en resolver una denuncia contra la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. pic.twitter.com/sD1sYp1Dzn
— Pablo Abdala (@pabloabdala66) April 16, 2026
Abdala consulta en qué etapa se encuentra el procedimiento de la denuncia y por qué "no se ha resuelto aún la situación".
Además, en el pedido de informes hace referencia a un artículo publicado en El País, en el que se da cuenta de un informe elaborado por el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo donde se habría constatado la existencia de “violencia generalizada".
En esa línea, la tercera pregunta de Abdala apunta a "si es verdad" que los informes pedidos sobre el caso a jurídica de Presidencia "ya se habrían producido y se encontrarían a disposición de los jerarcas".
"Según trascendió, las funcionarias que presentaron la denuncia habrían sido trasladadas a distintas reparticiones del inciso, lo que no resultó suficiente para prevenir los riesgos de revictimización, dado que el contacto con la jerarca denunciada sigue aconteciendo. ¿La versión antedicha es correcta?", cuestiona.
Por último, pide saber en qué medida las denuncisa "afectaron" la gestión dentro del organismo de Presidencia y cuáles son las actividades que se realizan a día de hoy.
Alejandra Casablanca había sido denunciada por acoso laboral en noviembre
A finales del pasado mes de noviembre, Casablanca, fue denunciada por acoso laboral en Salud Ocupacional de Presidencia de la República por varios funcionarios de la institución.
“Destratos”, “insultos”, acusaciones de “no servir para nada” y amenazas de traslados a otras dependencias del Estado son parte de las situaciones que se vivían casi de forma cotidiana, confiaron a El País los funcionarios que pidieron no ser mencionados.
A más de cuatro meses de que al menos cuatro funcionarias de la Secretaría denunciaran a Casablanca, la Presidencia de la República aún no ha adoptado una resolución sobre el caso, pese a que el informe elaborado por el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo constató la existencia de “violencia generalizada”.
Desde Presidencia, frente a la insistencia de El País, respondieron que informes que fueran solicitados a Jurídica de Torre Ejecutiva están a disposición de los jerarcas, pero añadieron que resta aún “el expediente final”, puesto que este no está terminado. En diversas ocasiones también han señalado que la situación no es una prioridad para las principales autoridades del gobierno. “Todavía quedan actuaciones por finalizar para dar por concluido el asunto”, indicaron.
TV Ciudad
No es la primera vez que Casablanca es acusada y denunciada por acoso laboral. En 2021, la comunicadora y militante social Denisse Legrand presentó ante Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo una denuncia por violencia contra la en ese entonces directora del canal municipal.
Aunque las autoridades desestimaron las acusaciones de Legrand, durante la gestión de Casablanca hubo varios episodios de confrontación con los funcionarios y periodistas del canal. En 2023, después de varios meses de tensión, el colectivo de trabajadores emitió un comunicado en el que acusaron situaciones de violencia vividas y presiones en el foco de la cobertura periodística.
“Ante una serie de situaciones ocurridas en nuestro ámbito laboral, los trabajadores y las trabajadoras de TV Ciudad, luego de reunirnos en asamblea, manifestamos que históricamente hemos reivindicado la consolidación de un canal público que efectivice el cumplimiento de la pluralidad y la libertad de expresión, garantizando la mayor independencia en sus contenidos en relación al sistema político y al gobierno, así como los intereses privados y de mercado”, comenzaba la misiva.
Posteriormente, agregaba: “Las sociedades precisan sistemas de medios públicos que hagan foco en la promoción de derechos. Valores como la no violencia y el respeto a los derechos laborales son tan importantes en la pantalla como fuera de ella”.
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