El Ministerio de Ambiente prevé que los “impactos esperados” hacia animales marinos por la prospección sísmica en costas uruguayas —que empezó en marzo pasado y se retomará en noviembre— sean “principalmente conductuales y de carácter temporal, con baja probabilidad de daño auditivo permanente”.
Según una respuesta de la cartera a un pedido de informes realizado por el diputado colorado Horacio de Brum, a la que accedió El País, parte de la evaluación de impacto de las prospecciones, que implican usar ondas sonoras de baja frecuencia para detectar posibles yacimientos de petróleo, incluyó “estimar si la exposición al ruido sísmico podría generar efectos significativos” en la fauna.
Así, puntualiza que “la evidencia científica internacional disponible” y “las medidas de mitigación implementadas” permitirán “reducir el riesgo a niveles considerados aceptables”. En ese sentido, “se consideró en la evaluación el comportamiento migratorio de mamíferos marinos, tortugas y pingüinos, así como la distribución y épocas de reproducción de la merluza, lo que resultó en la restricción a que la actividad se desarrolle únicamente en la época del año de menor solapamiento con la presencia y comportamiento de estos grupos”.
Ambiente recuerda que, frente al “impacto acumulativo” de la actividad, se limitó la operativa en un período de seis meses —de noviembre a abril— para evitar épocas de mayor reproducción y presencia de especies, y “se impusieron condiciones de no poder prospectar en la misma área por un lapso de cinco años y distancia mínima de 100 kilómetros entre buques en operación simultánea en áreas adyacentes”.
La distancia mínima se establece así porque “los niveles de ruido a los que se espera efectos comportamentales para mamíferos marinos” llegan hasta una distancia de 50 kilómetros, y se eligió “precautoriamente” duplicar la mínima, además “asegurando un espacio como corredor para desplazamiento de la fauna”.
Otro dato que brinda la cartera es que los observadores de fauna marina que realizaron la evaluación “son contratados por la empresa, de la misma manera que en demás países”, pero las autoridades exigieron y controlaron que “los profesionales contratados fueran independientes” y “tuvieran experiencia en la actividad”.
Organizaciones ambientales y civiles han cuestionado en repetidas ocasiones los riesgos de las prospecciones sísmicas para los animales marinos. Concretamente, en marzo, durante la primera fase, se pidió suspenderla luego de que aparecieran ballenas muertas. En cuanto a este tipo de mamíferos (cetáceos), se dispuso una “distancia de exclusión” de un kilómetro para las empresas, de modo de evitar su “afectación permanente”.
Incluso, el ministerio señala que en “antecedentes” de actividad sísmica se presentaron “evidencias cuantitativas sobre que, desde 2012 a 2017, a pesar de haber desarrollado actividad sísmica en un área similar a la que se está formulando para los proyectos de mayor magnitud, se continuó teniendo avistamientos de ballenas en la zona costera”.
“Los avistamientos y el turismo asociado a los mismos, ha continuado hasta el presente, luego de años de prospección sísmica, lo que evidencia que la actividad no ha tenido efecto sobre la presencia de cetáceos en nuestras costas. Estos antecedentes sugieren que la actividad sísmica desarrollada en el período analizado no habría afectado la presencia de cetáceos en las costas uruguayas ni el desarrollo del turismo asociado”, sostiene.
Ambiente defiende que “la evaluación de impacto ambiental se ajusta estrictamente al diseño y alcance del proyecto presentado”, y aclara que no se evaluaron “alternativas tecnológicas o metodológicas” dentro del estudio. Por otro lado, descarta realizar un “análisis costo-beneficio ambiental y económico de largo plazo”, ya que ello corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y al Poder Ejecutivo.
En diálogo con El País, el diputado De Brum sostuvo que “la existencia de medidas de mitigación no significa que todas las dudas sobre los riesgos ambientales estén despejadas”.
Asimismo, una de las principales críticas es sobre la “independencia de los controles”, pues “resulta legítimo preguntarse si un sistema, en el que la empresa controlada contrata a quienes realizan parte del monitoreo, ofrece todas las garantías de independencia que una actividad de esta naturaleza requiere”.
Por mediados de mayo, la Justicia no dio lugar a un recurso de amparo promovido por ambientalistas, organizaciones vinculadas a la pesca y particulares, quienes reclamaban la suspensión de las tareas de exploración sísmica hasta que se acreditara el cumplimiento de una serie de requisitos ambientales y de prevención.
Entre otros puntos, cuestionaban la ausencia de monitoreos acústicos previos, la insuficiencia de las medidas de mitigación y el posible impacto sobre cetáceos, tortugas, peces y otros organismos marinos que dependen del sonido y las vibraciones para sus funciones vitales.
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