Redacción El País
Los últimos días, en cuanto al relacionamiento con Argentina, han sido movidos para el gobierno del presidente Lacalle Pou, porque más allá del correcto vínculo bilateral con la administración de Alberto Fernández, la crisis del agua que atraviesa Montevideo y zonas aledañas, más determinados eventos económicos que impactan negativamente del otro lado del Río de la Plata, han generado un ida y vuelta de declaraciones que no han caído bien en la Torre Ejecutiva.

A las ya famosas declaraciones de Fernández el nueve de julio pasado -cuando afirmó que en la capital uruguaya no salía agua de la canilla-, siguieron otras recientes, de esta semana, en las que fue algo más preciso sobre los efectos de la sequía en la zona metropolitana de Uruguay, pero aún así alejado de la realidad. “El agua que ofrecen es salada -dijo-, no sirve para el consumo”, pese a que los valores de sodio y cloruro están por debajo del máximo fijado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) desde hace días.

Y en las últimas horas se sumó otra opinión negativa respecto a Uruguay -esta vez de parte del ministro de Economía, Sergio Massa- y una decisión tributaria -el aumento del Impuesto PAÍS que grava la adquisición de divisas para ser gastadas en el exterior, según consignó ayer Búsqueda- que desestimula las exportaciones uruguayas y la llegada de turismo argentino, todo lo cual genera panorama que a esta altura es definido como de “preocupación” en el gobierno de Luis Lacalle Pou, señalaron a El País fuentes oficiales.

Lo que dijo Massa fue que había identificado “empresas fantasmas” radicadas en zonas francas de este país, que le hacen “trampa al Estado argentino” para importar bienes de China con el fin de acceder a dólares, lo que incluso generó una réplica de parte del sector empresarial uruguayo. Por ejemplo, Enrique Buero, presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, dijo que las empresas del rubro están “muy involucradas” con “el régimen de zonas francas”, que a su vez están “muy conformes”, y reivindicó “el trabajo que se hace en materia de control”, lo que le ha otorgado reconocimiento en organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Pero lo que más inquieta al gobierno son las repercusiones negativas que estos mensajes, junto con el aumento impositivo, puede tener en el turismo argentino, así como en el intercambio comercial.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, señaló a El País que la actividad económica que hay en las zonas francas uruguayas “no puede afectar en nada a Argentina porque las zonas francas son consideradas, en el Mercosur, como terceros países”. “Y por otro lado -agregó el secretario de Estado colorado- las reiteradas declaraciones sobre la situación del agua ya han generado cancelaciones de reservas turísticas de argentinos que tienen dudas” sobre la provisión del servicio de OSE.

Fueron cancelaciones que se dieron en Colonia y Salto, recordó Viera, pero como consecuencia directa de los primeros dichos de Fernández. “No ha sido la primera vez, lamentablemente, porque cuando se acercan las temporadas turísticas siempre surgen voces, a veces periodísticas o de representantes del gobierno, que buscan asustar sobre Uruguay”, dijo también Viera, y agregó: “No quiero adjudicar intenciones del gobierno argentino pero llama poderosamente la atención y nos duele mucho”.

En compensación, añadió, su cartera apuesta al efecto positivo que se producirá durante la Feria Internacional de Turismo que se hará en setiembre en Buenos Aires, y el lanzamiento de la temporada veraniega que hará la secretaría de Estado en la capital argentina, instancias en las que se destacará “la calidad de la oferta turística y de servicios, incluyendo el del agua” que suele ofrecer Uruguay, concluyó el ministro.