Caso Caranchos: Justicia condena a un empresario, una auxiliar de enfermería y a un policía, que irá a prisión

El juzgado de crimen organizado de 2° Turno condenó este viernes a un policía y a dos civiles en el dominado “Caso Caranchos” por el que se desarticuló una red que captaba víctimas de accidentes de tránsito para tramitar indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).

Los tres implicados llegaron a acuerdos abreviados y fueron encontrados culpables de los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada.

El policía fue penado con tres años de penitenciaría, una multa de 50 UR ($97.347,50) y dos años de inhabilitación para ejercer el cargo.

Según la Fiscalía, su rol en la red era ser “captador”, es decir que actuaba como intermediario entre las personas que conseguían información sobre víctimas de accidentes de tránsito, y los abogados que las buscaban como clientes.

El policía condenado este viernes estaba asociado a un abogado ya imputado en la causa y que recibía de otros colegas suyos la información sobre accidentes de tránsito.

A cambio de pasar esos datos a los letrado especialistas en accidentes de tránsito, recibía un pago. De ahí que fue condenado por cohecho, delito que se configura cuando un funcionario público recibe o acepta dinero, a cambio de realizar, omitir o modificar un acto relacionado con sus funciones.

Los otros dos condenados este viernes son un empresario y una auxiliar de enfermería. A los dos se les impuso una pena de 24 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba. De ese lapso, los primeros 18 meses se cumplirán con arresto domiciliario total.

Según la Fiscalía, estas dos personas tenían el rol de “informantes” de un grupo integrado principalmente por otros policías, enfermeros o inspectores de tránsito.

Su función consistía en pasar datos reservados sobre las víctimas de accidentes de tránsito a los captadores, quienes posteriormente contactaban a las víctimas o sus familiares para ofrecerles los servicios de determinados abogados y gestionaban indemnizaciones del SOA.

Los informantes accedían a información de los siniestros y también nombres, teléfonos, direcciones y circunstancias de los accidentes, y la entregaban a intermediarios, a cambio de dinero.

Estos informantes obtenían datos privilegiados por sus nexos con policías. De hecho, la auxiliar de limpieza es pareja de uno ya imputado.

Por la causa ya se formalizaron investigaciones contra 23 personas. De ellas 21 ya tienen condena y dos están imputadas con medidas cautelares.

La red estaba liderada por lo que la Fiscalía denomina “promotores”, principalmente abogados, que recibían los casos y gestionaban los reclamos de indemnización. Los integrantes de este grupo ya están todos condenados. Ellos eran los destinatarios finales de los casos captados, quienes pagaban por la información pero a la vez obtenían beneficios económicos mediante la tramitación de las indemnizaciones.

El abogado Joaquín Abal, representante legal de dos de los condenados, contó el viernes 4 de setiembre en Informativo Sarandí (AM 690) que la trama consistía en "un esquema piramidal de captación" de clientes que sufrieron siniestros de tránsito para eventualmente quedarse con un "elevadísimo porcentaje" de lo que a esas personas les correspondía por el cobro de la póliza que establece el seguro obligatorio de automotores (SOA).

"Esto funciona con un promotor en la cúspide; en el medio de la pirámide tenemos al brazo ejecutor que son los gestores; y en la base quienes acceden a la información privilegiada, los informantes, funcionarios públicos de diferentes entidades, policías, choferes de ambulancias, enfermeros, inspectores de tránsito, que accedían a la información a través del acceso al sistema de gestión de seguridad pública y la elevaban a los gestores que se encargaban de colocar los casos", expresó.

El abogado informó que la causa llegó a Fiscalía porque empezaron las "denuncias cruzadas" entre los "cabecillas" de las pirámides, quienes tenían "problemas entre ellos por la captación" de clientes, es decir, por cómo se distribuían los casos.

A partir de allí se empezó a investigar esta maniobra que era ilícita desde el momento en que se les pagaba a funcionarios públicos para que divulgaran información a la que se accede a través de un sistema que es cerrado, lo que permite captar clientes.

Así se llegaba a personas que estaban en una "situación extremadamente vulnerable" tras haber perdido a un ser querido o en medio de una internación en un hospital. Abal agregó que la Fiscalía logró demostrar que algunos involucrados hacían de esta maniobra un "medio de vida".