Con propuesta que propiciaría la salida de Ferrero del cargo, Cabildo pretende que el Parlamento acuerde sucesor

Mientras la Cámara de Representantes está enfocada en el tratamiento de la Rendición de Cuentas, una propuesta de Cabildo Abierto presentada en las últimas horas generó sorpresa en filas del oficialismo y la oposición, y volvió a poner sobre la mesa el nombre de Mónica Ferrero y el futuro de la conducción de la Fiscalía General de la Nación, tema de debate entre el Frente Amplio y blancos y colorados desde la asunción del gobierno de Yamandú Orsi.

Lo conocido hasta este miércoles 8 de julio era que la exfiscal de drogas contaba con el absoluto respaldo de la coalición republicana —este apoyo quedó simbolizado en una conferencia de prensa a mediados de marzo pasado en la que estuvieron presentes legisladores de todos los partidos de esta alianza— y que el gobierno del Frente Amplio, disconforme desde un inicio con el trabajo de Ferrero en la Fiscalía, había buscado con insistencia un nombre para sustituirla y que reuniera un consenso más que amplio, ya que para la elección de un titular de ese cargo la Constitución exige una mayoría de tres quintos del Senado —es decir, el voto de 19 legisladores.

Pero el diputado Álvaro Perrone, uno de los dos representantes que tiene Cabildo Abierto en el Parlamento, presentó en Diputados una iniciativa, divulgada ayer por El País, que tiene el potencial de dar vuelta el escenario, porque propone cambiar el mecanismo de designación del fiscal adjunto de Corte —que es la condición con la que Ferrero ejerce su función desde inicios de 2024.

“La iniciativa —dice el proyecto— pretende resolver una incoherencia en el régimen vigente, por el que el titular del cargo tiene un plazo legalmente establecido para permanecer en el mismo, mientras que el subrogante carece del mismo, en tanto puede mantenerse de forma indebida, sin que se prevea un mecanismo que impulse la regularización del cargo".

Lo que ahora los legisladores discutirán, y que es el corazón de la propuesta firmada por Perrone, es que “la subrogación del fiscal adjunto de Corte por razones de licencia, vacancia temporal o definitiva" pase a ser "ejercida por un fiscal penal de Montevideo que se encuentre prestando funciones en el sistema acusatorio designado por sorteo público y será rotativa cada seis meses", y no por el fiscal penal más antiguo de la capital, sistema que se impuso durante el período pasado, luego de un cambio normativo que comenzó a regir en 2022 y que terminó propiciando poco después el ascenso de la conocida fiscal de drogas.

"Antes de los quince días de que se produzca el vencimiento de dicho plazo —continúa la iniciativa de Cabildo—, se realizará un nuevo sorteo entre los fiscales penales de Montevideo que se encuentren prestando funciones en el sistema acusatorio, excluyendo al subrogante saliente, hasta tanto todos hayan ejercido la subrogación, momento en que el sorteo incluirá nuevamente a todos los fiscales habilitados. Igual procedimiento —agrega— se realizará en caso de impedimento superviniente del subrogante que haya asumido como fiscal adjunto, antes de los seis meses del plazo establecido".

Perrone dialogó sobre esta propuesta con compañeros de bancada de la oposición, pero de todas formas su difusión pública generó incomodidad en la interna de la coalición republicana, renuentes ante la posibilidad de que el abroquelado respaldo dado a Ferrero termine en la nada con el cambio del sistema, señalaron a El País varias fuentes parlamentarias.

En los diálogos que continuaron a lo largo de la jornada de este miércoles, sin embargo, Perrone transmitió que su objetivo no es que este proyecto —que es muy similar a uno que presentó semanas atrás el sector frenteamplista de La Vertiente Artiguista— se trate con prioridad y "celeridad", sino llevar al sistema político a reactivar las conversaciones para designar, por fin y como no ocurre desde 2012, a un fiscal de Corte titular. Y que no estaba dispuesto tampoco a que su iniciativa sea aprobada por una exigua mayoría en Diputados.

En este marco, y en función de "conversaciones de pasillo" que Perrone tuvo en el Parlamento, hay un nombre que este diputado visualizó que podría reunir un apoyo mayoritario y que cree que podría ser un candidato a zanjar las estancadas negociaciones: el de Enrique Rodríguez, hoy fiscal titular de Lavado de Activos.

Según consultas realizadas en filas del gobierno y el oficialismo por El País, este funcionario es "uno de los nombres" que han sido propuestos informalmente por el Poder Ejecutivo, y algunos dirigentes de la oposición están dispuestos a analizarlo, aunque otros varios no están de momento abiertos siquiera como para sentarse a dialogar sobre este tema.

Este es asunto más que sensible entre nacionalistas y colorados, que en estos últimos meses no han escatimado en elogios a Ferrero y su trayectoria como dura fiscal contra los narcotraficantes. Pero también lo es porque ya han sido varios los desencuentros Cabildo Abierto, su socio durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y ahora parece producirse un nuevo cortocircuito.

Por eso la reacción de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, ayer por la tarde en X, al intimar al líder de los cabildantes que dé su opinión sobre este tema: "Punto final —posteó—: como integrante de la Coalición Republicana y ferviente coalicionista, hay que exigirle a Guido Manini Ríos que se pronuncie si respalda o no la conducta de Álvaro Perrone. Ya está cayendo demasiado bajo y nada menos con la Fiscal Ferrero. Pasó todos los límites".

En la respuesta que dio Perrone en esa red social —y que volvería a ser respondido por Bianchi, ya en un tono más alto—, quedó claro su objetivo declarado: que los senadores se sienten "a negociar, (y) cumplan con el diálogo que prometieron en campaña". Sobre la pertenencia política de Cabildo Abierto, el diputado también fue claro: "Por si no sabías, nosotros no integramos la Coalición (desde) hace mucho".

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez fue más cauto que Bianchi, pero también se distanció de Perrone. En declaraciones a El País, consideró que la propuesta del cabildante no hacía más que sumarse "a una larga lista de antecedentes que lo que hace es seguir manoseando el nombre de una profesional intachable y que ha demostrado ser una gran fiscal, al punto tal de haber recibido un atentado en su contra".

Enterados de esta propuesta, fuentes del Poder Ejecutivo señalaron a El País que valoraban que ella genera una consecuencia bien concreta, en línea con la intención manifestada por Perrone: "Obliga a negociar" a la oposición. O sea, que puede mover el tablero.

En filas del Frente Amplio la reacción fue, lisa y llanamente, de "sorpresa", dijo el diputado Joaquín Garlo, vocero en este asunto.

"Nuestra tónica y tesitura es recorrer el camino del diálogo para poder lograr la designación de un fiscal de Corte titular", se limitó a afirmar el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) e integrante de la comisión de Constitución y Legislación de la cámara baja.

El diálogo, agregó en conversación con El País, es lo que ha imperado en el Parlamento en los últimos días, con la designación por consenso de Álvaro França como ministro de la Suprema Corte de Justicia o de Edgardo Ettlin como ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hacía varios años que acuerdos de este tipo no se generaban en el Parlamento, puntualizó Garlo. "Son señales positivas —concluyó—. Y, en este caso, nuestra intención es que también prospere el intercambio y la construcción de acuerdos".