Vertiente Artiguista propone cambiar criterio por el que llegó Mónica Ferrero a ser fiscal de Corte

En una declaración divulgada este domingo, la Vertiente Artiguista manifestó su “preocupación por la situación de la Fiscalía General de la Nación”, que desde la renuncia al cargo de fiscal de Corte del actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el sistema político no ha logrado alcanzar un consenso para nombrar a quien lidere el Ministerio Público.

Desde el sector, al que pertenecen el senador Eduardo Brenta y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se propuso al Poder Ejecutivo y al Legislativo que adecuen el marco legal vigente restableciendo “criterios imparciales y aleatorios” para la designación del fiscal general interino —es decir, el subrogante ante la falta de acuerdo para designar un fiscal de Corte por consenso— en los términos que establece el artículo 59 de la ley 19.483, de la Fiscalía General de la Nación.

Según Brenta, la propuesta busca destrabar las negociaciones para lograr la designación de un fiscal de Corte, pero en caso de que eso no sea posible se busca modificar el mecanismo por el que asumió el cargo Mónica Ferrero, a partir de un cambio que se hizo en la Rendición de Cuentas votada en 2022.

“En el caso concreto de la Fiscalía es el lugar que nos preocupa sobre todo después del traslado de un fiscal que tenía causas muy importantes como República Ganadera, la destrucción de un documento en el piso 11 de Torre Ejecutiva y Cardama. En 2022 se votó un cambio en el mecanismo de elección del fiscal subrogante en el que se estableció que sería designada la fiscal más antigua en lo penal. Esto significaba en ese momento claramente que se estaba eligiendo a Ferrero, al derogarse el mecanismo anterior”, dijo en rueda de prensa el senador.

En ese momento, el Frente Amplio planteó su molestia, en particular el exsenador Charles Carrera que dijo que la interpretación de la normativa tenía “nombre y apellido”. “¿Por qué no decimos cómo son las cosas? Si decimos que corresponde a los fiscales penales de Montevideo, estamos diciendo que corresponde a la doctora Mónica Ferrero”, cuestionó.

En alusión a lo propuesto, Brenta agregó en diálogo con El País que la preocupación de su sector es “más genérica” y que el objetivo también se vincula a varias vacantes que se van a generar en organismos como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y otras instituciones de contralor, para los que no se han encontrado acuerdos.

En concreto, el planteo —es que se vuelva a aplicar la normativa— de que en caso de vacancia temporal o definitiva del fiscal subrogante se vuelva a utilizar el mismo mecanismo que existía hasta 2022, que establecía la elección a partir de un sorteo entre los fiscales penales de Montevideo.

En 2022, la primera propuesta —surgida desde la Fiscalía— planteaba que a Gómez se le permitiera elegir un sustituto en caso de ausencia prolongada, bajo determinadas condiciones. Sin embargo, durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, el oficialismo terminó aprobando una redacción distinta, según la cual la subrogación recaería en el fiscal de Montevideo con mayor antigüedad.

El tema no quedó zanjado allí. Posteriormente, la Cámara de Senadores introdujo una nueva modificación y estableció que el mando sería ejercido eventualmente por el fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad, cargo que ya entonces ocupaba Ferrero.

Un caso diferente es el de la designación del fiscal de Corte, que según establece la Constitución de la República en su artículo 168 se requiere de tres quintos de los votos (19) del total de los componentes del Senado para su designación.

Por tanto, la propuesta de la Vertiente en concreto plantea cambios para un escenario incluso a futuro en que no haya acuerdo o los votos suficientes para la designación de un fiscal de Corte titular, como parece hasta el momento no haber desde el punto de vista político.