La fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, está definitivamente en el centro de mira del gobierno de Yamandú Orsi y del Frente Amplio. No es la figura que el oficialismo ha elegido para que lidere el Ministerio Público —la bancada de izquierda sigue pretendiendo encontrar un nombre de consenso para sustituirla—, y, de hecho, desde hace tiempo viene marcando críticas directas a algunas decisiones importantes que la jerarca ha tomado en la interna del organismo.
La última definición institucional, que Ferrero adoptó sabiendo que los cuestionamientos iban a arreciar, tuvo que ver con el nuevo destino —asumido a partir de este martes 19— de Alejandro Machado, quien abandonó la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno para pasar a ocupar la recién creada Fiscalía de Cibercrimen.
Como informó El País este fin de semana, Ferrero decidió este cambio en función del interés mostrado por Machado de dejar la anterior Fiscalía —en donde estaba a cargo, entre otras pesadas investigaciones, del caso Cardama, las eventuales irregularidades de la compra de la estancia de María Dolores y la causa que indaga la presunta destrucción de un documento público en la Torre Ejecutiva del gobierno de Luis Lacalle Pou— y porque al mismo tiempo comenzó a prepararse en la materia de los ciberdelitos, lo que incluyó cursos en Washington. "Machado tiene condiciones y aptitudes", dijeron a El País fuentes del entorno de Ferrero.
El Frente Amplio reaccionó sin demora a esta noticia, con críticas que comenzaron la semana pasada —cuando Ferrero, además, asistió al Parlamento para fustigar los cambios que el gobierno quiere hacer al Código del Proceso Penal— y continuaron este martes.
"Es raro cómo se dio y por qué se dio, y todavía no hemos tenido muchas explicaciones de parte de la Fiscalía", dijo en las últimas horas el senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, que recordó además una declaración pública de Lacalle Pou de fines de 2022, en la que cuestionaba que el entonces fiscal general Juan Gómez definiera trasladar a la fiscal titular del caso Astesiano. Pero Caggiani agregó que el Frente Amplio espera ahora conocer "a quién designa" Ferrero en lugar de Machado, y "cuáles son los fundamentos", porque en ese destino bien podría haber sido asignado el fiscal Ricardo Lackner, que en los últimos años lideró la Unidad de Cibercriminalidad, eliminada semanas atrás.
El plan de Ferrero para la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno es que pase a ser liderada por Diego Pérez, una figura que despierta un amplio rechazo en la Torre Ejecutiva, y que genera preocupación en la bancada oficialista, pues no lo consideran ecuánime desde un punto de vista política, y además recuerdan un informe que el funcionario elaboró en julio de 2022 —en el marco de un recurso de revocación y anulación interpuesto ante Presidencia—, que estaba dirigido al entonces prosecretario Rodrigo Ferrés, y en el que se refería a determinadas afinidades y cercanías que colegas dentro de la institución podían tener con el exfiscal de Corte Jorge Díaz, actual prosecretario.
"Estamos expectantes" a que se confirme esa asignación, dijo una fuente de la bancada frenteamplista. "Y en función de eso" se analizará qué medida parlamentaria se promoverá.
Sea como fuere, está claro para el Frente Amplio que "lo primero" que debería volver a discutir el Parlamento en relación a este asunto es la conducción definitiva del Ministerio Público. "(Hay que) elegir a una nueva fiscal con todos los votos necesarios, pero bueno, la oposición lo ha trancado", afirmó Caggiani, en referencia a la definición política de la coalición de marzo de este año de respaldar a Ferrero y negar la mayoría necesaria en el Senado para designar a un fiscal de Corte titular. "Lo han trancado y uno se preguntaba por qué y bueno... ahora capaz que uno se está dando cuenta por qué; esperemos que no sea por eso", deslizó.
La senadora oficialista Liliam Kechichian remarcó que a la izquierda toda esta situación le resultaba "muy preocupante". En declaraciones a La Diaria Radio, subrayó que esa preocupación respondía a que no se tuvo en cuenta a Lackner para ocupar la nueva Fiscalía, en atención a que este funcionario venía "trabajando hace mucho tiempo" en la investigación de los ciberdelitos, así como "formándose" en el tema y "viajando al exterior". "Lo primero que nos preocupa es desperdiciar a un fiscal como Lackner que se ha preparado todo este tiempo", insistió la legisladora, que agregó que también veía "inexplicable" que el traslado se resolviera "antes de que se cierren dos temas de envergadura", como las causas de Cardama y la referida a la "destrucción de documentos".
En defensa de la definición de Ferrero, al momento, se han expresado los senadores colorados Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, y la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Todos apuntaron a la autonomía técnica y funcional que tiene por ley la jerarca para tomar una definición como esta.
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