Reforma del CPP: Fiscalía pidió al Senado cambios en articulado e incremento presupuestal para poder aplicarla

En la cámara alta se discuten los cambios que propusieron desde el Poder Ejecutivo para el Código del Proceso Penal.

Mónica Ferrero.
Mónica Ferrero.
Foto: Leonardo Mainé.

La Cámara de Senadores estudia la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. En ese marco, este martes se dio una visita clave: la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, concurrió a la comisión con su equipo para plantear los cambios que pretenden que se hagan y marcar la necesidad de mayor presupuesto para, eventualmente, poder aplicarla.

Esta es una de las tantas asistencias previstas por los legisladores para poder estudiar el articulado y, eventualmente, hacerle cambios. El proyecto aún tiene un extenso camino por delante ya que, luego del Senado, deberá ser tratado por la Cámara de Representantes donde, como ya es sabido, el Frente Amplio no tiene mayorías.

La Fiscalía formó parte del grupo asesor de técnicos que consensuó el proyecto de ley. Pero la institución no está de acuerdo con algunas partes del articulado. Por lo tanto, manteniéndose esa línea, se volvieron a plantear las diferencias, en esta oportunidad, a los senadores que tienen el poder de cambiar el texto.

Entre los pedidos de Fiscalía se pidió que no se acorten los plazos que tienen los fiscales para investigar antes y después de la formalización de los casos. Sobre todo, por la particularidad que conllevan algunas investigaciones, como aquellas que involucran prostitución y redes de explotación.

Esto porque, además, en la discusión sobre la reforma, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay reclamó acortar los plazos.

Otra solicitud del Poder Ejecutivo refiere a modificar el artículo 61, por el que hoy la Policía puede tomarle declaraciones a una persona que está indagada. Desde el gobierno, se pide sumar especificaciones como, por ejemplo, cómo debe ser la lectura de derechos y que, entre varias cosas, debe recordar el "derecho a ser tratado como inocente mientras no se establezca su responsabilidad". Sin embargo, la Fiscalía pidió en el Senado que se mantenga como está hoy en día.

Pero también, según contó el senador colorado Andrés Ojeda, Ferrero reclamó que no se aprueben cambios en el Código de Proceso Penal “sin votarle un presupuesto acorde a la Fiscalía”.

“A veces siento que tenemos una casa en construcción a la que le falta una pared y parte del techo y estamos discutiendo qué cuadro le vamos a poner”, indicó el colorado, y añadió que, desde su perspectiva, el ministerio público aún tiene “problemas estructurales para resolver”.

A su vez, el equipo de Fiscalía —según relató Ojeda— dio de ejemplo en la comisión del Senado que a veces se demora seis meses o más es asignar un fiscal a un caso. En esa línea, el legislador consideró que es un problema “estrictamente presupuestal” y “no es mala voluntad de la Fiscalía”. A lo que sumó: “Si se le va a pedir mayor eficiencia en menor plazo, se le tiene que dar más dinero”.

"Se revisarán las necesidades pero estamos en otra etapa”

Del Frente Amplio, la senadora Patricia Kramer aseguró que se trata de un “proyecto con muchísimos consensos en el que se trabajó durante mucho tiempo y en profundidad”. En tanto, del Presupuesto aseguró que es un tema que resolverán en la Rendición de Cuentas. Y continuó: “Se entiende que el CPP claramente necesita recursos para llevar adelante las modificaciones en tiempo y forma. Se revisarán las necesidades pero todavía estamos en otra etapa”. 

También contó que Ferrero “agradeció” en la comisión del Senado “los esfuerzos” que se hicieron en el Presupuesto. En esa línea, recordó que durante este periodo legislativo se votó la escuela de fiscales, “que hace a una modificación cualitativa de los procesos y de la Justicia”.

El proyecto de ley que se estudia en el Parlamento, primero en el Senado y después vendrán los diputados, lo elaboró el Grupo Asesor Técnico. Este lo integró la Prosecretaría de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura y la Fiscalía General de la Nación.

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