Comunicado del Suinau sobre el fallo de la Justicia para las adolescentes que agredieron a Valeria Ripoll

El Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU e Inisa (Suinau) emitió un comunicado expresando su postura ante el fallo de la Justicia, que dispuso la formalización de tres adolescentes residentes de un hogar del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por agredir a Valeria Ripoll y su hija en la puerta de su casa.

La Justicia dispuso que las tres adolescentes fueran internadas en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un plazo de 30 días desde que fueron detenidas, como medida cautelar mientras que avanza hacia la eventual condena. La disposición se hizo valorando "la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos", señaló Fiscalía.

El comunicado del consejo directivo de Suinau comienza afirmando que "la privación de libertad no puede ser la respuesta ante la falta de protección" y pidió "un abordaje integral y con perspectiva de derechos". Previamente, Claudia Romero y Mauricio Fuentes, presidenta y vicepresidente del INAU, habían calificado como "una muy triste noticia" el dictamen judicial emitido el pasado jueves.

En el primer punto, Suinau afirma su "más absoluto e incondicional respeto a los derechos de las víctimas y de las personas que resultan afectadas por situaciones de violencia", y aclara que "en ningún caso nuestras consideraciones buscan minimizar el daño ocasionado ni desconocer las legítimas garantía de amparo y justicia que el Estado tiene la obligación insoslayable de brindarles".

En segundo orden, el comunicado continúa: "Expresamos nuestra más honda preocupación ante la imposición del encierro punitivo en el Inisa como medida cautelar para adolescentes de tan corta edad (14 y 15 años)", citando a la convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37) y "los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país", que "mandatan taxativamente que la privación de libertad debe aplicarse exclusivamente como medida de último recurso (última ratio) y por el tiempo más breve posible". Además afirma que "existen medios y medidas cautelares alternativas y no privativas idóneas para salvaguardar eventuales riesgos procesales, sin que resulte admisible apelar al encierro de manera automática".

El comunicado de Suinau además afirma: "Nos resulta alarmante que en estas decisiones no se ponderen las trayectorias de vida, las vulnerabilidades preexistentes, las situaciones de trauma y el contexto de extrema desprotección en el que se encuentran estas adolescentes. Quienes hoy son recluidas son las mismas gurisas a las que el sistema de protección no logró brindar a tiempo las condiciones de amparo que requerían. Resulta una contradicción inaceptable que el Estado descargue el peso del aparato punitivo justamente allí donde primero claudicó en su deber primario de protección y cuidado".

El sindicato además denuncia que los funcionarios del INAU y el Inisa realizan sus tareas cotidianas "en condiciones de severa precariedad, falta de personal y ausencia de recursos especializados". En ese contexto, afirman que "la institucionalización permanente y el encierro no educan, ni reparan", y que "para las infancias y adolescencias en situación de mayor vulnerabilidad, la respuesta jamás puede reducirse a pasar de un dispositivo de amparo a un centro de reclusión adolescente, profundizando la estigmatización y la desigualdad".

Los trabajadores del INAU e Inisa además exigen al Estado "respuestas sustancialmente distintas" marcadas en tratados internacionales y la legislación nacional, como "dispositivos de salud mental oportunos, acompañamientos interdisciplinarios de cercanía y políticas sociales que atiendan las causas de fondo".

"La respuesta punitiva y de encierro sobre el eslabón más débil del entramado social no soluciona el problema de fondo y agrava la exclusión", sostiene el sindicato.

Por último, el comunicado concluye: "Hacemos un enérgico llamamiento a los operadores de justicia, a las autoridades institucionales y a los distintos actores del sistema político a asumir esta problemática con la máxima responsabilidad, sensibilidad social y apego a la legalidad constitucional e internacional, garantizando que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y el principio de no regresividad sean efectivamente el norte de toda intervención pública".

Foto: Suinau.

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y actual panelista de Esta boca es mía (Canal 12) fue víctima de una agresión el viernes 6 de noviembre en la puerta de su domicilio, ubicado en la zona de Agraciada y San Fructuoso. La dirigente terminó con un hematoma en el rostro luego de un altercado con adolescentes que residen en un hogar del INAU cercano a su vivienda.

El episodio se produjo luego de una serie de incidentes que, según denunció Ripoll, se repiten con frecuencia en el barrio y tienen como protagonistas a estas adolescentes.

A través de un comunicado emitido el día posterior, el Directorio del Partido Nacional expresó su "más enérgico repudio" ante la agresión. El partido reclamó explicaciones a las autoridades del INAU y pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los vecinos y la supervisión de las adolescentes que viven en un establecimiento cercano.

"Manifestamos nuestra plena solidaridad con Valeria y su familia ante estos hechos absolutamente inadmisibles", señaló el Directorio en el comunicado, fechado el 7 de noviembre.

El partido sostuvo que la gravedad de lo ocurrido se acentúa porque, según indicó, las situaciones de violencia ya habían sido denunciadas en reiteradas oportunidades, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para evitar nuevos episodios.

En ese sentido, reclamó al INAU una explicación sobre lo sucedido y la adopción inmediata de medidas que garanticen tanto la seguridad de los vecinos como la "adecuada atención y supervisión" de las adolescentes bajo su responsabilidad.

La declaración indicó que la protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que "no admiten omisiones ni dilaciones".