Coalición mantiene en la mira a Lustemberg por caso de la anestesista: piden poner el tema en investigadora

Tanto nacionalistas como colorados siguen estudiando el episodio en profundidad; Robert Silva, por ejemplo, señala que pese a señales de una eventual revisión de la decisión de bajar la pena, eso sería algo que "jurídicamente" no se puede revertir.

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MSP. La ministra Cristina Lustemberg apuesta a bajar los tiempos de espera un 50%; el gobierno no toma como válidos datos de mutualistas.
Foto: Estefania Leal / Archivo El País

Cristina Lustemberg ya se ha convertido en un imán de cuestionamientos de la oposición. Era una figura que, al comienzo del gobierno de Yamandú Orsi, no necesariamente integraba el conjunto de dirigentes y jerarcas a los que la coalición republicana apuntaban con insistencia —de hecho, tenía un fluido diálogo con referentes del Partido Nacional—. Pero de un tiempo a esta parte, y con especial énfasis desde que comenzó una reestructura del Ministerio de Salud Pública (MSP) semanas atrás, con algunas renuncias implicadas, Lustemberg inició una nueva etapa en su relacionamiento con el Parlamento, en donde fundamentalmente legisladores blancos y colorados están proyectando distintos escenarios políticos con la jerarca en el centro.

Algunos de estos tienen relación directa con el caso de la anestesista que fue condenada por la Justicia Penal, y sancionada administrativamente por el MSP, luego de cometer mala praxis en una operación de rutina a la que se sometió una pediatra de 41 años, en octubre de 2023, un procedimiento que terminó con la paciente en estado vegetativa —y muerta tras 10 meses en esa situación.

Hasta este 2026 había sido un episodio más de las tantas inhabilitaciones a médicos condenados que se producen todos los años. Sin embargo, Lustemberg resolvió en este caso que la pena que había recibido la anestesista, de cinco años sin poder ejercer como médica —tal y como había dispuesto la Comisión Honoraria de Salud Pública—, y aplicada por la cartera al filo del gobierno anterior, era excesiva. Y que en cambio debía de ser de tres años, siguiendo la recomendación del informe jurídico ministerial.

Esto motivó, en cadena, la renuncia de 11 de los 13 integrantes de esa comisión honoraria, todos ellos en absoluta disconformidad con la decisión de la ministra.

"No podemos creer lo que está sucediendo", escribió una médica que conformaba ese ámbito, en un mensaje de WhatsApp enviado a un numeroso grupo de colegas, y luego de recordar que su apartamiento tenía lugar tras cumplir 14 años como integrante de la Comisión Honoraria de Salud Pública. "Una pena profunda", lamentó también, en un mensaje cuya veracidad constató El País.

La ministra dio más de un mensaje político en sus últimas dos visitas al Parlamento —una en cada cámara—, en la primera quincena de este mes.

Cuando compareció el 6 de mayo ante la Comisión de Salud Pública del Senado, su respuesta ante esta polémica definición fue tajante: "Por ahora, asesorada, no voy a cambiar la decisión que tomé".

Una semana después, al comparecer ante la comisión del mismo tema pero de la Cámara de Representantes, la secretaria de Estado declaró en rueda de prensa que estaba "revisando todo el proceso", y además "evaluando cada una de las decisiones" implicadas en el caso. "Eso es lo que tengo hoy para decir, sabiendo que es una situación muy triste, desgraciada", precisó ante los periodistas.

Sin embargo, y para más críticas de la oposición, lo que no dijo Lustemberg a los diputados ese día era que su cartera no había respondido en plazo el traslado de la demanda que la anestesista presentó ante el juzgado de los Contencioso Administrativo de 1° Turno, en donde la profesional planteó la anulación total de la sanción, disconforme con la morigeración aplicada por el MSP. Y esto, según se desprende de lo establecido en el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo, pone a la Secretaría de Estado en una situación de seria desventaja argumentativa en el marco de este proceso judicial, como informó El País días atrás.

A la investigadora

Todo esto ha llevado a la coalición republicana a seguir el tema en profundidad, y analizar varias lineas de acciones parlamentarias.

Por un lado, los senadores nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy ya resolvieron que esperan convocar de nuevo a la jerarca en una sesión "extraordinaria" con fecha a definir, ya que Lustemberg se encuentra por estos días en un viaje oficial. En la última sesión de la comisión de la cámara alta, Lema expuso que la semana anterior, cuando la ministra ya había estado en la sala convocada por la oposición, no se pudo "desarrollar" muchos asuntos, producto de que la citada se tuvo que retirar para participar de una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

"A esto se suma que varios senadores entendimos que no fueron claras las explicaciones ni las respuestas que tienen que ver con una serie de renuncias, particularmente, de miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública”, dijo Lema a este respecto, y pidió entonces que, para “precisar respuestas” que entiende como “no satisfactorias”, se genere una “nueva instancia” para escuchar a la ministra.

Pero, en paralelo, los blancos definieron que plantearán en el pleno de la Cámara de Representantes que esta polémica sea incluida en la comisión investigadora que la oposición promueve sobre la gestión de ASSE desde 2015 a la fecha —es decir, incluyendo tanto administraciones frenteamplistas como la única nacionalista en ese período.

"El día que se haga la sesión en el plenario de Diputados para votar nuestra moción, que esperemos se haga antes del 1° de junio, pediremos que se incorporen estos hechos que ponen más oscuridad a la gestión de la ministra", dijo a El País el diputado denunciante, Federico Casaretto, que además criticó que Lustemberg "ocultara" en el Parlamento el fallo de la cartera ante la demanda que la anestesista cursó ante el TCA.

"La ministra —agregó el legislador del Partido Nacional— no está sólida en este tema, y además le ocurrió que los servicios jurídicos del MSP le tendieron una zancadilla y no le avisaron que no habían contestado a la demanda, porque no puedo creer que la ministra oculte una información así al Parlamento".

La "incertidumbre jurídica"

Al mismo tiempo, en filas del Partido Colorado el senador Robert Silva viene siguiendo con detenimiento este caso, quien está a la "expectativa" de la próxima exposición que hará Lustemberg ante los legisladores.

"A mí me llama la atención que la ministra haya dicho, y consta en actas, que 'por ahora, en función de los antecedentes' que tiene, mantenía la resolución. Pues esto genera toda una incertidumbre jurídica", dijo a El País el senador colorado. "Es muy raro pensar que un recurso jerárquico se pueda revertir", agregó.

Es, entonces, "jurídicamente complicado" que algo así ocurra, precisó el expresidente de ANEP. "Los recursos jerárquicos son respondidos en función de una competencia que la ministra tiene, y se le asignan en función de esa vía recursiva; ella —concluyó— no tiene competencia sancionatoria en este caso; la que la tiene es la Comisión Honoraria de Salud Pública".

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