Cardama pagó a EuroCommerce e intermedarias 200.000 euros por garantía falsa: claves de su denuncia en España

El caso Cardama es probablemente el episodio que mayor confrontación ha generado entre el oficialismo y la oposición a lo largo de estos meses. La causa ha derivado en varias causas judiciales a nivel nacional y en una demanda internacional.

En el centro del diferendo, y como una de las principales razones que llevaron al Poder Ejecutivo a rescindir el contrato con el astillero español en febrero de este año, luego de la conferencia de prensa realizada en octubre de 2025, estuvo la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama, que se corroboró era falsa y había sido emitida por una firma de papel: Eurocommerce.

A partir de esta constatación, mientras el gobierno —en particular, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz— ha apuntado contra Mario Cardama, propietario del astillero, el empresario —que desde hace meses optó por no realizar más declaraciones públicas— ha defendido su inocencia y sostenido que él también fue estafado. Díaz, en tanto, afirmó que “el Estado uruguayo fue engañado y el astillero participó del engaño, voluntaria o involuntariamente”.

Aunque Cardama había asegurado que tras lo ocurrido la empresa había decidido presentar una denuncia penal contra Eurocommerce, hasta el momento el contenido de dicha demanda no se había dado a conocer.

Sin embargo, El País accedió a los detalles del escrito presentado por el astillero español ante los tribunales de Vigo, que incluye, entre otros elementos, lo que el empresario español asegura haber pagado para constituir la garantía de fiel cumplimiento emitida por Eurocommerce por 4.113.500 euros. En total, surge del escrito, se pagaron 200.000 euros, si se incluye la renovación del aval (ver recuadro).

En la denuncia por “estafa”, los representantes legales de Cardama consignan que, con el objetivo de realizar las gestiones “pertinentes para la búsqueda de una entidad financiera que prestase la garantía al Ministerio de Defensa (MDN) y que negociase las condiciones exigidas”, el astillero contrató a Forum Europe S.L., “experta en intermediación financiera” —aunque la firma está registrada en España para la comercialización de frutas y hortalizas, además de vender pallets y derivados de madera.

Sobre este punto, se aclara que Forum subcontrató diversas gestiones con Star Allianz Consulting (unipersonal creada en 2024, según dio cuenta Búsqueda que adelantó parte del contenido de la demanda), aunque el interlocutor de Cardama —se asegura en la denuncia— en el proceso de contratación fue en todo momento la primera empresa.

“Después de realizar distintas gestiones Forum presentó a Eurocommerce como firma con entidad crediticia idónea para cumplir (con) las exigencias de afianzamiento que imponía el contrato con el MDN. Tras esto, el 15 de octubre de 2024 se formalizó un contrato entre Cardama y Forum, concretando las condiciones económicas del acuerdo”, añade el documento presentado en tribunales de Vigo en diciembre de 2025.

Según surge del relato, Cardama abonó a Eurocommerce 123.405 euros (el equivalente al 3% del valor del instrumento financiero), además de otros gastos no detallados. “Dicho importe cubre el costo definitivo por un año con posibilidad a ir renovando año a año hasta el 30 de marzo de 2028, con un costo por cada renovación anual de 34.965 euros”, sostiene la denuncia del astillero, que presentó documentación de transferencias bancarias realizadas a la empresa fantasma. En el caso de Forum, el pago por su servicio de intermediaria fue por 30.000 euros, dice el escrito.

Según Cardama, una vez constatada la ilegalidad del aval financiero y la imposibilidad de cobrarlo —así como la falta de actividad de Eurocommerce—, el gobierno “se puso en octubre en contacto para comunicarle que habían realizado gestiones para ejecutar la garantía, pero la presunta entidad financiera no tenía ningún representante ni domicilio” en Reino Unido. En la dirección que figuraba en la documentación funcionaba una inmobiliaria.

En reacción, Cardama remitió un correo electrónico el 25 de octubre de 2025 a Eurocommerce transmitiendo esta información y que la divulgación de estas noticias estaba causando grave perjuicio a la empresa, “dañando su imagen y generando desconfianza entre sus proveedores, lo que comprometía gravemente la construcción de los buques y hacía imposible ahora que fueran entregados en el plazo estipulado”.

Según el español, que solicitó a Eurocommerce que acredite su solvencia y que no se encontraba en fase de liquidación, obtuvo respuesta de la empresa “de papel” ese mismo día, pero sin la firma de ninguna persona física. En dicha contestación —se agrega—, se negó la insolvencia de la entidad, “aunque sin acreditar la vigencia de su inscripción en el registro correspondiente para continuar operando”.

El 7 de noviembre, Cardama volvió a comunicar vía mail a Eurocommerce la postura del gobierno uruguayo, instando a la empresa cuestionada a que aclarara la situación directamente con el beneficiario de la garantía: el MDN. Sin embargo, continúa el escrito, no hubo más respuesta por parte de Eurocommerce, que además nunca se comunicó con el gobierno uruguayo.

Es por estas razones que, en su denuncia y frente a las acusaciones que ha recibido, el dueño del astillero atribuye a los hechos denunciados los delitos de “estafa”, previsto en el artículo 248 y siguientes del Código Penal español, y de “falsedad documental”.

Las personas a investigar que sugiere son: Juan Carrasco Martínez (por Forum Europe), Alex Walsh (por Eurocommerce) y Nicolás Salmón (por Star Alliance Consulting). Se solicita que se investigue la vinculación y “el origen de las relaciones comerciales” entre las empresas mencionadas.

En línea con lo declarado por Mario Cardama a El País en entrevista brindada en octubre de 2025, la demanda afirma que el empresario gestionó en setiembre de ese año la extensión o prórroga de la garantía y que en ese caso lo hizo directamente con Star Alliance Consulting, en lugar de con Forum.

Pagó 43.460 euros por la renovación, según consta en la denuncia presentada —que adjunta correos electrónicos—, pero, como el propio empresario dijo a este medio, no recordó enviarlo: “Renové el aval, lo recibí, pero por razones que no vienen al caso me olvidé de enviarlo en ese momento. Lo envié más tarde”.

El gobierno, en tanto, informó que la renovación de la garantía, enviada una hora antes de la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025 también resultó ser falsa. Además de la acción judicial presentada por el Poder Ejecutivo, que investiga Fiscalía, la oposición también presentó hace una semana una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y dos de sus asesores por varios delitos (usurpación, abuso de funciones y revelación de secretos). El astillero, por su parte, se presentó ante el ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.