De denuncia reservada a liberación pública: el cambio de Presidencia ante la demanda internacional de Cardama

Frente a la negativa de Presidencia de la República a entregar al diputado del Partido Nacional Pablo Abdala el escrito presentado por el astillero Cardama ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), el legislador decidió, el 29 de mayo, presentar un pedido de acceso a la información pública para conocer su contenido. Sin embargo, el gobierno denegó la solicitud al declarar el documento como información reservada.

En respuesta, el blanco —una vez finalizada la comisión especial bicameral que investigó el proceso de compra de las patrulleras oceánicas y la rescisión del contrato— decidió recurrir a la Justicia y presentó el pasado jueves un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de 4° turno para obligar al gobierno a entregar la documentación.

Sin embargo, cuando el lunes debía celebrarse una audiencia para que las partes confrontaran sus alegatos, el gobierno “sorprendió” y evitó que el proceso judicial continuara. Para ello, presentó voluntariamente tanto la demanda de Cardama como la respuesta del Estado uruguayo, sin necesidad de que mediara una resolución del juez.

¿Por qué cambió la postura Presidencia en estos meses? Según surge del escrito presentado por el Poder Ejecutivo, en un principio la información fue clasificada como “reservada” para “preservar la mejor defensa del Estado uruguayo”. La negativa a entregar la documentación, respondió —argumentó el gobierno— a que todavía no se había iniciado un proceso que resultaba clave para resguardar los intereses del gobierno.

“El Ejecutivo clasificó como reservada toda información relativa a la solicitud de arbitraje que había recibido recientemente. La motivación, legítima de la Administración, no fue otra que preservar al Estado asegurando la mejor defensa jurídica en esta etapa. La divulgación de cualquier aspecto relacionado, antes de la contestación del plazo, podía llegar a afectar en algún sentido, la estabilidad financiera y económica del país. Sabido es lo costoso de estos procesos arbitrales aún en etapas iniciales”, fundamentó Presidencia sobre la negativa inicial.

Tras desarrollar este argumento, las representantes jurídicas esgrimieron que “el período de clasificación no resultó arbitrario”, sino que lo “justificaba la necesidad de la debida reserva previo a la contestación de la solicitud del arbitraje”.

“Al momento de responder dicha solicitud ante la CCI, acaeció la oportunidad procesal y a partir de entonces el Estado está en condiciones de desclasificarla y divulgarla”, se consignó en el escrito adjunto a la documentación.

En otro pasaje, el Ejecutivo sostuvo que divulgar la pretensión de Cardama podría haber generado un “aluvión de opiniones, consideraciones y especulaciones” que habría colocado al Estado en una "situación de desventaja" al momento de responder ante la Corte.

Eso, según se esgrime, habría “afectado el interés público”. El gobierno agregó que, una vez iniciado el arbitraje, el tribunal y las partes suelen acordar la confidencialidad del proceso, que queda establecida expresamente.

Para Abdala, esta actitud del gobierno de entregar lo pedido “allanó” el camino, evitando así que las partes tuviesen que controvertir posiciones.

“Cuando una parte reclama y demanda determinada cosa y la otra la concede es un allanamiento. El gobierno dice que ahora se da la oportunidad procesal, pero entiendo que modificó el criterio porque había declarado la reserva de todo el arbitraje, incluidas actuaciones futuras. Evidentemente cambió de tesitura y a mi juicio lo hizo porque advirtió que se exponía en esta instancia judicial a una sentencia desfavorable”, valoró Abdala.