Según Mario Cardama, Jorge Díaz y Sandra Lazo le ofrecieron a Gonzalo Fernández que se modifique el contrato

Mario Cardama, el propietario del astillero español que ha causado focos de tensión y división entre gobierno y oposición luego de que el Estado uruguayo resolviera rescindir el contrato por la construcción de las dos patrullas oceánicas, respondió a la comisión especial del Parlamento conformada para investigar el proceso de compra de las OPV.

En el documento de 20 páginas, al que accedió El País, el empresario se refirió al rol que cumplió el excanciller Gonzalo Fernández y aseguró que el gobierno uruguayo le planteó la posibilidad de modificar el contrato cuando el también exministro de Defensa ofició de mediador, tras constarse que la garantía de fiel cumplimiento era falsa.

Fernández mantuvo en primera instancia una entrevista con el presidente de la República, Yamandú Orsi y el director de la Oficina de Servicio Civil, Sergio Pérez.

Según la versión de Cardama, en una segunda reunión el penalista ofreció verbalmente tres alternativas para la sustitución de la garantía: una ampliación de la de Redbridge —emitió la de reembolso que también ha sido cuestionada por el gobierno—, un depósito de dinero en el Banco República hasta que finalizara el contrato y un depósito en bonos del tesoro.

No obstante, hubo otro encuentro con el también exministro en el que Cardama asegura que el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra de Defensa, Sandra Lazo —junto a otros jerarcas— plantearon la posibilidad de “introducir reformas al contrato”.

“No hubo pronunciamiento alguno sobre la garantía alternativa ofrecida, pero en cambio se barajaron múltiples opciones de modificación contractual; a saber: la rescisión del contrato, la cesión del contrato a un tercero, o la reducción del contrato a una sola patrullera, la modificación de los hitos y del sistema automático de pago. Ante los múltiples planteos recibidos —algunos contradictorios entre sí—, se solicitó que se nos entregara por escrito cuál era la nómina precisa de modificaciones contractuales pretendidas. Nunca se entregó ese listado pese a que Fernández urgió su entrega reiteradamente a Pérez”, acusó Cardama.

En otro pasaje, se cuestionó la capacidad técnica de los veedores enviados por el Ministerio de Defensa para supervisar el proceso de construcción dado que, según afirmó el empresario de Vigo, no habían participado de ninguna instancia similar en materia naval.

“El propio Uruguay se encargó de remarcar que sus representantes técnicos no tenían gran capacidad técnica ni experiencia, sustituyéndolos por Bureau Veritas, algo que no se le hace a quienes sí tienen credenciales, experiencia y jerarquía”, afirmó. Consultado por su evaluación sobre los oficiales, el constructor aseguró que "su contribución para el avance del proyecto fue nula" y parecieron "más bien policías haciendo un trabajo de fiscalización".

"Venían con un listado de preguntas a realizar con el objetivo de hacer un informe negativo de Cardama basándose en normas que no aplicaban al caso y con una mentalidad de construcción naval de hace décadas. Llevamos no pocos barcos construidos y jamás nos había pasado algo igual", describió su impresión Cardama.

Sobre la auditoría realizada por la certificadora de origen belga, con sede en Francia, el astillero destacó el término “satisfactorio” utilizado por Bureau Veritas para acreditar que lo construido hasta ese momento —diciembre de 2025— se encontraba en buenas condiciones.

Frente al aspecto más delicado del caso —la garantía trucha de Eurocommerce presentada por Cardama, que fue el principal argumento del gobierno para rescindir el contrato—, el astillero sostuvo que tuvo dificultades para obtenerla debido a que se trataba de un contrato que involucraba armamento militar.

Cardama volvió a señalar que producto de la guerra en Ucrania el Banco Mundial elaboró un protocolo para que los bancos no financiaran u otorgaran avales para proyectos que incluyeran armas.

“Al menos a mí es lo que me dijeron. Naturalmente, eso lo cambió todo porque no se tenía prevista esa dificultad. Automáticamente nos pusimos en contacto con otros bancos españoles y europeos con los que trabajamos y todos nos confirmaron lo mismo, por lo que comenzamos una búsqueda de alternativas fuera de la banca ‘tradicional’”, expresó.

En esta dirección, el constructor enumeró complicaciones durante el proceso en el que trabajó con asesores específicos y “un bróker especializado”, con algunos procesos que duraron más de tres meses e igualmente fracasaron. Además, mencionó sus contactos con Abitab en Uruguay y afirmó que cuando estaba a punto de firmarse el contrato, desde la empresa uruguaya se le hizo saber que se retiraba de la operación.

“No vamos a ingresar en por qué paso eso. Públicamente Abitab mencionó que la operación era de una dimensión en la que no debían participar. Ahora bien, cuando es efectivamente así ello se advierte desde el inicio, no sobre el final”, agregó.

En definitiva, Cardama indicó que el aval que finalmente presentó, que resultó ser de una empresa fantasma, fue producto de que el Ministerio de Defensa había rechazado otras opciones presentadas y de la prolongación en el tiempo para poder constituir la garantía.

“En conclusión, tanto por razones lógicas de tiempos de revisiones y preparación de documentación, como por razones ajenas a nuestro control, los tiempos insumidos fueron muy por encima de lo previsto y deseable, pero todo esto —como se explicó— lo causó una situación ajena a ambas partes que era de nuestro total desconocimiento antes de la firma del contrato (en diciembre de 2023)”, expresó.

En esta línea, el empresario recordó que, desde el 1° de marzo hasta el 22 de octubre de 2025 —día en que se realizó la conferencia de prensa—, el gobierno no formuló “nunca” ninguna objeción respecto de las garantías ni planteó incumplimientos.

Cardama recordó además que dos semanas antes (el 10 de octubre) mantuvo una reunión con Lazo, y ni ella ni ningún asesor “hizo comentario alguno sobre incumplimiento del contrato ni nada relacionado con la garantía, ni que a esa fecha debía haberse renovado”.

“Parece claro que el foco de Uruguay fue tomar cualquier oportunidad para dificultar/impedir el desarrollo del contrato en lugar de actuar a favor del cumplimiento y consecución de su objeto”, apuntó Cardama, que agregó que en ningún momento fue intimado a presentar garantías nuevas.

“No, en ningún momento, ni antes del 22 de octubre ni después, se nos intimó a cambiar la garantía ni similar. Jamás se exhibió interés. Más bien la energía estuvo puesta en usar el evento que se exhibía como un fraude de la garantía de Eurocommerce —ajeno a nuestro conocimiento y sin implicación alguna— para terminar con un contrato en el que no tenían interés. Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver”, se defendió.

En concordancia, aseguró que “no es razonable que ahora se nos eche la culpa a nosotros de no realizar tareas —por los controles— que siempre se entendió que correspondían al gobierno de turno”.

“Si el Estado uruguayo no hubiera traicionado el principio de inocencia y hubiera razonado que no necesariamente Cardama era culpable de nada en lugar de verse cegado por lo que le interesaba concluir, habría intimado la constitución de una nueva garantía, pero no lo hizo. Es más, en la conferencia del 22 de octubre directamente se fue al anuncio de la rescisión, sugiriéndose en forma implícita que Cardama era responsable del fraude, y enlodándonos todo lo que se pudo. Pero ello no es cierto y no hay tampoco elemento alguno para sostener tal cosa”, apuntó.

Finalmente, el empresario relató que antes del 1° de marzo de 2025 mantuvo una reunión con Orsi, Lazo, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez.

Según el empresario español, en esa instancia, las actuales autoridades le expresaron que, si bien no estaban conformes con la forma en que se había llevado adelante la adjudicación del proyecto y Cardama no era “su opción preferida”, “el contrato estaba firmado y Uruguay era un país serio que cumplía sus compromisos”.