Cardama: Lazo compareció durante seis horas ante la comisión; FA y oposición reafirman sus dos versiones

A pesar de no ser uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama por parte de la anterior administración y la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato ha sido uno de los temas que mayor confrontación ha generado entre el oficialismo y la oposición.

Incluso en la comisión especial que investiga y analiza el proceso de compra de las OPV, los legisladores de la Coalición Republicana y del Frente Amplio (FA) han sostenido durante estos últimos meses relatos que avanzan por carriles distintos, sin puntos de encuentro. Cada bloque ha puesto el foco en aspectos diferentes del caso, según el tema en discusión, reconocieron varios diputados a El País, una lectura que el exministro Armando Castaingdebat (ver recuadro) ha reiterado en más de una oportunidad y que también se desprende de las versiones taquigráficas.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, que junto al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, ha liderado los distintos pasos dados por el Poder Ejecutivo, desde la presentación de la denuncia penal hasta la rescisión del contrato en febrero, volvió a defender la postura del Estado uruguayo y su proceder tras detectar que la garantía de fiel cumplimiento presentada por Cardama era falsa.

Tras comparecer durante más de seis horas ante la comisión especial, la jerarca afirmó que la rescisión del contrato fue, efectivamente, una "decisión política fundada".

“Entendemos que lo anunciado por Presidencia de la República con relación a la rescisión del contrato fue con el objetivo de defender el bien público y los intereses del Estado”, comenzó Lazo en conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por legisladores del FA.

Según expresó el senador Nicolás Viera, del Movimiento de Participación Popular (MPP), este lunes por “primera vez” se aceptó por unanimidad entre los integrantes de la comisión que hubo “ilicitud” en la garantía que presentó Cardama.

En esta línea, Lazo reafirmó que el astillero presentó no en una, sino en “dos oportunidades” garantías falsas, haciendo referencia a la que se entregó originalmente por parte de Mario Cardama y la que se envió una hora antes de la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025.

“La dignidad nacional y los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada. Cuando se constata una ilicitud de ese tamaño hay que tomar medidas porque en un contrato entre el Estado y un oferente hay una relación de confianza mutua. Si esa confianza mutua cae lo contractual tiene mucho que ver. La confianza se quebrantó. ”, justificó la decisión del gobierno.

En tanto, los diputados Maximiliano Campo, Pablo Abdala, Gerardo Sotelo y Felipe Schipani cuestionaron que, durante su comparecencia, la ministra se limitó a leer un texto preparado en lugar de responder las preguntas, por lo que calificaron sus respuestas de insatisfactorias.

“Tenemos US$ 30 millones enterrados en España que no sabemos si vamos a recuperar”, cuestionó Campo (consultada por El País, Lazo dijo que se están haciendo gestiones para recobrar parte del casco construido aunque no hay nada concreto).

Por su parte, Sotelo apuntó contra la ministra y dijo que “mintió ante la comisión”. “Hoy tuvimos agravios, mentiras y ocultamiento de información. Tenemos la sospecha persistente de que hubo otras intenciones detrás de la decisión de Presidencia al rescindir un contrato de patrulleras que se estaban construyendo sin determinar el mejor camino para velar por los intereses del país”, criticó el legislador del Partido Independiente.

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala reafirmó la postura de la oposición, que sostiene que el actual administración ya tenía decidido rescindir el contrato antes de constatar que la garantía era falsa. “El gobierno trabajó desde que asumió, en marzo de 2025, para llegar a un desenlace como el del 13 de febrero, cuando rescindió el contrato. Lo procuró desde el inicio y, con la excusa de un hecho real, un dato que nadie desconoce, como la insuficiencia de la garantía, procedió. La idea original era terminar con todo”, dijo.

El legislador, al igual que Schipani, hizo referencia a hechos acontecidos antes de la constatación de que la garantía era falsa. Sobre este punto, se puso foco en la actuación de dos actuales adscriptos de la ministra que, al momento de tomar declaraciones a militares, entre otros, no tenían ningún vínculo institucional con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, sus informes fueron utilizados por Lazo para sancionar a cuatros oficiales de la Armada Nacional.

El exministro de Defensa Armando Castaingdebat aseguró que aún quedan “muchos puntos por aclarar”, sobre todo por parte del gobierno en lo vinculado a la rescisión del contrato. En tanto, de lo que sucedió durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, indicó que quedó “claro todo el proceso técnico” de la selección y los “mecanismos por los que se hizo”. Al mismo tiempo, consideró que hasta ahora “no ha salido a luz ningún hecho delictivo ni apartado de la ley ni por fuera del Tocaf o de lo que dictaminó el Tribunal de Cuentas”.

“Quedó claro a lo largo de esta comisión investigadora que, frente a un mismo hecho, se generan dos relatos totalmente diferentes. Por lo tanto, aquí hay un tema que, en su momento, va a laudar la opinión pública; y hay otro tema que laudará la Justicia. No hay que olvidar que el Estado hizo una denuncia por presunto fraude y estafa, que hasta el día de hoy no se ha podido demostrar”, sostuvo.