El Partido Nacional resolvió convocar al ministro del Interior, Carlos Negro, a la comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes por una serie de preocupaciones sobre la seguridad pública, particularmente tras el informe presentado por la cartera ante el Mercosur que indica que organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) operaron como una “escuela criminal” para actores uruguayos, el que fue publicado esta semana por El País.
El diputado blanco Pablo Abdala, impulsor de la citación que ya fue aprobada, aseguró a El País que la información es “bastante novedosa” y que se consultará a Negro para que brinde “precisiones” y diga “qué alcance tiene el tema”.
“También por lo que trascendió de la presencia de albaneses, montenegrinos y serbios, en una medida por lo menos inusual. Por más que el ministro después lo relativizó, tampoco fue muy convincente ni categórico, entonces queremos preguntar sobre eso”, añadió.
Además, Abdala sostuvo que se le han otorgado “nuevas potestades y atribuciones” a la Junta Nacional de Drogas, incluidos “muchos aspectos de la represión al narcotráfico y tareas policiales”, lo que para el nacionalista es una “invasión de la competencia del Ministerio del Interior”.
Por otro lado, la oposición aprovechará la instancia para hacer una “puesta a punto” de la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado en marzo de este año.
El informe de Interior fue presentado por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía durante la última reunión del Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur. La exposición detalló el alcance de estas facciones dentro y fuera de las cárceles.
Uno de los principales hallazgos surgió del seguimiento que la Policía realiza sobre el PCC en las cárceles uruguayas desde 2023. El 11 de mayo de 2025, una requisa en la cárcel de Libertad permitió incautar un celular con comunicaciones entre integrantes de la organización. En el dispositivo se detectó un grupo de WhatsApp denominado “Sistema do Uruguay”, compuesto por ocho miembros.
Según el informe, el análisis del teléfono aportó información sobre miembros activos, conexiones, “dominios y áreas de influencia dentro y fuera de las cárceles” y los códigos y reglamentos internos que regían la conducta de los integrantes del PCC.
El reporte contabiliza 420 extranjeros entre las 16.872 personas privadas de libertad en Uruguay, lo que representa el 2% del total. De ellos, 190 son brasileños, equivalentes al 46,8%, y 74 son argentinos, el 18,2%. El resto se distribuye entre reclusos de Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, España y Ecuador.
Entre los 88 integrantes de organizaciones brasileñas recluidos en Uruguay, 51 están vinculados al PCC, 19 a Os Manos, nueve al Primeiro Comando da Fronteira (PCF), siete a Os Tauras y dos a Bala Na Cara.
El informe señala que hasta el momento no se detectaron operaciones que “evidencien la actividad directa de esas organizaciones dentro del sistema penitenciario”, aunque la Policía advierte que las facciones han funcionado como una “escuela criminal” y que la dinámica de los grupos de frontera repercute directamente en las cárceles.
La presentación identifica tres puntos clave de la frontera seca. Estos son Rivera-Santana do Livramento, Aceguá-Aceguá y Chuy-Chuí. Allí, “pequeñas organizaciones uruguayas y brasileñas están copiando la forma de operar de grandes carteles como Os Manos y el PCC para el narcotráfico”, asegura el informe.