"Escuela criminal": Uruguay afirma que Marset y clanes locales copiaron métodos de bandas extranjeras como el PCC

El Ministerio del Interior afirmó que organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) operaron como una “escuela criminal” para actores uruguayos. Según un informe presentado ante el Mercosur, sus métodos fueron incorporados por Sebastián Marset y actualmente son replicados por los clanes Albín y Suárez de Cerro Norte. La Policía también identificó a 88 integrantes de cinco facciones brasileñas recluidos en el país.

El diagnóstico fue presentado por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario de la Policía durante la última reunión del Grupo de Trabajo Especializado para el Combate de las Organizaciones Criminales del Mercosur. La exposición detalló el alcance de estas facciones dentro y fuera de las cárceles.

Uno de los principales hallazgos surgió del seguimiento que la Policía realiza sobre el PCC en las cárceles uruguayas desde 2023. El 11 de mayo de 2025, una requisa en la cárcel de Libertad permitió incautar un celular con comunicaciones entre integrantes de la organización. En el dispositivo se detectó un grupo de WhatsApp denominado “Sistema do Uruguay”, compuesto por ocho miembros.

Según el informe, el análisis del teléfono aportó información sobre miembros activos, conexiones, “dominios y áreas de influencia dentro y fuera de las cárceles” y los códigos y reglamentos internos que regían la conducta de los integrantes del PCC.

El reporte contabiliza 420 extranjeros entre las 16.872 personas privadas de libertad en Uruguay, lo que representa el 2% del total. De ellos, 190 son brasileños, equivalentes al 46,8%, y 74 son argentinos, el 18,2%. El resto se distribuye entre reclusos de Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, España y Ecuador.

Entre los 88 integrantes de organizaciones brasileñas recluidos en Uruguay, 51 están vinculados al PCC, 19 a Os Manos, nueve al Primeiro Comando da Fronteira (PCF), siete a Os Tauras y dos a Bala Na Cara.

El informe señala que hasta el momento no se detectaron operaciones que "evidencien la actividad directa de esas organizaciones dentro del sistema penitenciario", aunque la Policía advierte que las facciones han funcionado como una “escuela criminal” y que la dinámica de los grupos de frontera repercute directamente en las cárceles.

La presentación identifica tres puntos clave de la frontera seca. Estos son Rivera-Santana do Livramento, Aceguá-Aceguá y Chuy-Chuí. Allí, “pequeñas organizaciones uruguayas y brasileñas están copiando la forma de operar de grandes carteles como Os Manos y el PCC para el narcotráfico”, asegura el informe.

El Primer Comando Capital surgió en las cárceles de Sao Paulo durante la década de 1990 y se convirtió en una de las mayores organizaciones criminales de América Latina. Su principal negocio es el narcotráfico, especialmente de cocaína y marihuana, con rutas internacionales que conectan a países productores con Brasil y con mercados de Europa y África.

La organización también participa en el tráfico de armas, el lavado de dinero, los robos, las extorsiones y el contrabando, además de ejercer control sobre actividades criminales dentro y fuera de las cárceles.

El seguimiento policial que desembocó en el hallazgo de un grupo de WhatsApp llamado “Sistema do Uruguay” comenzó en 2023, cuando se elaboró un informe de Inteligencia sobre miembros del PCC en las cárceles uruguayas. Desde entonces, la Policía monitorea a sus posibles integrantes, sus actividades y su estructura, así como reglamentos y códigos internos

Ese trabajo permitió desplegar en 2025 operativos dirigidos a identificar miembros activos y reconstruir sus conexiones. Uno de ellos fue la requisa del 11 de mayo en el Penal de Libertad, donde el celular incautado expuso comunicaciones entre integrantes del PCC y aportó información sobre la organización dentro y fuera de las cárceles.

La posible incidencia del PCC volvió a quedar bajo la lupa en febrero de 2026, tras el descubrimiento de un túnel excavado desde un local de Ciudad Vieja. La investigación concluyó que el objetivo era el banco BBVA y derivó en la imputación de 11 personas, entre ellas cuatro brasileños y dos paraguayos. La Policía brasileña confirmó luego que algunos de los imputados tenían antecedentes por robos cometidos para el PCC.

Los vínculos atribuidos al PCC en Uruguay también alcanzan a referentes del crimen local. Ya en 2012, el entonces juez de Crimen Organizado Néstor Valetti afirmó que Luis “Betito” Suárez mantenía contactos con la banda brasileña. Investigadores también han señalado nexos con Luis Fernández Albín y Sebastián Marset.

El reporte identifica históricamente a Uruguay como un país de acopio y tránsito de drogas hacia Europa. Los cargamentos ingresan por tierra, aire y en barcazas que llegan al Río Uruguay desde países productores como Paraguay. Luego, parten por vía marítima hacia Europa. También señala que desde Uruguay se exporta hachís a Brasil, donde tiene un alto consumo y un valor similar al de la cocaína. La Policía detalla que en el mercado interno predominan la pasta base y la cocaína, aunque también circulan drogas sintéticas como el tussi (conocido como cocaína rosada).

Pero el diagnóstico presentado por Uruguay no se limita a las facciones brasileñas. Otra de las exposiciones incluye entre las organizaciones transnacionales detectadas en el país durante los últimos diez años al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis (de México), la ’Ndrangheta de Italia, el denominado Cartel de los Balcanes y el Clan Skaljari de Montenegro. También menciona al Primer Cartel Uruguayo, vinculado a Marset.

Uno de los casos más notorios fue el del mexicano Gerardo González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe ahora fallecido del CJNG. González Valencia vivió durante cinco años en Uruguay junto con su familia y montó una estructura para lavar dinero procedente del narcotráfico mediante propiedades, vehículos y colaboradores locales. La familia se instaló inicialmente en Punta del Este, donde adquirió una vivienda por unos US$ 2 millones, terrenos en Punta Ballena y vehículos de alta gama.

González Valencia fue detenido en 2016, procesado por lavado de activos y extraditado a Estados Unidos en 2020. Allí fue condenado a prisión perpetua por coordinar el tráfico de toneladas de cocaína. Pero los vínculos con el peligroso cartel mexicano reaparecieron en 2023. Ese año fue detenido en Maldonado el argentino Óscar Gilberto Calvete, requerido por la Justicia de su país e investigado como testaferro y operador financiero del grupo.

Las autoridades argentinas sostienen que participó en maniobras destinadas a introducir dinero del CJNG en el sistema financiero y darle apariencia legal mediante sociedades, transferencias internacionales y depósitos en efectivo.

Uruguay también sirvió de refugio para Rocco Morabito, uno de los narcotraficantes más buscados de la ’Ndrangheta, la mafia calabresa. Bajo una identidad falsa, se instaló en Punta del Este y permaneció durante años fuera del radar de las autoridades. Fue detenido en 2017, pero en junio de 2019 escapó de Cárcel Central junto con otros tres reclusos mientras esperaba su extradición. Morabito fue recapturado en Brasil en 2021 y trasladado a Italia al año siguiente.

Pero Uruguay no solo sirvió como refugio para figuras de alto nivel. En 2019, la Operación Familia permitió reconstruir la salida desde territorio uruguayo de más de 600 kilos de cocaína en un avión privado, posteriormente incautados en Francia. La investigación, que contó con información de Europol y la DEA, vinculó el cargamento con una organización de origen balcánico y mostró el lugar del país dentro de una cadena internacional orientada al mercado europeo.

Cuatro años después, la Operación Virtus volvió a exhibir esa función logística. Casi 500 kilos de cocaína cruzaron en una barco desde Argentina, fueron acopiados en una vivienda de Pajas Blancas y se estaban preparando para salir hacia Europa. Nuevamente se vinculó el cargamento con organizaciones extranjeras, que sin controlar barrios ni contar con despliegue directo en el territorio, utilizaban al país para llevar adelante sus negocios.