Fuga de Morabito: TCA anuló la sanción a directora porque Interior demoró casi cuatro años en resolver

El Ministerio del Interior demoró casi cuatro años en sancionar a la entonces directora de la ex Cárcel Central por la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito. La tardanza terminó siendo decisiva, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) concluyó que la cartera dejó vencer el plazo que tenía para actuar y anuló la medida.

La decisión fue adoptada por unanimidad y dejó sin efecto los seis meses de suspensión impuestos a la funcionaria por supuestas fallas en el control del centro de reclusión.

Morabito escapó durante la noche del 23 de junio de 2019 junto con otros tres reclusos. El mafioso y dos de sus compañeros salieron del sexto piso de la ex Cárcel Central, alcanzaron la azotea y atravesaron el apartamento de una vecina para llegar a la calle. El cuarto fugado abandonó el edificio por una puerta de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El episodio, que expuso graves fallas de seguridad, dio lugar a una extensa investigación interna. El sumario contra la directora comenzó tres días después de la fuga, el 26 de junio de 2019. Sin embargo, Interior recién lo cerró y aplicó la sanción el 24 de mayo de 2023.

La normativa establece que la administración dispone de dos años para resolver un procedimiento de este tipo. El plazo puede extenderse en situaciones especiales, como ocurrió durante parte de la emergencia sanitaria y mientras se revisaba el sumario. Pero incluso tomando en cuenta esas interrupciones, el TCA entendió que Interior resolvió demasiado tarde.

El tribunal señaló que el Estado "no puede mantener indefinidamente un sumario abierto y sancionar a un funcionario años después" por demoras provocadas por la propia administración. Cuando deja vencer el plazo, "pierde la posibilidad de castigar la conducta investigada".

A esa demora se sumó otra. El Ministerio del Interior tampoco contestó a tiempo la demanda presentada ante el TCA. La cartera intentó posteriormente revertir esa situación mediante un recurso, pero el planteo fue rechazado.

La funcionaria había negado tener responsabilidad en la fuga. Sostuvo que ese fin de semana no estaba de servicio y que el escape ocurrió cuando dos efectivos de la Guardia Republicana tenían a su cargo la vigilancia del piso donde se encontraba Morabito.

También afirmó que la ausencia de los reclusos fue ocultada y no quedó registrada en las novedades entregadas por el jefe del turno saliente. Según su versión, eso impidió que la fuga fuera advertida rápidamente y redujo las posibilidades de recapturar a los presos durante las primeras horas.

En su defensa, la entonces directora señaló además que había advertido sobre las malas condiciones de seguridad de la ex Cárcel Central y que había logrado que funcionarios externos reforzaran durante 20 horas diarias la custodia de Morabito, considerado un preso de extrema peligrosidad.

Interior entendió que existió una falta de control y le aplicó la máxima suspensión prevista para una falta grave. La funcionaria respondió que no se había probado una conducta negligente y que las responsabilidades directas recaían sobre quienes debían vigilar el piso aquella noche.

El TCA no llegó a resolver esa discusión. No determinó si la directora actuó correctamente ni si tuvo responsabilidad en la fuga. Anuló la sanción porque cuando Interior quiso castigarla, ya era tarde.