El fallido “robo del siglo”: condenas entre seis y 12 meses de prisión a involucrados con el túnel de Ciudad Vieja

El plan para llegar por debajo de la Ciudad Vieja hasta la bóveda de un banco y ejecutar lo que el Ministerio del Interior calificó como un posible “robo del siglo” tuvo este miércoles con la condena de siete de sus integrantes. La Justicia impuso penas entre seis y 12 meses de prisión a cinco ciudadanos brasileños, uno paraguayo y una uruguaya que participaron directa o indirectamente en el plan.

La resolución se alcanzó mediante un proceso abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa de los involucrados. Los extranjeros fueron representados por el abogado Pablo Casas, mientras que el abogado de la uruguaya fue Alejandro Chiappe.

Los siete reconocieron los hechos y fueron condenados por los delitos de asociación para delinquir y hurto agravado en grado de tentativa. Seis de los condenados acordaron una pena de 12 meses de prisión, mientras que la uruguaya acordó seis meses y 22 días. Su participación en el caso fue menor y finalizó su pena tras la audiencia.

Los acusados se encontraban en prisión preventiva desde febrero, cuando la Policía descubrió la excavación y frustró el atraco antes de que el grupo consiguiera ingresar a la institución financiera. Todos se encontraban en la Unidad 25, de máxima seguridad.

Hay un uruguayo y una ciudadana paraguaya que no participaron del proceso abreviado y su situación judicial se definirá por separado. En el caso del hombre, llegó a la audiencia y no aceptó firmar, mientras que la paraguaya primero había manifestado voluntad de firmar.

Tras ser consultada de forma insistente por la jueza de Crimen Organizado de 2^do Turno, Diovanet Olivera, la mujer se quebró y admitió haber arrendado viviendas con documentos falsos, pero dijo que no sabía lo que la intención de la banda era robar un banco. "Yo vine a trabajar como cocinera", dijo.

Por este motivo su acuerdo fue declarado inadmisible y continuará el proceso en su contra.

Uno de los elementos centrales del caso fue que dos de los brasileños ahora condenados fueron identificados como integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y con presencia en distintos países de la región.

La participación de esos hombres le dio una dimensión transnacional a un plan que desde el comienzo llamó la atención de los investigadores por su grado de sofisticación, los recursos utilizados y los conocimientos necesarios para avanzar por debajo de la Ciudad Vieja.

La información sobre los dos integrantes del PCC fue confirmada mediante el intercambio de datos con Interpol y la Agencia Brasileña de Inteligencia. La Policía uruguaya remitió las huellas dactilares de los sospechosos porque inicialmente no tenía certeza de que la documentación que portaban fuera auténtica.

Las respuestas llegadas desde Brasil permitieron establecer sus identidades y confirmar que tenían antecedentes por asaltos bancarios de características similares. Ambos habían participado en operaciones realizadas mediante excavaciones en Fortaleza y San Pablo, una modalidad en la que distintas células vinculadas al PCC se especializaron durante las últimas décadas.

Entre los antecedentes analizados estuvo el asalto al Banco Central de Fortaleza de 2005. En aquella oportunidad, una banda excavó un túnel desde una propiedad alquilada y consiguió llevarse aproximadamente US$ 60 millones. El golpe es considerado uno de los mayores robos bancarios de la historia de Brasil.

El PCC nació en una cárcel del estado de San Pablo en 1993 y posteriormente se expandió hacia el narcotráfico internacional, las extorsiones, los secuestros y los asaltos a instituciones financieras. Con el paso de los años extendió su influencia fuera de Brasil, con una presencia importante en Paraguay.

La conexión con la organización también fue clave para que la Policía uruguaya detectara el plan. En diciembre de 2025, las autoridades brasileñas advirtieron que se preparaba un ataque contra una institución financiera en Uruguay, posiblemente mediante la construcción de un túnel.

La información llevó a reforzar la vigilancia durante Navidad y Año Nuevo, fechas que inicialmente eran manejadas como posibles momentos para concretar el atraco. Aunque el golpe no se produjo durante las fiestas, la investigación continuó y terminó conectándose con otra investigación que había comenzado meses antes en Canelones.

La denominada Operación Blindaje había comenzado el 11 de setiembre de 2025, cuando una llamada anónima alertó a la Policía sobre una boca de venta de drogas en Neptunia.

Tareas de vigilancia permitieron identificar a personas uruguayas y extranjeras y seguir sus movimientos hasta un local ubicado en Colón y 25 de Mayo. En paralelo avanzaba la investigación abierta a partir de la advertencia recibida desde Brasil. El seguimiento de los implicados permitió establecer que ambas investigaciones estaban relacionadas.

El local de Ciudad Vieja había sido alquilado en julio de 2025 y era presentado ante los vecinos como un depósito. Desde allí, los integrantes del grupo excavaron un pasadizo que desembocaba en la red de saneamiento.

El plan consistía en utilizar la red de saneamiento para acercarse al banco BBVA y luego realizar una nueva excavación que les permitiera ingresar al edificio.

Uno de los elementos que permitió confirmar cuál era la institución elegida fue que uno de los brasileños había alquilado meses antes un cofre fort en el banco. Los investigadores entendieron que la maniobra había sido utilizada para conocer el interior del edificio, su funcionamiento y las medidas de seguridad.

La Policía intervino el 3 de febrero mediante cinco allanamientos realizados en Ciudad Vieja y El Pinar. Algunos de los implicados fueron detenidos en el local y dentro de las alcantarillas, mientras que otros fueron capturados en una vivienda que funcionaba como base de operaciones.

Durante los procedimientos se incautaron dos vehículos, palas, picos, ropa de trabajo, cables destinados a instalar energía eléctrica, cámaras de videovigilancia, un dron y dinero en pesos uruguayos, dólares y reales. También se encontraron documentos y otros elementos empleados para preparar el atraco.

El director de la Policía, José Manuel Azambuya, sostuvo posteriormente que los delincuentes habían estado cerca de concretar el robo. La intervención se produjo antes de que consiguieran completar el último tramo e ingresar al banco.

El operativo derivó inicialmente en la formalización de 11 personas. Nueve fueron imputadas por asociación para delinquir y hurto agravado en grado de tentativa, mientras que las restantes quedaron vinculadas con delitos de drogas, armas y municiones.

Una mujer de 24 años detenida durante los procedimientos fue condenada en mayo a dos años y seis meses de prisión por suministro de estupefacientes y tráfico interno de armas y municiones.