INVESTIGACIÓN

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que la denuncia que el Frente Amplio presentó un mes atrás por audio viral de un diálogo que la involucra a ella y el relacionista público Fernando Cristino "forma parte de estrategias políticas". La coalición de izquierda argumentó que en dicho audio "emergen elementos graves".

"Forma parte de estrategias políticas. Yo formo parte del sistema y forma parte de la realidad política, no más que eso", dijo Argimón.

Cristino volvió a la arena pública en junio una vez que grabó y luego difundió una conversación con la vicepresidenta, donde la jerarca menciona la eventualidad de escuchas telefónicas. El caso tuvo derivaciones políticas y judiciales. Cristino, incluso, amplió una denuncia por amenazas.

Argimón, en tanto, fue enfática y aclaró: "Para mí es un episodio más que terminado".

"Nunca hablé de escuchas ilegales. Estoy hablando de lo que es lo común cuando uno conversa de que se pueden escuchar conversaciones, pero nada tiene que ver como lo aclaré en una carta el tema de escuchas institucionalizadas que en un régimen democrático como el nuestro no tienen lugar salvo que la Justicia lo establezca", añadió.

Por otra parte, consultada sobre la comisión investigadora que creó la Junta de Maldonado, opinó: "Me parece que existieron algunas derivaciones que no tienen nada que ver conmigo".

Lo comisión investigadora, solicitada por dos ediles del Frente Amplio, "analizar los hechos relacionados al pago a terceros por parte de la Intendencia Departamental, en eventos realizados en pasadas temporadas estivales".

En el audio que se hizo viral entre Fernando Cristino y la vicepresidenta Beatriz Argimón, el RR.PP. le reclamó que se hicieran gestiones para cobrar US$ 5.000 que le adeuda la Intendencia de Maldonado.

El pasado 7 de julio El País informó que Cristino enfrenta el riesgo de terminar en la cárcel, un día después de que fue imputado por violencia privada y lesiones por la agresión al funcionario de un hotel y un delito de atentado por golpear a un policía de la Seccional 10.

El fiscal llegó a un acuerdo con el abogado de Cristino para la suspensión condicional del proceso. Se le impuso al relacionista público la obligación de constituir domicilio, la prohibición de acercamiento al hotel donde se generó el incidente en un radio de 200 metros y la obligación de presentarse semanalmente a la seccional de su domicilio. Cristino también debe realizar tareas por un plazo de dos meses bajo un régimen de cuatro horas por semana.

Al mismo tiempo, Cristino declaró como imputado en una causa por emitir cheques sin fondos. El relacionista pública enfrenta otras dos causas generadas por la emisión de tres cheques sin fondos que rondan los US$ 20.000. El librado de dos cheques diferidos sin fondos es investigada por el fiscal Diego Pérez y de un cheque al portador rebotado es indagado por el fiscal Leonardo Morales.