Alerta roja ante frío polar y personas en la calle: lo que evaluó el gobierno y las críticas de la oposición

El presidente Yamandú Orsi inició la jornada del lunes con una prioridad clara, que transmitió a su equipo en las primeras horas de la mañana en el piso 11 de la Torre Ejecutiva: que ante la sucesión de muertes de las personas que viven en la calle, y ante una ola de fría de origen polar, “nadie puede” dormir en la vía pública.

Esa fue la orden que quedó establecida tras conversaciones iniciales que tuvo el jefe de Estado con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz, que enseguida dispusieron la convocatoria del llamado gabinete social, informaron a El País fuentes oficiales. Es decir, fueron citados a la casa de gobierno los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Civila; de Defensa Nacional, Sandra Lazo; de Salud Pública, Cristina Lustemberg y del Interior, Carlos Negro. Además, en una reunión que llevó buena parte de la tarde, y en la que se resolvió un plan de acción especial que se comunicó en diálogo con los medios a 16.30, también participaron el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque.

Foto: Estefanía Leal/El País,

La idea, definida por el equipo de Orsi, era que quedara instrumentado un marco legal, más allá de la aplicación de la ley de internación compulsiva —que en los hechos significa el traslado o internación de cualquier persona que viva en la vía pública, si hay un médico que antes constate que su estado de salud es grave, que su capacidad de juicio está afectado y que como consecuencia de todo lo anterior puede estar en riesgo ella o terceros—, que en filas del Frente Amplio ha despertado resistencia por su espíritu coercitivo. La idea, comentaron otras fuentes de Presidencia a El País, era encontrar una solución que atendiera a esas “sensibilidades” internas, y el resultado fue el que se anunció en conferencia de prensa desde la propia Torre Ejecutiva: declarar la alerta roja dado el “estado del tiempo atmosférico actual (que) podría generar efectos adversos para la vida, integridad y salud de las personas especialmente vulnerables” que viven en la calle —así se sostiene en el decreto emitido por la noche—, y resolver la “activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias con relación” a esta población vulnerable.

Esto es, se definió, desde las 18.30 de ayer, el despliegue de equipos multidisciplinarios, con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas —estas últimas pusieron a la orden seis vehículos para los traslados solo en Montevideo— con el objetivo de evacuar en forma “obligatoria” a personas y animales —o sea, las mascotas de quienes viven en la vía pública y que suelen ser un argumento de las personas para negarse a ir a los refugios del Mides— que se encuentren en peligro por la situación meteorológica.

Es una medida, se especificó, que no afecta el normal funcionamiento de la sociedad y las oficinas públicas, como ha ocurrido en otras emergencias. “Esto no restringe la movilidad ni determina el ese de actividades de ningún tipo”, subrayó Palomeque en este sentido.

Civila, por su lado, destacó la creación de 1.000 cupos nuevos y otros esfuerzos hechos desde la cartera, en un contexto de “crecimiento sistemático” de esta población, cuyo estado sanitario empeora “día a día” tras “años de permanencia en la calle”.

Foto: Estefanía Leal/El País

Para la oposición esta respuesta es tardía e innecesaria en cierto punto, ya que tanto en filas blancas como coloradas entienden que la ley de internación compulsiva aprobada y puesta en funcionamiento durante el período pasado es marco legal más que suficiente para trasladar a todos aquellos que vivan en la calle durante las noches.

“Hay que aplicar la Ley de Faltas a través de la policía”, pidió el extitular del Mides Martín Lema, quien remarcó que a su entender deben aplicarse “todas las herramientas disponibles, aun contra la voluntad, para preservar la salud” de las personas.

Como se cree que esto no está ocurriendo como debería, colorados y nacionalistas definieron convocar a Civila al Parlamento para que brinde mayores detalles en comisión.

“Queremos que el ministro dé explicaciones sobre cuál va a ser el accionar del gobierno ante los fallecimientos por el frío de gente que hoy vive en la calle”, dijo el senador Andrés Ojeda a Canal 12, y se preguntó, más allá del marco legal anunciado este martes, “si van a utilizar o no la ley de internación compulsiva de la que tan en contra estuvieron”.

Las resistencias de la izquierda a la aplicación de esa ley no solo se manifestaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y desde la oposición, sino también en los últimos días y por parte de las autoridades del propio Mides. De hecho, el 6 de junio, en declaraciones a Canal 4, el director de Protección Social, Daniel Gerhard, dijo que hasta ese momento la cartera “no” había aplicado la ley de internación compulsiva. Que solo se había estado “cerca” de aplicarse, pero que “al final la persona terminó accediendo, que siempre es la intención”.

Civila, en la jornada de ayer, se remitió a las “más de 200 intervenciones del Same” generadas por el protocolo de esta normativa en lo que va de su gestión, sin especificar cuántas veces se concretó la internación compulsiva —si es que ocurrió.

“La reacción del gobierno nuevamente es tardía”, cuestionó el senador blanco Javier García, mientras su correligionario Álvaro Delgado —todos en la red social X— volvió sobre la exigencia de aplicar la normativa vigente: “El sentido común y la responsabilidad le tienen que ganar a la ideología. Háganse cargo”.