Mujer condenada por maltratar ancianos en un hogar de Artigas violó la libertad a prueba

Fiscalía solicitó que se le revocara el beneficio, pero la Justicia la intimó a cumplir sus obligaciones bajo apercibimiento de ser penada con prisión efectiva.

Residencial de ancianos. Foto: Estefanía Leal.
Residencial de ancianos, Montevideo ND 20220225, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais

Una mujer condenada por maltratar a ancianos en un hogar de Artigas violó el régimen de libertad a prueba al que estaba sometida. Según constató la Fiscalía, incumplió durante siete semanas su obligación de presentarse a la seccional más cercana a su domicilio. Ante esa situación, el Ministerio Público solicitó revocarle el beneficio.

Este lunes la Justicia la “intimó” a cumplir “estrictamente” las medidas bajo apercibimiento de ser penada con prisión efectiva. Además, el juez letrado departamental notificó a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Instituto Nacional de Rehabilitación sobre los incumplimientos.

En junio de 2024, la mujer fue condenada en proceso abreviado como autora penalmente responsable de un delito continuado de abandono de niños y personas incapaces a la pena de 24 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.

Durante los primeros seis meses, debió cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica. En los restantes 18 meses quedó obligada a residir en un lugar determinado donde fuera posible la supervisión de Dinama, presentarse una vez por semana la seccional policial correspondiente y prestar servicios comunitarios por 10 meses cuatro horas por semana.

La mujer era dueña de un hogar de ancianos ubicado en la calle Paraguay de la ciudad de Artigas.

El caso

Según constató la Justicia, en el lugar vivían 14 ancianos con diversas patologías mentales y corporales. Tres de ellos eran autoválidos y 11 eran dependientes. Estos últimos estaban bajo el cuidado de la mujer y se encontraban en estado de abandono.

De acuerdo a las pruebas reunidas, no recibían la alimentación adecuada, no tenían las condiciones de higiene mínimas, no tenían controles médicos, y la medicación que recibían era insuficiente. En el hogar tampoco había agua potable ni agua caliente, la luz se cortaba por falta de pago y tampoco había productos de limpieza.

El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social clausuraron el hogar. Durante la inspección, las autoridades constataron que el establecimiento no contaba con reservas de alimentos y que diariamente se hacían compras de comida de mala calidad. Por ejemplo, los funcionarios detectaron que en una oportunidad se adquirieron tres muslos de pollo para alimentar a los 14 residentes. Además, la poca leche disponible era cortada con agua para aumentar su rendimiento.

Una cooperativa formada por los trabajadores del lugar se hizo cargo de la reapertura del establecimiento luego de su clausura.

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