Medidas efectivas, disuasión focalizada y un "sueño bonito": Interior y profesionales expusieron sobre homicidios

Redacción El País
El Ministerio del Interior realizó este martes un nuevo encuentro en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP), que espera poner en funcionamiento para marzo de 2026. Esta vez tuvo como centro a las estrategias para la reducción de homicidios. De la apertura participaron el ministro Carlos Negro, el director de Policía, José Manuel Azambuya y el coordinador del plan, Emiliano Rojido. También expusieron profesionales de la región con experiencias internacionales.

En su discurso, Negro aseguró que Uruguay tiene "tasas epidémicas de homicidios", y afirmó que "este delito no es apenas una estadística fría" sino que implica "la pérdida irreparable de una vida". "Es el dolor de una familia, de un barrio", dijo, y luego continuó: "Es la propia confianza de nuestras instituciones la que se ve erosionada y que se pone en peligro. No podemos resignarnos. No podemos esperar a que las cosas cambien. Reducir los homicidios es posible y es urgente".

"Gracias al profesionalismo de nuestra Policía, estamos teniendo muy buenos resultados. En el caso de la resolución de los homicidios, Uruguay presenta cifras muy superiores a los países de América Latina", destacó el ministro. También dijo que se está redactando un proyecto de ley para "implementar mayores controles del mercado legal de armas y municiones", con el objetivo de tener mayor "trazabilidad".

Por su parte, Azambuya destacó que entre el 1° de setiembre de 2023 y el de 2025, el departamento de Homicidios de Montevideo recogió 468 casos, de los cuales 258 fueron aclarados, 152 tienen avances significativos y 58 no tienen una línea clara y están pendientes de recabar mayor información.

Actualmente, el PNSP se encuentra atravesando las fases dos y tres —encuentros por seguridad y propuesta técnica—, ya habiendo superado la etapa de diagnóstico. En enero se pasará a la propuesta política y finalmente febrero será el mes de la validación social.

Según la presentación de la cartera, el plan se financiará por cuatro métodos diferentes: reasignación de recursos ya existentes, la Ley de Presupuesto, rendiciones de cuentas y por un Consejo Internacional de Observación y Cooperación.

La fase de diagnóstico llegó a los problemas prioritarios, entre ellos los homicidios, la violencia de género y contra niños y adolescentes, las armas de fuego, el narcotráfico y los delitos informáticos. Además, se buscará fortalecer el sistema de Justicia criminal y la prevención del delito.

Actualmente Uruguay cuenta con una tasa de 10,7 homicidios cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio mundial. La tasa más alta fue en 2018, cuando llegó a 12. Los motivos, según la cartera, están cada vez más vinculados al tráfico de drogas.

Si se compara los últimos tres años con el trieño 2013-2015 se registró un aumento de 627% en los crímenes cometidos por este motivo. El crecimiento es de 67% en las represalias y venganzas, y de 28% en las disputas personales.

Para 2024, casi el 58% de las víctimas tenían antecedentes penales —contra el 30,7% del 2013— y lo mismo con el 55,8% de los victimarios —que para 2013 eran el 30,6%.

La presentación del Ministerio del Interior estuvo a cargo del coordinador del plan y asesor de la cartera, Emiliano Rojido, quien luego moderó la exposición de cuatro profesionales extranjeros.

En primer lugar, el argentino Fernando Cafferata, jefe de misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), brindó un panorama sobre la violencia en América Latina. En la región se registran los niveles más altos de homicidios en el mundo —el 33% con solo el 8% de la población. La mitad de los asesinatos en el continente tienen que ver con el crimen organizado, mientras que el 14% de los hogares dijeron tener que seguir órdenes de estos grupos.

Según explicó Cafferata, se trata de bandas que tienen varios focos y mutan fácilmente. Por ejemplo, se dedican a la venta y producción de drogas pero también al tráfico de armas, de personas, la pesca ilegal o el hurto de vehículos.

Por otra parte, el académico español y profesor en la Universidad de Río de Janeiro, Ignacio Cano, analizó otras iniciativas de la región para determinar si arrojaron resultados significativos, para así poder aconsejar o no su aplicación en el país. Entre las desaconsejadas por no encontrar resultados estuvo la entrega voluntaria de armas, mientras que el patrullaje del Ejército o el descabezamiento de grupos criminales se encontraron contraproducentes.

Dos de las iniciativas que arrojaron resultados positivos en países de la región, según la evaluación de Cano, fueron la restricción de la venta de alcohol y la limitación al porte de armas.

El evento fue cerrado por dos brasileños, Alberto Kopittke (secretario de Estado de Río Grande del Sur) y Antônio Pacheco (delegado de la Policía Civil de Brasil). Ambos contaron la experiencia de planes aplicados en el país vecino. El primero, se refirió a la idea de acabar completamente con el tráfico de drogas como un "sueño bonito" y aseguró que la solución no está en "meter presos a los sicarios".

Kopittke destacó la "increíble capacidad de reclutamiento de jóvenes" de los grupos criminales y marcó como una medida positiva la disuasión focalizada. Esta consiste en enfocar las estrategias para intervenir directamente a las personas de alto riesgo, aplicando sanciones severas en casos de incumplimiento.

Entre otros elementos señaló que en algunos puntos de Brasil se mantienen reuniones con los líderes de grupos criminales para "informarles sobre la estrategia". "No se hace una negociación", explicó pero aseguró que se los informa que "si cometen un homicidio van a ocurrir determinadas medidas".

Finalmente, Pacheco se "solidarizó" por el atentado a Mónica Ferrero y aseguró que "no hay fórmulas mágicas". Además, destacó la necesidad de abordar el crimen de distintas formas según el departamento.

Los especialistas se quedarán en Uruguay hasta el jueves para realizar talleres junto con la Policía.

Foto: Leonardo Mainé.