Tras atentado a Ferrero, presidente de la SCJ dijo que se "atacó la institucionalidad" y que hubo una "escalada"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia dice que no teme a un atentado, pero advierte que le preocupa más la seguridad de los jueces penales y de los funcionarios judiciales. John Pérez afirma que la única seguridad que hay en los juzgados la ofrecen las cámaras de videovigilancia. “Lo que no hay son funcionarios policiales”, dijo. Con respecto a las fugas en los juzgados penales donde hay custodias, opinó que allí ocurrieron “cosas raras”.

-¿Hay un antes y un después con el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero?

-Es evidente que se ha atacado la institucionalidad. Más allá de la personalidad de la fiscal, se ha atacado a la institución (Fiscalía de Corte). La sociedad tiene que responder en consecuencia.

-¿El ataque forma parte de una escalada de violencia contra los operadores de la Justicia?

-Es muy difícil de decir. Es algo que tendrían que analizar bien los organismos encargados, como el Ministerio del Interior. Evidentemente ha habido una escalada cuando se han animado a atacar a la fiscal. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va a llegar? Eso lo tiene que manejar el Ministerio del Interior. El crimen organizado está avanzando en toda la región, no es solo acá. Es un problema transfronterizo que se debe abordar como tal.

-Hace algunos años solo tenían custodia los jueces de Crimen Organizado. ¿Actualmente hay otros que la hayan solicitado o que le fueran asignadas?

-No, solo los dos jueces de Crimen Organizado tienen custodia.

-¿Alguna vez un juez les manifestó tener miedo por el trabajo que estárealizando?

-A nosotros no, o al menos no me consta.

-Con el avance de los grupos criminales se pueden ver rastros de ellos no solo en los juzgados de Crimen Organizado, sino también en los penales, cuando se tratan, por ejemplo, los homicidios. ¿Se debería empezar a poner el ojo en la seguridad del resto de los jueces penales?

-Es tarea de la Policía determinar hasta qué nivel hay un grado cierto de amenaza.

-¿Y los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen custodia?

-No.

-¿Hay una omisión del Estado de cuidar a un ministro en un momento en el que hay cada vez más casos de tráfico de drogas?

-Acá estamos acostumbrados a que no pasa nada hasta que pasa. En otros países se ponen custodia. Acá no hemos tenido custodia originalmente, salvo creo que algunas veces, por algún problema, pero no. Acá (a la Suprema Corte de Justicia) llegan casos, pero ya en última instancia. Los que están en la primera línea son los jueces de Crimen Organizado.

-Cualquier persona que esté afuera del edificio de la Corte puede verlo a usted o a sus compañeros salir y subirse al auto cuando se va. ¿Usted teme por un atentado?

-Cuando uno se dedica a esta profesión siempre está sometido a cualquier tipo de cosas. Temor no. Si se vive con temor no se puede ejercer esta profesión. Hablo por mí, no hablo por los demás.

-¿Alguna vez los han amenazado?

-No. Por ahora no han habido amenazas.

-¿Una persona que representa al Poder Judicial no debería tener seguridad?

-Eso queda en criterio del Ministerio del Interior. A mí me preocupa más la seguridad de los juzgados, la seguridad de los funcionarios del Poder Judicial. Los funcionarios del Poder Judicial, salvo en los penales y algunos otros juzgados sobre los que ahora no les puedo dar una cifra exacta, no tienen custodia. Recientemente nos pasó en San Carlos, que había una persona que estaba molestando a los funcionarios y tuvimos que llamar al jefe de Policía para decirle que fuera a ver si podía solucionar eso, sin pagar una custodia. Y lo solucionó. Pero ha habido casos, por ejemplo en Rocha, hace un par de años: una persona saltó la baranda y amenazó a un funcionario. Por eso en este presupuesto estamos pidiendo, una vez más, porque ya se han pedido varias veces, un rubro para contratar el servicio 222 en los juzgados.

Foto: Leonardo Maine/El País.

-¿Hay una diferencia entre Montevideo y el interior del país con respecto a la seguridad de los funcionarios?

-Acá tiene custodia solamente la OPEC (Oficina Penal Centralizada) y los juzgados de violencia doméstica, porque son juzgados de muchos problemas. Pero los demás no. De estos casos que les estoy relatando uno es de violencia doméstica en el interior. Son pocos los juzgados que tienen.

-¿Y el sistema de seguridad en los juzgados es el adecuado o debería reforzarse?

-El sistema de seguridad es con cámaras, eso está. Lo que no hay es personal policial.

-Se llegaron a registrar fugas en algunos juzgados…

-Sí, pero los casos que ha habido fueron en los juzgados penales de Montevideo. Y ahí hay custodia... Hubo cosas raras.

-¿Se le enseña a los jueces durante su formación a tratar con situaciones que involucran a grupos de crimen organizado?

-De eso se encarga el CEJU (Centro de Estudios Judiciales del Uruguay). Pero está dentro del programa toda la parte penal. También se le enseña ética y un montón de cosas, eso lo podría contar mejor la directora del centro.

-¿En algún momento hubo alguna filtración del crimen organizado en el sistema judicial?

-No, no me consta que haya existido. Considero que en este momento las medidas que se toman son las adecuadas, no se ha detectado lo contrario.

-¿Usted ha mantenido o prevé tener reuniones con autoridades regionales para tratar este tema?

-Estos temas a veces se abordan en las cumbres judiciales iberoamericanas, de las cuales somos la sede permanente, por ejemplo con trabajos sobre crimen organizado. En la sesión pasada uno de los trabajos era la justicia transfronteriza. Y hay otras instituciones, por ejemplo una con España, Portugal y América en la que se trabaja sobre estos temas.

-¿Se precisa más presupuesto para que el Poder Judicial pueda tener herramientas para enfrentar el crimen organizado?

-Para el Poder Judicial y para la Fiscalía, porque su labor repercute en el Poder Judicial. No hay que olvidarse que ahora son quienes llevan la parte acusatoria. Se necesita mayor presupuesto en muchas áreas, para los dos.

-¿Qué áreas hay que profundizar para estar aggiornados ante el fenómeno delictivo?

-A veces se hacen algunos seminarios, hace poco se hicieron algunos sobre criptomonedas y otro sobre lavado de dineros. Se hacen frecuentemente. El año pasado vino y este año viene de vuelta la Guardia de Finanzas de Italia a dar cursos sobre cómo enfrentar el crimen organizado.

-Usted remarca que no es la primera vez que manifiestan la necesidad de que se asigne mayor presupuesto. ¿Cómo se hace mientras tanto para maximizar los recursos con que se cuentan?

-Hay que hacer lo mejor que se puede con lo que hay. Se trata de atender todas las áreas lo mejor que se pueda. Lo que falta es lo que precisamos. Por ejemplo, en violencia de género hemos pedido 24 juzgados, seis para Montevideo y 18 para el interior. Se nos dio solo uno y para el año 2027. De todo lo que hemos pedido para rubros presupuestales se nos da un 6,5% del total. Pero no es solo eso. A veces llega más y a veces menos, pero siempre, históricamente, se relega al Poder Judicial. Hubo un solo año que en el presupuesto nos dieron un 42% de lo que pedíamos, que fue en el período 2010-2015. Pero, a su vez, del 2015 al 2019 nos dieron cero. Ahí compensaron. En el presupuesto pasado nos dieron un 11,6 % de lo que pedimos, y ahora menos. Vamos bajando. En las rendiciones a veces nos dan cero, o 1% o 2% de lo que pedimos.

-¿Casos como el atentado a la fiscal Ferrero pueden llevar a que el poder político tome conciencia sobre la importancia del Poder Judicial y de la Fiscalía?

-Es el poder político el que tiene la palabra de velar, no solo por ese asunto. El problema es que el Poder Judicial tiene una importancia enorme en el desarrollo económico, en el desarrollo de las personas. Como yo dije en mi alocución ante el Parlamento, el presupuesto se basa en tres áreas, según lo que dijo el ministro de Economía. El desarrollo, el empleo y la inversión. El Poder Judicial tiene una amplia importancia dentro del desarrollo. Si no hay un sistema judicial fuerte, los inversores no vienen. ¿Se le presta a Uruguay con un interés más bajo que los demás? Porque hay seguridad jurídica. Sobre la creación de trabajo, de la que habló el ministro, por más que se hagan leyes si no hay un Poder Judicial que defienda el derecho de los trabajadores, no va a haber cumplimiento de las normas. La gente no cumple la normas voluntariamente muchas veces. ¿Cómo se va a garantizar el empleo? Los inversores vienen acá porque hay un Poder Judicial bueno.

En el Poder Judicial hay una leyenda que dice que usted construyó sus casas con sus propias manos. ¿Es así?

-No es una leyenda. Fue así. Antes de empezar la obra, tramité los certificados de autoconstrucción. La primera casa la construí en 1992.

-¿Contató a un albañil y fue de ayudante?

-No. La especialidad mía es demoler. Compré una casa vieja, la demolí toda y la empezamos de abajo. Los trabajos brutos, como la demolición, es mi especialidad. Mientras que mi esposa es experta en pegar azulejos. Y mi padre levataba paredes. La casa era de ladrillo visto. Trabajaba los fines de semana. Nos llevó un año construirla

-Se dice que también construyó su casa de veraneo.

-Si, en Playa Hermosa. También colaboré en la construcción de la casa de mi hijo.

En una comparecencia al Parlamento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que no se puede “perder de vista” que el Poder Judicial es el “último garante” de los derechos de los ciudadanos y que tiene como eje central de su accionar el individuo y en especial la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

“En suma, no puede haber justicia de ninguna especie sin un Poder Judicial fuerte e independiente dotado de los recursos correspondientes”, advirtió el titular del máximo órgano del Poder Judicial. En este sentido, Pérez destacó que el presupuesto presentado por la SCJ es el resultado de un largo proceso de debates que se llevaron a cabo entre sus distintos estamentos, guiados por profesionales, lo que permitió determinar las áreas que necesitaban mayor atención teniendo y recursos, con la única finalidad de dotar de un mejor servicio a la ciudadanía. “Es como siempre ha sido. Se trata de un presupuesto medido, con las necesidades mínimas imprescindibles para el quinquenio y tomando en cuenta la situación financiera del país”, señaló.