Oposición exige aumento de recursos para Fiscalía; el FA insiste con que prioridad es aprobar los impuestos

El reclamo y las reacciones se repiten en loop desde que la Fiscalía General de la Nación se transformó, primero, en un servicio descentralizado (2015) y, luego, en un actor preponderante con el nuevo Código del Proceso Penal (2017): más recursos para hacer frente a condiciones de trabajo desbordante, y un no casi rotundo por parte del sistema político. Es lo que se repite quinquenio a quinquienio, cuando los gobiernos presentan su Presupuesto Nacional, y año a año con las respectivas rendiciones de cuentas.

El escenario volvió a darse este 2025, aunque con dos particularidades: la figura que durante más tiempo insistió con reforzar al Ministerio Público hoy cambió de mostrador —Jorge Díaz, fiscal de Corte desde 2012 a 2021, ahora ocupa el cargo de prosecretario de Presidencia— y con un atentado directo contra la actual fiscal general —Mónica Ferrero— por parte del crimen organizado, en días en los que el Parlamento los legisladores ultiman las negociaciones sobre el Presupuesto.

Esto propició pronunciamientos varios desde todo los partidos —e instituciones democráticas— en respaldo a la fiscal subrogante de Corte tras el avance del narcotráfico, y una postura de apoyo a la figura de Ferrero cada vez más cerrada por la mayoría de los sectores de la oposición —que se oponen a un cambio de fiscal de Corte, objetivo que mantiene el gobierno de Yamandú Orsi para este período, y por lo cual intensifica los esfuerzos en negociaciones que procuran encontrar un nombre de consenso, meta por el momento lejana.

Ahora bien, lo que se volvió a repetir fue el rechazo del Poder Ejecutivo —en su Presupuesto Quinquenal— a incluir la demanda de la Fiscalía, que solicitó al Parlamento en su mensaje presupuestal un aumento de US$ 17 millones para 2026, pero que en cambio el gobierno solo aceptó proponer un millón de aumento para ese año —y un US$ 1.5 millones para 2027.

Con este escenario de base, el senador colorado Pedro Bordaberry —cuyo sector, Vamos Uruguay, es el único espacio de la coalición que declara explícitamente abrirse al diálogo con el gobierno para designar a un fiscal de Corte titular— propuso este jueves "duplicar" incluso la partida extra que solicitó Ferrero para la Fiscalía, y que la institución obtenga un aumento de "34 y no 17" millones de dólares.

Es un planteo que, en lo esencial, es compartido por las bancadas de la oposición.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva, por ejemplo, dijo a El País que consideraba que el Instituto Nacional de Colonización es "el único organismo que ganó en este Presupuesto", y que consideraba "claro que a los fiscales hay que encontrarles mecanismos de protección". "La custodia no sale gratis", afirmó el legislador blanco, que insistió: "Es evidente que a la Fiscalía hay que reforzarla presupuestalmente, aunque sea para proteger a los fiscales mientras están dando una batalla" contra el crimen organizado, dijo y subrayó: "La Fiscalía debe ser reforzada".

El diputado Pablo Abdala, integrante de la comisión de Presupuesto donde se discute el proyecto quinquenal, aseguró en tanto que la idea de los nacionalistas, "por supuesto", es "fortalecer" al Ministerio Público. Y que ese es "uno de los problemas a los que el Parlamento debe abocarse a resolver". "Comparto plenamente la inquietud de Bordaberry", dijo en este sentido, aunque añadió, con un matiz, que "de dónde sacar recursos es algo sobre lo que hay que trabajar".

Este jueves por la mañana, el diputado de Vamos Uruguay Gabriel Gurméndez remarcó por su parte que asignar un incremento de casi US$ 170 millones a Colonización implica destinar una "cifra enorme", habida cuenta de otras necesidades básicas que tiene el país, como por ejemplo el "combate al narcotráfico" en medio de "los hechos conocidos", dijo en referencia al ataque contra Ferrero mientras dormía en su casa en la madrugada de este domingo.

El diputado del Frente Amplio Alejandro Zavala indicó a El País que lo que propone Bordaberry es “asfixiar al INC”, y que eso “está lejos de ser algo” que “interese” a la bancada oficialista. En ese sentido, el legislador oficialista recordó que el fortalecimiento del instituto es una de las prioridades definidas por este gobierno, e incluso forma parte del programa del Frente Amplio con el que ganaron las elecciones.

No obstante, sobre la Fiscalía afirmó a El País que sí tienen como prioridad fortalecerla con más recursos que los propuestos por el Poder Ejecutivo, pero que en la coalición de izquierda entienden que lo primero es cerrar el acuerdo por la votación de los impuestos formulados por el gobierno y defendidos por el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Obtener las necesarias mayorías para que las modificaciones tributarias sean aprobadas —como el llamado Impuesto Temu o la aplicación doméstica del Impuesto Mínimo Global— es importante ya que en la Cámara de Representantes —recordó— el oficialismo tiene solo 48 legisladores.

Además, quien los apoye de la oposición en la votación de los impuestos, dijo, va a pedir que se destinen “recursos hacia algún lugar” y, como estos son finitos, hasta que no se tenga claro que se van a aprobar, no se sabe el “tamaño de lo que te queda para redistribuir”, añadió el diputado frenteamplista.