Prospección sísmica en Uruguay: presentan una nueva acción de amparo para suspender la exploración offshore

Organizaciones vinculadas a la pesca, la academia y la conservación ambiental presentaron una acción de amparo ante la Justicia para solicitar la suspensión de las actividades de prospección sísmica offshore que se desarrollan en aguas uruguayas desde el pasado 6 de marzo. La medida apunta contra el Poder Ejecutivo, varios ministerios, Ancap y la empresa CGG Services (US) Inc., responsable de las operaciones.

El recurso, al que accedió El País, fue promovido por trabajadores de la industria pesquera, sindicatos, veterinarios especializados y organizaciones ambientales, quienes argumentan que la actividad genera daños ambientales, económicos y sociales “graves e irreparables”, además de vulnerar derechos fundamentales.

Según el escrito judicial presentado por el abogado Hoenir Sarthou, la prospección sísmica —utilizada para la exploración de hidrocarburos— consiste en la emisión de ondas sonoras de alta intensidad mediante cañones de aire comprimido que alcanzan niveles superiores a los 230 decibeles bajo el agua. Estas señales, que se repiten cada pocos segundos, "pueden propagarse a cientos de kilómetros, afectando no solo las zonas de operación sino también áreas costeras", señalaron.

Los demandantes sostienen que "este nivel de ruido impacta de forma directa sobre la fauna marina, desde el plancton hasta los grandes mamíferos". En particular, advierten que "puede provocar mortalidad en organismos microscópicos, alteraciones en peces —incluyendo daños auditivos y reducción en la reproducción—, así como cambios de comportamiento en tortugas y cetáceos".

Foto: Estefanía Leal/El País.

El informe técnico presentado como evidencia, al que accedió El País, señala que estos efectos "pueden comprometer la sostenibilidad de las pesquerías y afectar especies de alto valor comercial en Uruguay, como la corvina y la pescadilla, que utilizan sonidos de baja frecuencia para reproducirse". Asimismo, se advierte que "las ondas acústicas pueden interferir en procesos clave como la alimentación, migración y cría".

Los impulsores del amparo también cuestionan la falta de medidas preventivas adecuadas. Denuncian que "no se realizaron estudios de línea de base previos ni monitoreos suficientes antes del inicio de la actividad", y que los controles previstos son “insuficientes e incompletos”. En ese sentido, señalan que la evaluación ambiental comenzó cuando la prospección ya estaba en marcha.

Otro de los puntos centrales del reclamo refiere a las consecuencias económicas. Según los actores, "la actividad sísmica reduce la presencia de peces y afecta directamente la productividad pesquera, lo que repercute en los ingresos de trabajadores, empresas y sectores vinculados a la cadena productiva". Además, denuncian que "durante las operaciones se restringe el acceso a zonas de pesca, limitando el derecho al trabajo".

Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Los demandantes entienden que "la autorización otorgada por el Ministerio de Ambiente contradice el artículo 47 de la Constitución", que establece "el deber de proteger el medio ambiente, así como normas legales que promueven el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos".

Desde el punto de vista científico, el informe advierte que "el Atlántico Sudoccidental —donde se ubican las áreas de prospección— es una zona de alta biodiversidad y productividad, considerada estratégica para la conservación y la pesca". A esto se suma que "la región enfrenta un proceso de calentamiento oceánico acelerado, lo que incrementa la vulnerabilidad del ecosistema ante nuevas perturbaciones".

Foto: Estefanía Leal.

En ese contexto, los especialistas subrayan que los impactos de la actividad sísmica "pueden ser acumulativos, de largo plazo y en algunos casos irreversibles", por lo que recomiendan "aplicar el principio precautorio y profundizar los estudios antes de avanzar con este tipo de exploraciones".

La Justicia deberá ahora analizar el planteo y resolver si corresponde suspender de forma inmediata las operaciones mientras se evalúa el fondo del asunto. En un antecedente reciente, la Justicia no dio lugar a una acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y organizaciones sociales para suspender la prospección sísmica.

El recurso incorpora un informe elaborado por científicos uruguayos que forman parte de la Universidad de la República, pertenecientes a la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Ciencias del Mar (UNDECIMAR), el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), el Centro Universitario Regional del Este (CURE) y el Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO), y de la Universidad de Chile. Los científicos responsables del informe son: Cecilia Alonso, Omar Defeo, Daniel Gilardoni, Ofelia Gutiérrez, Paula Laporta, Mauricio Lima, Daniel Panario y Javier Sánchez Tellechea.