INVESTIGACIÓN POR ACOSO SEXUAL

La megacausa que investiga los delitos de retribución o promesa de retribución a menores a cambio de que ejecuten actos eróticos, denominada “Operación Océano”, tuvo ayer la primera persona condenada. La pena se logró mediante un proceso abreviado, lo que significa que la Fiscalía y la defensa del imputado lograron llegar a un acuerdo.

Pero, según indicaron fuentes del caso a El País, esta no sería la única condena posible de alcanzar tras un proceso de estas características. En las últimas semanas al menos dos abogados defensores de otros imputados se acercaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo de Darviña Viera y de las fiscales adscriptas Giuliana Realini y Fulvia Favretto, para negociar un acuerdo sin tener que llegar a un juicio oral.

La fiscal Viera, junto a sus adscriptas, convocaron ayer a una conferencia de prensa para dar a conocer cómo se llegó a la primera condena de la “Operación Océano”.

Según explicó Viera, el abogado defensor de uno de los procesados en el marco de la investigación se acercó a Fiscalía para “conversar” sobre la posibilidad de aplicar un proceso abreviado.

La condena establecida fue de dos años de penitenciaria a cumplirse de la siguiente manera: tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto bajo el régimen de libertad vigilada. La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA), que depende del Ministerio del Interior, será la que esté a cargo de ejercer esta vigilancia.

El condenado también deberá realizar una reparación económica a la víctima, que se fijó en 12 meses de su salario.

Por otra parte se acordó la pérdida de la patria potestad. “De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal y por la Ley de Género 19.589 se dispone justamente la pérdida de la patria potestad y la prohibición de trabajo (por parte de la persona) que tenga que ver con niñas, niños, adolescentes, niños con discapacidad o personas mayores que estén bajo cuidado de alguien”, explicó Viera sobre ese punto.

La condena se estableció por el delito previsto en el artículo 277 bis del Código Penal, que dice que aquel que mediante el uso de “tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación (…) conectare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre la misma, con intención de cometer cualquier delito contra su integridad sexual (…) será castigado con de seis meses de prisión a cuatro de penitenciaría”.

En este caso, entre el hombre y la víctima se produjeron conversaciones, a través de WhatsApp, durante uno o dos meses, en las cuales el condenado le ofreció a la adolescente una retribución, pero nunca se consumó un encuentro.

Según explicó Viera este último punto fue importante para lograr el proceso abreviado. “En este caso son solamente chats, ni siquiera vio a la víctima y es una sola víctima. Uno evalúa todas esas cosas, por eso todos los casos son bien diferentes”, puntualizó y agregó que “no es lo mismo haber estado con la víctima y haber completado la totalidad del delito, a que solamente hayan sido chats”.

La fiscal hizo referencia, sin embargo, a que aunque en este caso no llegó a haber retribución sí se configuró la parte del delito de promesa de retribución para cometer actos sexuales o eróticos.

Por otra parte destacó que para que haya un proceso abreviado entre la defensa y la Fiscalía, la persona debe reconocer el delito. “Una cosa que es bien importante es el reconocimiento que se hace acá por parte del imputado del delito cometido. Y por eso es que se llega a este acuerdo, de lo contrario no habría posibilidad de hacerlo”, subrayó.

Viera se mostró “abierta” a alcanzar más acuerdos con el resto de las personas imputadas. En el marco de la “Operación Océano” hay 32 formalizados, entre ellos el que ayer llegó a un acuerdo.

Además, hay otras dos personas que son requeridas por la Justicia y que aún no fueron detenidas. Viera no descarta que surjan otros involucrados.