POLÉMICA JUDICIAL

La entonces adolescente dijo al adulto de 71 años que le daba vergüenza pedirle algo. Pero como tenía un cumpleaños formal, necesitaba adquirir un pantalón y un collar. No es mucho, explicó la chica. El pedido fue de $ 2.800.

El hombre accedió. No hubo intercambio sexual, según su abogado. El adulto le pidió a la adolescente que le mandara una “selfie”. Hoy ese hombre es uno de los 31 imputados en el marco de la “Operación Océano” por relacionarse con esa chica, que tenía en ese momento 17 años.

La investigación sobre explotación de menores comenzó en noviembre de 2019 por la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Sabrina Flores -hoy en una fiscalía de Flagrancia. Un día antes de reemplazar a Flores, en mayo de este año, la fiscal Darviña Viera debió ordenar las primeras ocho detenciones por un caso de explotación sexual a la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol. Comenzaba la “Operación Océano”.

Más acá en el tiempo, en una audiencia masiva realizada el 14 de agosto y de la que participaron todos los imputados y sus defensas, la abogada de un exdiputado suplente del Partido Colorado, Cecilia Salom, planteó que la Fiscalía General de la Nación debía iniciar una investigación administrativa a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Darviña Viera por entender que había violado la orden de reserva del expediente, decretada por la jueza Adriana de los Santos.

Días más tarde, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, respaldó a Viera y a su equipo. “La prensa llegó para quedarse en los juzgados”, dijo Díaz.

Posteriormente, Salom y el abogado Enrique Díaz, codefensor del exdiputado, elevaron un escrito a la Fiscalía de la Nación solicitando que iniciara la investigación administrativa contra la fiscal Viera y aclarando que la intención no es promover la recusión de las fiscales a cargo de la investigación de la “Operación Océano”.

El documento de Salom y de Enrique Díaz, al que tuvo acceso El País, acusa a la Fiscalía de Delitos Sexuales de impedir a las defensas el conocimiento del legajo fiscal. Pese a la regla de la “publicidad interpartes”, la representación fiscal “mantuvo reservadas” para la defensa la carpeta investigativa y las evidencias allí contenidas durante más de tres meses, dice el escrito.

Y agrega que cuando la defensa del exdiputado suplente concurrió a la sede fiscal para obtener la copia de su legajo investigativo y cotejó los registros entregados, constató que solo se le había proporcionado “una parte fragmentaria” de las evidencias recolectadas durante la investigación fiscal.

Salom y Enrique Díaz también critican a la fiscal Viera por realizar una difusión mediática de la “Operación Océano” y la acusan de filtrar los “chats” entre adultos y la víctima, entonces menor de edad. “Esa conducta (de la Fiscalía) ha implicado la violación de resoluciones, firmes y ejecutoriadas, dictada por los Juzgados Penales competentes, mediante las cuales se vedó a terceros el acceso a las actuaciones cumplidas”, afirma el escrito.

Y advierte el “incumplimiento” por parte de la Fiscalía de Delitos Sexuales de las disposiciones legales que proscriben la difusión del contenido de la investigación y su evidencia a personas ajenas al procedimiento.

En tanto, Viera enfrenta críticas de los defensores de los acusados. Nicolás Pereyra, abogado del hombre de 71 años, dijo a El País que la acusación fiscal “es inadmisible” porque su defendido no incurrió en delito y agregó que la Fiscalía “no recogió” los elementos de convicción suficientes para fundar correctamente un pedido de formalización de la investigación penal en su contra.

Agregó que de la lectura de la exposición de hechos que hace la Fiscalía no surge que “hubo retribución alguna”, “intercambio” ni “actos sexuales o eróticos” de ningún tipo. “Es la víctima quien envía un video a mi representado sin que este se lo pida de ninguna manera”, expresó Pereyra.

Los abogados Alejandro y Carlos Balbi dijeron que su defendido desde el inicio fue inducido a error, ya que la menor le manifestó estar en facultad, o sea, estar cursando estudios terciarios.

“Pero si no fuera poco con esa mentira, al solicitarle mi cliente la cédula, la cual le fue proporcionada, surgía la mayoría de edad de esta chica”, dijo el penalista Alejandro Balbi a El País.

Enseguida se preguntó: “¿Cuál es el objetivo de esa adolescente en adoptar la conducta de la mentira, el engaño, falseando su identidad? “En el caso de mi defendido hay evidentemente una ausencia de dolo (voluntad de cometer un delito)”, afirmó Balbi.

El abogado Ignacio Durán, defensor del productor de eventos Nicolás Chirico, dijo a El País, en tanto, que es la propia “víctima” la que respalda la versión dada por su cliente hace meses en Interpol.

“No hay delito y no lo digo yo, ni Chirico. La víctima en su declaración espontánea y voluntaria, debidamente asistida, dice que mi defendido no tiene nada que ver y que con él no hubo intercambio”, dijo el penalista.

Agregó que la declaración de la víctima fue dada en Fiscalía con todas las garantías y sin la presencia suya ni la de Chirico.

Durán, por otra parte, indicó que tomó conocimiento de que se están por firmar algunos acuerdos abreviados entre la fiscal Viera y algunas defensas de imputados.

“Eso me parece bien porque va a descomprimir y ordenar el proceso” penal, consideró.

Viera ofreció por lo menos dos acuerdos a abogados defensores de imputados que no tuvieron contacto con la víctima.

Por su parte, Martín Frustaci, defensor de tres indagados en la “Operación Océano”, dijo a El País que está a la espera de la segunda audiencia masiva, que se realizará el 8 de octubre próximo, y en la que se discutirá el procedimiento que se usará para indagar a la víctima. Frustaci dijo que sus defendidos no sabían que las chicas con quienes trataban era menores. Y agregó sobre la fiscal Viera: “Se tutela la integridad física de las menores”.