EXPLOTACIÓN SEXUAL

Destacado relacionista público procesado por la "Operación Océano"

Un reconocido relacionista público, que organizó un evento para una figura del fútbol uruguayo, es uno de los ocho procesados por la Justicia.

La fiscal Darviña Viera logró la formalización de 32 hombres; se trata de una investigación récord sobre explotación sexual. Foto: Francisco Flores
La fiscal Darviña Viera logró la formalización de 32 hombres; se trata de una investigación récord sobre explotación sexual. Foto: Francisco Flores

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La investigación de la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, alcanzó ayer los 32 procesados. El procedimiento, denominado Operación Océano, comenzó en Maldonado por el cruce de denuncias de una mujer contra un hombre. La mujer colgó un video donde acusaba al adulto de haber mantenido relaciones sexuales con la menor María (nombre ficticio), hoy fallecida. Luego lo denunció ante la Justicia Penal.

A su vez, el hombre también denunció a la mujer adulta por supuesta difamación. Cuando se periciaron ambos celulares, se detectó la existencia de casos de explotación sexual de menores y el expediente pasó a la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Además de transformarse en una investigación récord por el número de imputados, la Fiscalía también logró ubicar un número histórico de víctimas: 18.

En la tarde de ayer, la fiscal Viera logró que la jueza Adriana de los Santos formalizara la investigación penal contra otros ocho imputados.

Un médico de 40 años, un relacionista público que organizó una fiesta para una figura del fútbol uruguayo, un empresario y un comerciante integran la lista, entre otros. Son todos de clase media alta. Ello significa que se mantiene el perfil de otros imputados: empresarios, comerciantes y profesionales, según señaló ayer la fiscal Viera a la salida del Juzgado Penal de la calle Juan Carlos Gómez.

La fiscal dijo que se trata de una extensa investigación, la cual demorará un buen tiempo en finalizar.

Con respecto a las personas formalizadas, Viera sostuvo que a medida que “van apareciendo personas”, estas son llevadas ante la Justicia. “En este caso se llevó a ocho personas”, dijo la fiscal. También señaló que hay pedidos de detención de más personas. “Son dos las que faltan”, explicó.

Consultada sobre si los imputados pidieron la cédula de identidad a la víctima entonces menor de edad, la representante del Ministerio Público respondió que surge de los chats entre ellos que en algunos casos sí lo hicieron, en otros no o la chica no la mostró pero igualmente siguieron adelante.

Tras finalizar la audiencia, el abogado penalista Nicolás Pereyra se quejó que el jueves 20 recibió de la Fiscalía los chats de su defendido y el resto de la investigación cinco minutos antes de que comenzara la audiencia de formalización de la investigación de su cliente y la declaración de la víctima la obtuvo luego de finalizada la sesión en el Juzgado Penal.

“Entré a la audiencia sin saber la totalidad del expediente”, dijo Pereyra. Y agregó: “A mi juicio, mi cliente no cometió ningún delito. El contexto es que la chica no es ninguna víctima sino al revés”.

El abogado Alejandro Balbi dijo que su defendido fue imputado por comunicación por Internet con una adolescente pero no la conoció personalmente a ella. “Se superpusieron los delitos. Le tipifican por el Código Penal y por la Ley de Género”, cuestionó.

El penalista Rafael Silva consideró que la solicitud de formalización realizada por la Fiscalía tiene una ausencia de tipificación de delito, ya que su defendido chateaba en Tinder (aplicación de citas) con dos chicas y quería solo dialogar con la mayor y no con la menor. “No está claro que mi defendido mantuvo una conversación con la entonces adolescente”, afirmó Silva. Y agregó que el registro de Tinder sostiene que todos los participantes son mayores de edad.

Y dijo que del chat no surge que su cliente ofreció dinero.

La muy probable sanción pecuniaria para condenados

El artículo 80 de la Ley de Violencia contra la mujer basada en Género (19.580) establece penas pecuniarias para los condenados por casos de abuso o explotación sexual. Dicho artículo sostiene: “En la sentencia de condena, además de la pena, se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos”.

El miércoles 19, consultada por El País, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, dijo que hoy su prioridad es la investigación del delito. Refiriéndose en forma general y no sobre el caso en particular, Viera dijo que el pago de 12 mensualidades es una de las penas previstas por la legislación. “Nosotros apuntamos a la condena (de los victimarios). La sanción pecuniaria también se pone (en la condena) después”, agregó. Sostuvo que en el fallo se establece que se condene a “fulano de tal” por determinado delito y a la pena de prisión por tantos años. “Asimismo (se dice) en penas accesorias que se disponga la pérdida de la patria potestad y también la condena pecuniaria que dispone que el condenado debe pagarle a la víctima. Es el artículo 80 de la ley 19.580”, dijo.

Ayer, tras lograr la formalización de la investigación para ocho imputados en el marco de la Operación Océano, la fiscal insistió en que su prioridad en este momento es lograr pruebas para formalizar a aquellas personas que se vincularon en forma ilícita con la entonces menor.

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