ESTRATEGIAS JURÍDICAS

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Hay dos grupos de WhatsApp que nuclean a abogados penalistas que participan en la Operación Océano. En uno de ellos hay 22 profesionales, la mayoría de renombre. O tienen una extensa carrera en el ejercicio de la abogacía penal u ocupan cátedras de esa materia.

En los grupos, los penalistas analizan datos, intercambian informaciones y elaboran estrategias jurídicas.

El jueves 14 -horas antes de una inédita audiencia en el Palacio de los Tribunales donde participaron más de 60 personas entre abogados, imputados, fiscales, la jueza y funcionarios del Poder Judicial- un profesional sacudió uno de los grupos de WhatsApp y lanzó una advertencia. Dijo a sus colegas que, en la audiencia del día siguiente, la fiscal Darviña Viera y su equipo podían solicitar que la Operación Océano se incluyera dentro del régimen de la ley 19.580 (Violencia hacia las Mujeres basada en Género).

El artículo 80 de dicha ley 19.580 establece penas pecuniarias para los condenados por casos de abuso o explotación sexual.

La ley dice: “En la sentencia de condena, además de la pena, se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos”.

Consultada por El País sobre si la estrategia jurídica de la Fiscalía consiste en llegar a una sanción pecuniaria contra los condenados en base a la Ley de Violencia de Género, la fiscal Viera respondió, en forma general y no refiriéndose a este caso en particular, que el pago de 12 mensualidades es una de las penas previstas por la legislación. “Nosotros apuntamos a la condena (de los victimarios). La sanción pecuniaria también se pone (en la condena) después”, expresó.

Y explicó que en el fallo se determine que se condene a “fulano de tal” por determinado delito y a la pena de prisión por tantos años. “Asimismo (se establece) en las penas accesorias que se disponga la pérdida de la patria potestad y también la condena pecuniaria que dispone que el condenado debe pagarle a la víctima. Es el artículo 80 de la ley 19.580”, explicó.

Luego de finalizada la audiencia masiva, varios abogados realizaron un análisis de las ocho horas de sesión en el Palacio de los Tribunales.

Coincidieron en que la estrategia jurídica de la fiscal Viera era la siguiente: primero plantear la declaración anticipada de una adolescente en el marco de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género y luego pedir a la Justicia el embargo de los bienes de todos los imputados.

Los abogados rechazaron, en la audiencia, que la Operación Océano se enmarque dentro de dicha norma porque consideraron que no existió violencia de los imputados hacia las víctimas.

En cambio, la Fiscalía sostiene que existe una obvia asimetría entre el empresario, que tiene dinero, mayor experiencia y utiliza autos de alta gama y la adolescente víctima.

El artículo 4 de la Ley de Violencia de Género señala: “Se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres”.

Los mayoría de los abogados argumentaron que sus defendidos ingresaron en páginas como Tinder, Badoo o Locanto a buscar parejas casuales. En esas páginas, señalaron, se deja constancia que todas las personas son mayores de edad.

A juicio de los profesionales, entre sus defendidos y las chicas hubo una conversación amistosa y luego concretaron para verse personalmente.

Y señalaron que violencia o asimetría se da cuando el empresario concurre, por ejemplo, a un liceo luciendo un auto de alta gama y ofreciendo retribuciones económicas a las adolescentes. En la audiencia, la jueza penal Adriana de los Santos le dio la razón a la fiscal Viera y consideró que la Operación Océano debía enmarcarse dentro de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género.

La gran mayoría de los abogados advirtieron que iban a apelar la resolución de la magistrada. Las apelaciones se presentarán entre este miércoles y el próximo viernes, según supo El País.

En algunos escritos, los profesionales insistieron en que el objetivo de la Fiscalía es llegar a una sanción pecuniaria para los condenados.

En caso de que el Tribunal de Apelaciones ratifique el fallo de la jueza De los Santos, la Fiscalía podrá pedir el embargo de todos los bienes de los imputados actuales y futuros para garantizar que la víctima perciba las 12 mensualidades si estos son condenados.

Las víctimas menores de edad son 18 en total.

Investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol detuvieron ayer a cuatro personas, otras dos serán llevadas a la Fiscalía por sus abogados y se aguarda siete detenciones para mañana.

El perfil de los detenidos se mantiene: personas de clase media-alta (empresarios, comerciantes y profesionales). Todos los sospechosos se relacionaron con la misma adolescente. El número de imputados podría alcanzar los 33 en las próximas horas. Además, hoy podría haber una audiencia de formalización del proceso para los detenidos.