INVESTIGACIÓN
Este delito tiene una pena mínima de dos y un máximo de 12 años de penitenciaría. Es decir, aquel imputado que pierda el juicio puede enfrentar una pena efectiva de prisión.
Este viernes en la mañana se realizó una audiencia ante la Justicia, a la que asistieron los 21 imputados de incurrir en "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo" el caso denominado "Operación Océano".
La jueza Adriana de los Santos hizo lugar al pedido de la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, y convocó a esta audiencia inédita. En octubre habrá una segunda audiencia.
Este delito tiene una pena mínima de dos y un máximo de 12 años de penitenciaría. Es decir, aquel imputado que pierda el juicio puede enfrentar una pena efectiva de prisión.
Para que la audiencia se desarrollara en condiciones adecuadas y acordes al protocolo de emergencia sanitaria, se obtuvo la autorización para celebrarla audiencia en la Sala de Constitución, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales y con capacidad para 150 personas.
Las víctimas no comparecieron a la audiencia. Se encontraban conectados desde otra sede de la Fiscalía. Sí estuvieron presentes sus abogados. En principio, las defensas no quisieron decir a quiénes representan. Argumentaron que cuando la fiscal dijera por qué motivo era la audiencia ahí sí dirían a quién representan.
La jueza decidió levantar la reserva del expediente. La medida fue tomada para que los abogados que actúan como defensores puedan acceder a ese expediente.
Son 22 víctimas y 21 victimarios. Se impuso la ampliación de medida de no comunicación y no acercamiento en un radio de 1000 metros; los abogados decidieron impugnarlo porque entienden que es inaplicable.
¿Por qué la audiencia es reservada?
Raúl Oxandabarat, vocero de la Suprema Corte de Justicia, explicó que la audiencia fue reservada porque se podrían revelar las identidades de las víctimas.
"La Fiscalía planteó la necesidad de reserva, basada en preservar a las personas que terminan siendo víctimas en este proceso. Es decir, las jóvenes que fueron objeto de abuso sexual. A efectos de preservar la identidad y de no exponer a estas personas, la jueza aceptó que efectivamente todo el procedimiento, por lo tanto las audiencias como parte del procesamiento, fueran reservadas", explicó.
"Si bien el principio actual es que los procesos penales son públicos, por las causas establecidas en la ley la Justicia puede establecer la reserva porque en este caso ni la prensa, ni el público en general puede participar de las audiencias", agregó.
Asimismo detalló: "La narración o relatos que plantea Fiscalía sobre el abuso implica conocer detalles de los vínculos entre los adultos y las jóvenes, esos vínculos se dieron especialmente por mensajes y naturalmente se podría hablar de detalles que podrían indicar la identidad de las víctimas. No es posible saber de antemano cuál va a ser la dinámica del caso, se reserva la audiencia para que esos datos de identidad no circulen a nivel público".
Los hechos
La investigación de "Operación Océano" comenzó con la denuncia por abuso sexual contra una persona que reside en Maldonado conocido como “el Paraguayo”. El 28 de noviembre de 2019, de una denuncia surge que “el Paraguayo” se vinculó con la adolescente María Sorrentino y Laura Benítez (nombres ficticios), mayor de edad.
Benítez dijo que “el Paraguayo” había abusado sexualmente de Sorrentino. A su vez, el hombre acusado presentó una denuncia contra Benítez por difamación e injurias, debido a que la misma habría subido un video a una red social señalando que éste había abusado de la adolescente.
Benítez también aportó sus datos y su celular para la investigación sobre el mayor caso de explotación sexual de la historia del país. Luego de diversas diligencias y capturas de pantallas de los celulares de las dos mujeres, surgen datos de otras menores que serían víctimas de explotación sexual por hasta el momento 21 hombres mayores de edad.
Los chats revelan que los imputados habrían pagado o prometido pagar a la adolescente dinero o estupefacientes a cambio de actos sexuales de diversos tipos, incluido el envío de fotografías de índole sexual.