La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) expresó este miércoles su solidaridad con la jueza María Andrea Lapaz Camacho, quien había sido cuestionada por el periodista Ignacio Álvarez, luego de que un fallo judicial lo obligara a retirar de las plataformas digitales un informe emitido en su programa de streaming Todo se sabe, en el que se denunciaban presuntas irregularidades en el hogar de menores Tulipanes, ubicado en Las Piedras, Canelones.
A través de un comunicado, AMU hizo referencia a que la magistrada recibió "ataques y cuestionamientos personales" a través de redes sociales y medios de comunicación "por el mero hecho de cumplir con el ejercicio encomendado de su profesión".
Señalaron que como integrantes del sistema de Justicia, defenderán el derecho ciudadano de "impugnar una resolución judicial discorde", aunque sostienen no reconocer que las "agresiones y persecuciones personales" sean "una forma de expresión o defensa". En ese sentido, consideran que esas actuaciones "forman parte de un hecho de violencia",
Por otro lado, en el comunicado manifestaron su "apoyo y acompañamiento" a la jueza Lapaz Camacho.
El caso
La resolución de retirar el programa fue adoptada por la jueza a partir de una denuncia presentada por los responsables del establecimiento y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Según explicó Álvarez, la magistrada consideró que el contenido periodístico "vulneraba derechos" de los menores alojados en el centro.
El informe había sido elaborado por la periodista Patricia Martín, quien concurrió hasta el establecimiento, intentó dialogar con sus responsables y recogió testimonios de vecinos, familiares y personas vinculadas al funcionamiento del hogar.
El enojo de Álvarez con la jueza: "Está mal de la cabeza"
Uno de los aspectos que más molestó al conductor fue que, según explicó, la resolución judicial también estableció restricciones para que Patricia Martín y otros integrantes de Todo se sabe mantuvieran contacto no solo con los menores, sino también con vecinos, denunciantes y testigos vinculados al caso.
Álvarez consideró que la medida representa una limitación injustificada al trabajo periodístico y apuntó directamente contra la magistrada.
"Es una jueza que está mal de la cabeza, María Andrea Lapaz Camacho. Me dice a mí que yo no puedo llamar al vecino y decirle: 'Che, ¿cómo anda la cosa por ahí?'", expresó visiblemente molesto.
El periodista argumentó que los vecinos habían accedido voluntariamente a brindar sus testimonios y cuestionó que una resolución judicial pudiera impedir nuevos contactos con las fuentes de información.
También rechazó el fundamento de la protección de los derechos de los menores utilizado para disponer la eliminación del informe.
"¿Bajarte el informe? ¿La gente no puede enterarse de lo que pasó allí? Y todo invocando los derechos vulnerados. Los derechos vulnerados los tienen los chiquilines por las cosas que nosotros denunciamos precisamente en ese informe", afirmó.
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