El periodista Ignacio Álvarez expresó su indignación luego de que un fallo judicial lo obligara a retirar de las plataformas digitales un informe emitido en su programa de streaming Todo se sabe, en el que se denunciaban presuntas irregularidades en el hogar de menores Tulipanes, ubicado en Las Piedras, Canelones.
La resolución fue adoptada por la jueza María Andrea Lapaz Camacho, a partir de una denuncia presentada por los responsables del establecimiento y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Según explicó Álvarez, la magistrada consideró que el contenido periodístico "vulneraba derechos" de los menores alojados en el centro.
El informe había sido elaborado por la periodista Patricia Martín, quien concurrió hasta el establecimiento, intentó dialogar con sus responsables y recogió testimonios de vecinos, familiares y personas vinculadas al funcionamiento del hogar.
Álvarez aseguró que durante la investigación no se entrevistó a ninguno de los menores residentes y cuestionó que, pese a ello, la Justicia ordenara retirar la totalidad del contenido.
"Es insólito. Un fallo judicial que nos ordenó dar de baja todo el informe que hicimos del hogar Tulipanes en Todo se sabe. Lo tuve que sacar de todos lados, de YouTube y de las redes sociales", expresó durante su programa radial La pecera, de Azul FM.
"Jamás se entrevistó a un menor, jamás", insistió, al describir el trabajo realizado por Martín, quien, según su relato, únicamente mantuvo un escueto intercambio con un responsable del establecimiento en la puerta de ingreso.
Las denuncias sobre el hogar Tulipanes
El caso tomó notoriedad luego de un siniestro de tránsito protagonizado por un militar que circulaba durante la madrugada con menores del hogar en el vehículo, presuntamente fugadas o al menos sin autorización. En ellas se comprobó consumo de sustancias.
A partir de ese episodio, el equipo periodístico de Álvarez comenzó a investigar el funcionamiento del establecimiento y recogió denuncias sobre presuntas deficiencias en la alimentación, higiene, atención médica y condiciones generales de convivencia.
El conductor sostuvo que vecinos de la zona habían aportado grabaciones de gritos y peleas provenientes del hogar, mientras que familiares de algunas adolescentes cuestionaron la atención que recibían.
También recordó el testimonio de una madre que denunció las condiciones en las que se encontraba su hija de 17 años, una de las adolescentes involucradas en el episodio del vehículo. Según relató Álvarez, la joven fue posteriormente trasladada a otro centro, donde habría experimentado una mejoría considerable.
El periodista aseguró, además, que otra magistrada había dispuesto que el INAU retirara a los menores del establecimiento, aunque esa decisión quedó suspendida a raíz de un recurso presentado por el hogar.
De acuerdo con su versión, las autoridades nacionales también fueron informadas de las denuncias, pero el establecimiento continúa funcionando.
El enojo de Álvarez con la jueza: "Está mal de la cabeza"
Uno de los aspectos que más molestó al conductor fue que, según explicó, la resolución judicial también estableció restricciones para que Patricia Martín y otros integrantes de Todo se sabe mantuvieran contacto no solo con los menores, sino también con vecinos, denunciantes y testigos vinculados al caso.
Álvarez consideró que la medida representa una limitación injustificada al trabajo periodístico y apuntó directamente contra la magistrada.
"Es una jueza que está mal de la cabeza, María Andrea Lapaz Camacho. Me dice a mí que yo no puedo llamar al vecino y decirle: 'Che, ¿cómo anda la cosa por ahí?'", expresó visiblemente molesto.
El periodista argumentó que los vecinos habían accedido voluntariamente a brindar sus testimonios y cuestionó que una resolución judicial pudiera impedir nuevos contactos con las fuentes de información.
También rechazó el fundamento de la protección de los derechos de los menores utilizado para disponer la eliminación del informe.
"¿Bajarte el informe? ¿La gente no puede enterarse de lo que pasó allí? Y todo invocando los derechos vulnerados. Los derechos vulnerados los tienen los chiquilines por las cosas que nosotros denunciamos precisamente en ese informe", afirmó.
Acató el fallo, pero anunció una apelación
Pese a sus críticas, Álvarez confirmó que cumplió con la resolución de primera instancia y retiró el informe de YouTube y las redes sociales del programa. Sin embargo, adelantó que recurrirá la decisión ante un tribunal de apelaciones, con la expectativa de que se reviertan las restricciones impuestas.
"Vamos al Tribunal de Apelaciones, que va a zanjar esto. Por supuesto se va a presentar un recurso de apelación", aseguró.
El conductor defendió la investigación realizada por su equipo y sostuvo que el objetivo de la cobertura fue dar visibilidad a situaciones que, según las denuncias recibidas, afectaban a adolescentes bajo la tutela del Estado.
El episodio abre así una controversia entre la protección judicial de los derechos de niños y adolescentes y el ejercicio de la libertad de prensa, en un caso que todavía tiene instancias judiciales pendientes.
Las denuncias sobre el funcionamiento del hogar y el alcance de las medidas judiciales fueron expuestos por Álvarez en su programa; no se cuenta aquí con el texto íntegro de las resoluciones ni con la versión de las autoridades del centro y del INAU para contrastar sus afirmaciones.
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