"Daño serio al medio ambiente marino": el martes habrá nueva audiencia por amparo contra prospección sísmica

Este viernes se realizó una audiencia pública en el Juzgado Civil de 17º Turno por el recurso de amparo presentado contra la exploración de hidrocarburos en el mar uruguayo. El encuentro, que tuvo lugar en la sede de Pasaje de los Derechos Humanos 1309, en Montevideo, surgió tras la acción impulsada por un amplio frente de organizaciones sociales y sindicatos que exigen la suspensión inmediata de la búsqueda de petróleo en aguas uruguayas.

La demanda, patrocinada por el abogado Hoenir Sarthou, cuenta con el respaldo de agrupaciones como Costa Viva Rocha y Mar Azul Uruguayo, además de gremios del sector pesquero y veterinario. Como parte demandada comparecieron los ministerios de Ambiente; Industria, Energía y Minería; y Ganadería, Agricultura y Pesca, junto a Ancap y la empresa Viridien (CGG Services), responsable de las tareas de prospección sísmica.

Sarthou señaló en rueda de prensa que "en su momento se aprobó el plan de navegación y se dio la aprobación ambiental el 27 de febrero, pero el 6 de ese mes ya empezó la prospección sísmica". El próximo martes 14 de abril a las 14:00 horas se realizará una nueva audiencia.

"La prospección significa bombardea el mar con sonidos de muy altos decibeles. 230 decibeles, cuando 130 es el máximo que puede tolerar el oído humano sin sufrir daño", sostuvo el abogado. "Se está causando un daño serio al medio ambiente marino y a la fauna", agregó.

Sarthou consideró que la prospección "repercute en la actividad pesquera y la situación ambiental". Además, aseguró que sea cual sea el fallo habrá una apelación, de la parte demandante o demandada. "Eso extendería los tiempos y no ayuda a los perjuicios que tratamos de prevenir", expresó Sarthou.

Foto: Estefanía Leal/El País.

El núcleo de la argumentación demandante reside en un informe elaborado por expertos de la Universidad de la República (Udelar) y la Pontificia Universidad Católica de Chile. El documento técnico involucra a Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Ciencias del Mar (UNDECIMAR), el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), el Centro Universitario Regional del Este (CURE) y el Instituto de Ciencias Oceánicas (ICO).

Esta evidencia científica busca demostrar que "el impacto de la prospección sísmica trasciende lo teórico y pone en jaque la biodiversidad marina". Entre los firmantes del reporte figuran nombres de trayectoria en la academia uruguaya como Omar Defeo, Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez, Cecilia Alonso y Paula Laporta, junto a otros investigadores que sostienen que la exploración hidrocarburífera "es incompatible con la preservación de los recursos oceánicos del país".

Foto de Archivo.

Los demandantes entienden que "la autorización otorgada por el Ministerio de Ambiente contradice el artículo 47 de la Constitución", que establece "el deber de proteger el medio ambiente, así como normas legales que promueven el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos".

Desde el punto de vista científico, el informe advierte que "el Atlántico Sudoccidental —donde se ubican las áreas de prospección— es una zona de alta biodiversidad y productividad, considerada estratégica para la conservación y la pesca". A esto se suma que "la región enfrenta un proceso de calentamiento oceánico acelerado, lo que incrementa la vulnerabilidad del ecosistema ante nuevas perturbaciones".

Foto: Estefanía Leal.

En ese contexto, los especialistas subrayan que los impactos de la actividad sísmica "pueden ser acumulativos, de largo plazo y en algunos casos irreversibles", por lo que recomiendan "aplicar el principio precautorio y profundizar los estudios antes de avanzar con este tipo de exploraciones".

La Justicia deberá ahora analizar el planteo y resolverá el próximo martes si corresponde suspender de forma inmediata las operaciones mientras se evalúa el fondo del asunto. En un antecedente reciente, la Justicia no dio lugar a una acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y organizaciones sociales para suspender la prospección sísmica.