EN REPRESALIA A LAS INCAUTACIONES

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A las 2 de la madrugada del 9 de mayo pasado, una granada explotó en el estacionamiento de la Brigada Antidrogas ubicada en el barrio Prado. El explosivo causó daños en cinco vehículos.

Las filmaciones muestran a un auto que se detuvo y luego una gran llamarada acompañada de un estruendo. Segundos más tarde, varios policías corren hacia el lugar.

En un primer momento, los investigadores de la Dirección de Inteligencia supieron que del vehículo que se aproximó al lugar fue arrojada la bomba. Luego el auto huyó a toda velocidad.

Luego de semanas de investigaciones e indagatorias, el fiscal de Flagrancia, Diego Pérez, solicitó la conducción de un recluso del ex Comcar por entender que podría estar vinculado al atentado.

Se presume que este preso está vinculado a la banda del “Ricardito”, un joven delincuente con un prontuario por tráfico de estupefacientes que opera en Cerro Norte y barrios aledaños, dijo una fuente de la investigación a El País.

Se presume que el móvil del atentado estaría vinculado a la actividad represiva y a las sucesivas incautaciones de drogas que se realizaron entre junio de 2019 y principios de este año, agregó la fuente.

El 3 de agosto de 2019, la Policía decomisó en el balneario Parque del Plata 854 kilos de cocaína pura proveniente de Bolivia, luego de pasar por territorio argentino.

El 26 de diciembre del año pasado, se realizó unaincautación récord de cocaína: cerca de 6.000 toneladas. La droga puesta en destino tendría un valor de US$ 1.340 millones. Fue decomisada en el puerto de Montevideo. Estaba disimulada en un contenedor con harina de soja y su destino era un puerto de África.

El 28 de diciembre pasado, la Brigada Antidrogas daba otro golpe al megatráfico de drogas: 416 kilos de cocaína fueron incautadas en Río Negro. También se desarrollaron operativos de importancia en Artigas.

En total, la Policía incautó 12 toneladas de esa droga en 2019.

El 17 de abril de este año, la Justicia resolvió el inicio el proceso penal al recluso alojado hoy en el ex Comcar por un delito de posesión ilegítima de drogas.

El allanamiento de su casa, donde se encontró estupefacientes, se realizó en el barrio Santa Catalina.

Durante la detención en su casa, el hoy procesado dijo: “Hay que tirar una bomba en Brigada Antidrogas; esto es muy frágil”.

El fiscal Pérez también investiga una ocupación ilegal de 3.500 personas en un predio privado ubicado al costado de Santa Catalina.

En enero de este año, eran apenas unos 500 los ocupantes. Dos meses más tarde, los intrusos superaban los 3.500.

Trascendió que integrantes de la banda del “Ricardito” habían ofrecido $ 5.000 para cada uno de los ocupantes, según la fuente.

Con ese dinero, los ocupantes podían comprar una carga de costaneros -corteza de eucaliptos-, chapas y alambres para hacerse un rancho.

El 12 de mayo de 2020, el fiscal Pérez, ordenó a los investigadores de la Zona IV (Cerro, La Teja y barrios aledaños) que llevaran al “Ricardito” para indagarlo sobre su eventual vinculación con las ocupaciones realizadas por 700 familias en un predio privado de Santa Catalina en enero de este año.

“El Ricardito” está alojado en este momento en el penal de Santiago Vázquez.

Cuatro meses después del inicio de las ocupaciones, Pérez acusó a 19 personas por distintos delitos: invasión ilegítima de fundo ajeno, asociación para delinquir y hurtos por robar leña del predio privado.

Hay un antes y un después del atentado a la sede de la Brigada Antidrogas, según dijeron investigadores policiales a El País.

El exdirector de la Brigada Antidrogas y exdirector Nacional de Policía, Julio Guarteche, era un hombre que conocía al detalle las organizaciones de traficantes de drogas que operaban en el país.

Guarteche y sus oficiales más cercanos advertían desde hace diez años que no era correcto mezclar en las cárceles a traficantes de drogas extranjeros con uruguayos.

En las conversaciones dentro de las celdas, los uruguayos se vanagloriaban de sus hazañas y enseguida eran cortados por los delincuentes serbios, mexicanos o colombianos.

“¿A qué juez o fiscal mataste?”, era la pregunta. La respuesta del uruguayo era silencio. El extranjero señalaba: “Podés hablar cuando mates a alguno”. Sí hubo amenazas de muerte a jueces, fiscales y a jerarcas ministeriales que no se concretaron por la acción policial o no pasaron a mayores.