650 FAMILIAS EN 106 HECTÁREAS

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Debajo del mismo árbol, bajo la misma sombra que buscaban meses atrás para tomar unos mates y ver a los niños correr, pero ahora con la extraña sensación de haberse vuelto los dueños de ese espacio, Estela y parte de su familia hacen la digestión en un living improvisado. Hay reposeras, sillas de plástico, de madera y de escritorio; a un costado, arriba de un tanque viejo y oxidado, hay una parrilla, restos de leña y una olla con los fideos que sobraron todavía flotando en el agua tibia.

Estela tiene 33 años y creció frente a ese campo inmenso que mide más de 100 hectáreas en Santa Catalina, delimitado al sur por Burdeos y al norte por Sanfuentes. De niña solía decirle a su padre que si algún día se levantaban casas allí, ella sería la primera en “agarrar”, para vivir bien cerquita. “Eso no lo va a agarrar nadie, Estela, porque es para descansar, sentarse debajo de un árbol y tomar un mate”, le respondía él.

Estela formó una familia, tuvo dos hijos y siguió la premisa de su padre: visitaba ese terreno aparentemente abandonado, dominado por matorrales, víboras y autos quemados, para escapar de su casa precaria y permitirles a sus niños patear la pelota. Pensaba: “Qué hermosura este campo, qué paz impresionante”.

Se separó y volvió al hogar de su infancia. A dormir “en los corredores”. A mirar con ganas la tierra vacía. Hasta que un día le llegó el aviso: “Dicen que se puede agarrar”. Solo había que conseguir alambre.

El viernes 17 de enero Damiana llevaba dos días en libertad y tras salir de la cárcel se había instalado en lo de su madre. Buscaba trabajo y por eso se acercó a lo que parecía una cooperativa que se había ubicado en el predio vacío, cerca de su casa. Dice que era toda gente de la zona y que habían levantado una cabaña “prolija”, con “puentecito” y todo. Pero en vez de empleo, que era lo que ella pretendía, le ofrecieron tierra.

“Me dijeron: ‘Andá, agarrá unos alambres, un cacho de terreno, y dependiendo de los niños que tengas, agarrate un cachito más. Y así como ellos me dijeron, conseguí alambre, fui y alambré’”, relata.

Su madre, Mary, fue con ella. Le dijeron a Estela, que también les avisó a otros conocidos. Los de la supuesta cooperativa decían que el campo era para la gente del barrio y les querían cobrar $ 300 a cada uno, algo así como una entrega inicial, un peaje. “Era falsa. Estaban cobrando para agarrar un pedazo de terreno, o sea que eran unos estafadores”, interviene Estela. “Cuando nos dimos cuenta de que eran falsa, se fueron”, agrega Damiana.

“Luego empezamos a correr la bola y así, explosivamente, empezaron a caer 100, 200 personas”, prosigue Estela. En una semana había unas 500. Y hoy, casi dos meses después, estiman que más de 650 familias —que aumentan día a día— se han reservado un sitio y han edificado o están en proceso de hacerlo. Es la ocupación más grande que se recuerde en mucho tiempo en Santa Catalina, en Montevideo y en Uruguay en general.

Se organizaron. Gimena, una de las ocupantes, dirige una de las tres comisiones que se armaron. Cada comisión abarca una zona del enorme predio y tiene entre ocho y 10 miembros. Entre otras cosas, ella ha intentado varias veces censar a toda la población, pero asegura que es “imposible” contarlos a todos. Un cálculo conservador arroja que unas 3.000 personas pretenden vivir allí, lo cual no significa que estén todas ahí a diario.

Dicen que hay maestras, educadores, estudiantes de abogacía, policías, marineros. Muchos nacieron y crecieron en Santa Catalina, el barrio de sus padres, que también fueron ocupantes. Hay jóvenes y hay veteranos. Hay muchos desempleados, muchos viviendo de changas, gente que estaba en situación de calle, gente que llegó con órdenes de desalojo por deudas, gente que empezaba a tener que optar entre pagar el alquiler y comer.

Hay mucha gente con trayectorias accidentadas. Los relatos incluyen casas que quedaron en manos ajenas, separaciones, cárcel, muertes. Muchos esbozan palabras similares a las de Damiana, que de tanta pérdida y sufrimiento se tatuó una lágrima cayendo de su ojo derecho: “Yo quiero sentirme segura, por mí y mis gurises, y quedar tranquilos acá”.

“Nosotros estamos luchando por un terreno digno. No estamos ocupando, queremos una casa digna para que el día de mañana nuestros hijos tengan un techo”, dice ahora Estela, mientras su hijo menor merodea la olla con los fideos sobrantes. Luego reconoce que sí es una ocupación, aunque la palabra le cuesta, explica, porque ese campo ya era casi un bien público al que todos cuidaban. “No queremos que digan ‘hicieron un asentamiento’. Estamos haciendo un barrio, una continuación de Santa Catalina”.

Por eso ya hay quienes se refieren al predio como Continuación Santa Catalina o Nuevo Santa Catalina.

Quienes conocen de ocupaciones dicen que la pasividad del verano y el vaciamiento de las ciudades son contextos ideales para concretar estos planes. En enero los fiscales y los jueces están en plena feria judicial, lo que vuelve su accionar más lento y desorganizado. Y además este no era un inicio de año cualquiera: el cambio de gobierno aportaba un ingrediente fundamental, con autoridades que aún no habían asumido sus cargos y que apenas lo hicieran difícilmente quisieran dar un primer paso hacia un desalojo masivo.

Esto es lo que estaba en el aire dos meses atrás, cuando cientos de familias decidieron ocupar en Santa Catalina, plantea la diputada Cecilia Cairo, excoordinadora del programa de Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda.

Con esta hipótesis coincide Ernesto Beltrame, director de la Asesoría Jurídica de la Intendencia de Montevideo: “Eligen esas fechas para agarrar a la administración con pocos reflejos, pero estamos alertas para actuar muy rápidamente porque no podemos permitir que una ocupación se concrete y la ciudad crezca desordenadamente, ya que genera un gasto altísimo para el Estado llevar los servicios a un lugar que no los tiene. Además, no es justo con las familias que están en la fila esperando que su situación sea regularizada por los caminos correctos”, afirma.

La dinámica de la ocupación en sí no sorprendió a estos políticos, pero sí cómo se dieron los hechos con el correr de los días. “Es un caso extraño”, dicen: todavía no lo terminan de descifrar.

El entonces alcalde del municipio A, Gabriel Otero, dijo a Radio Uruguay el 27 de enero —tras 10 días de ocupación— que para él se trataba de una más de las que suele haber en enero, y agregó que lejos de ser 400 familias —como trascendía en los medios en ese momento— se trataba de “unas cuantas decenas”. El tupamaro Jorge Zabalza, que vive en Santa Catalina y desde el inicio ha ejercido un rol de “asesor” de los ocupantes —incluso les facilitó el contacto del abogado Pablo Giraldo, a quien le pagaron por defenderlos—, dice que ese mismo día Otero había quedado en ir con él a recorrer el predio y faltó sin aviso. El exalcalde no respondió a la consulta para esta nota.

De acuerdo a la versión de la parte propietaria, el primer indicio de la particular ocupación fue un curioso cartel colocado sobre el predio que indicaba en un texto impreso profesionalmente: “FFD Oeste Comunitarios”. Debajo exponía un código QR que no hubo tiempo de escanear porque fue retirado anónimamente un par de horas después. Sin embargo, empezaron a llegar las primeras familias que eligieron un lote y lo marcaron, como Estela, Damiana, Gimena y otros.

El único testigo de esta confusa situación fue un sereno. El hombre es empleado de la sociedad anónima que posee el terreno. Lorena Viñoly, abogada de los propietarios, asegura que el predio fue adquirido hace una década con el fin de desarrollar varios proyectos logísticos que por distintas razones no prosperaron, pero no está abandonado. “Para mantener activa la propiedad sus dueños construyeron una casa, contrataron a un sereno, han plantado avena, alfalfa, criaron cabras, caballos, alambraron el contorno y están al día con todos los impuestos”, afirma. Dice que llevan invertidos unos US$ 500.000 allí.

Otras veces, cuando el alambre fue robado, el sereno alertó a sus patrones; y cuando dos o tres personas quisieron levantar una vivienda allí tiempo atrás, él logró disuadirlos advirtiéndoles que el predio era de alguien y ese alguien haría una denuncia. Pero esta vez la escena fue distinta: todo parece indicar que fue una ocupación premeditada y no espontánea.

Primero se marcaron tierras en el predio contiguo, un espacio público de la intendencia. Enrique Soria, el alcalde actual, dice: “Ese mismo día recibimos la denuncia de vecinos preocupados por lo que estaba sucediendo allí. Comprendía tanto el predio municipal como el privado”. Enviaron a dos funcionarios inspectores generales del municipio e informaron a la inspección central y al departamento jurídico. Este último aplicó un protocolo que conoce de memoria: “Porque las ocupaciones son habituales, pero la mayoría no toman estado público porque logramos contenerlas”, asegura Beltrame.

Para desalojar a quienes invadieron el espacio público dio noticia al Ministerio del Interior, y les fue bien: lo liberaron de los ocupantes. Además, enterada de que la ocupación estaba afectando también a un terreno particular, la comuna localizó a sus dueños, a quienes intimó a hacer la denuncia. Y la hicieron, pero les fue mal.

“Fiscalía no actuó a tiempo. Esto cuando eran 20 familias se resolvía, pero hoy hablamos de que son unas 600 y no es posible que el ministerio pueda resolver tantas situaciones. No creo que esto termine bien”, advierte la diputada Cairo.

Es que no solo se trata de un número extraordinario para una ocupación tan reciente, sino que allí se están dando una serie de situaciones atípicas que generan todo tipo de rumores. El más grave sugiere que habría una agrupación narco instalada en el terreno, financiando algunas de las necesidades de sus habitantes para ganarse su dependencia económica, como por ejemplo, merenderos infantiles.

Fuentes políticas dijeron que los integrantes de aquella incipiente cooperativa de la que hablan los vecinos se marcharon porque fueron amenazados. A su vez, a las autoridades les llama la atención la presencia de vehículos y maquinarias de construcción en el predio: ya se construyó una calle y un puente, “algo completamente atípico en estos escenarios”, plantea Beltrame.

Además, preocupa la “especulación inmobiliaria”, que al municipio le consta que hay en base a relatos de vecinos. En aquellas declaraciones, Otero también denunció que algunos ocupantes estaban vendiendo en forma ilegal los terrenos con publicaciones en redes sociales. Se refirió puntualmente al caso de una señora a la que le vendieron uno de los terrenos por $ 30.000.

El tema lo está manejando el área jurídica y por eso Soria, el alcalde actual, no quiso dar detalles al respecto.

Mientras la investigación avanza en reserva, a la diputada Cairo le llegan mensajes a su celular de vecinos de Santa Catalina que le consultan si deberían aceptar o no un lote que les están ofreciendo. Algunos se venden a $ 60.000 y otros se permutan por un televisor.

Desde el living improvisado que instaló al lado de su casa, Estela se dispone a acompañar a El País a recorrer parte del predio. Ir de una punta a la otra lleva al menos una hora y media. Ya lo ha hecho varias veces, dice, por ejemplo con el senador blanco Juan Sartori y con el exdiputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio.

Los ocupantes están orgullosos del trabajo realizado. “Estamos abriendo calles, las parcelas son todas de la misma medida, dejamos espacio para la vereda, todo”, describe Estela. Han procurado trazar las calles como continuación de las que ya hay en el barrio. Algunas ya las generaron, según ellos, con indicaciones de la Intendencia y con máquinas excavadoras que consiguieron “por Facebook” y pagaron de su bolsillo a $ 2.000 la hora. Una cuadra lleva cinco horas, dicen.

Una noche, con el impulso adrenalínico de la ocupación, Gimena se sentó y dibujó en su computadora cómo soñaba el Nuevo Santa Catalina: una plaza con juegos infantiles, un merendero gigante, un salón comunal, mantener los árboles en torno al tajamar e incluir en ese espacio verde aparatos para hacer ejercicio.

Han hecho asambleas para tomar decisiones en conjunto y aún hay cuadrillas que se organizan para limpiar el terreno.

La Intendencia ha ido varias veces para dar indicaciones que algunos han interpretado como un aliento a la ocupación. Les dijeron que deben dejar tres metros de vereda y 10 metros para las calles. Y han cambiado —según los vecinos— la definición en torno a qué tan lejos deben estar de una zona específica que es área protegida. Esto ha implicado reacomodar a unas 250 familias tres veces ya, lamenta Gimena.

La zona en cuestión es una servidumbre de paso que le pertenece a la comuna, lo que implica que hay un caño subterráneo destinado al saneamiento por el que el agua “corre al tope y con una presión tal que cualquier perforación podría generar una explosión”, advierte Beltrame, de la intendencia. “Están viviendo sobre una granada y no son conscientes”, alerta.

El jerarca tiene información de que aún hay cinco o más familias sobre la servidumbre. Los ocupantes, en tanto, se quejan de que están resolviendo la situación a ojo con mapas poco claros que les entregaron los funcionarios.

Según explican fuentes judiciales, ante una ocupación hay dos caminos: solicitar el desalojo por la vía civil, que es un proceso lento, o presentar una denuncia por usurpación en las primeras 24 horas ante la Justicia penal. Si bien Beltrame reconoce que menos del 15% de las ocupaciones logran ser desalojadas, asegura que por lo general la actuación conjunta entre Fiscalía y Policía suele ser exitosa.

En este caso, hubo una intimación de la Fiscalía penal a partir de tres denuncias, dice el abogado de los ocupantes, Pablo Giraldo. Dos fueron de la intendencia —una por el colector, y otra por la alteración del ordenamiento territorial— y la tercera fue de la SA propietaria por usurpación. El jefe de la zona IV de la Policía concurrió a pocos días de la ocupación, junto con 25 efectivos, a transmitir la intimación. Por lo que cuentan quienes estuvieron allí, todo se dio en buenos términos: el jefe explicó lo que sucedía, los ocupantes se negaron a irse, y listo. No hubo orden judicial, dice Giraldo, y por tanto no se concretó el desalojo. Lo que sí se acató fue el pedido fiscal de retirarse de la zona protegida, que al principio estaba toda invadida por desconocimiento.

Al tratarse de una ocupación masiva, la inspección ocular para identificar a los ocupantes y tomarles declaraciones se enlenteció. En los dos meses que lleva la ocupación intervinieron tres fiscales distintos. Quien conduce la investigación ahora es Diego Pérez y prefiere mantener bajo reserva sus líneas de indagación, aunque adelanta que son varias.

La demora y el hermetismo preocupan a los privados. Plantea la abogada Viñoly: “Lo que vemos es una omisión del Estado, tanto por parte de la Intendencia como por parte del Ministerio del Interior porque, ¿cómo pretenden que un particular desaloje a cientos de familias que están pidiendo una respuesta para acceder a la vivienda?”.

Los ocupantes, en tanto, están expectantes porque la intendencia les canceló una reunión y no saben qué posición política adoptarán. Hay quienes creen que el paso del tiempo disminuye las chances de que los echen. Algunos aún temen lo peor. Todos sienten que se juegan la vida.