Educación en casa: la Inddhh fija postura tras fallo de la SCJ que avaló esta modalidad de enseñanza

La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), se refirió este miércoles mediante un comunicado a la polémica surgida en los últimos días, luego de que un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) avalara la modalidad de educación en casa (homeschooling) a dos niñas de una comunidad menonita de Florida. La controversia subió un escalón cuando se conoció que el Ministerio de Educación y Cultura, así como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) buscarán derogar un artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que habilita esta forma de enseñanza.

De acuerdo a lo que expresó la Inddhh, Uruguay cuenta con "una sólida tradición educativa", en la que se consagra "la libertad de los padres y madres de elegir las instituciones educativas para sus hijos e hijas". Aún así, sostienen que esto "debe armonizarse con el derecho de las infancias a recibir una formación de calidad, con inclusión cultural y social".

En ese sentido, subrayan que los centros educativos, ya sean públicos o privados, son "espacios fundamentales de aprendizaje", así como de "convivencia e integración", donde los menores desarrollan sus capacidades y "construyen progresivamente su autonomía" y "conocen otras realidades".

Asimismo, hacen referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala que la educación "debe promover la socialización, el pensamiento crítico y la participación en la vida social".

"El desarrollo de estas habilidades no se encuentra garantizado cuando la enseñanza se imparte en un ámbito de aislamiento hacia el resto de la sociedad, sin exposición a la diversidad de opiniones", añaden.

En ese sentido, desde la INDDHH sostienen que no debe considerarse que "la libertad otorgada a los padres y madres en la elección de las instituciones y docentes sea absoluta". "El límite se encuentra en el pleno goce del derecho a la educación, del que son titulares sus hijos e hijas y del que el Estado es garante", aseguran.

Es por esto que el organismo "exhorta" al Estado y a las autoridades a que se ratifique "la vigencia material de la educación presencial, común y supervisada".

Foto: Darwin Borrelli

La escolarización en el hogar o homeschooling es un proceso de formación educativa que es legal en varios países del mundo como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Australia. Tras la pandemia del covid-19, y de la mano de la LUC, se abrió la puerta a una flexibilización al respecto también en Uruguay.

La Ley General de Educación del 2009 establece la obligatoriedad de la educación inicial, educación primaria y la educación media básica y, asimismo, indica que “los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje”.

Con la LUC, este artículo fue modificado y sustituido por el siguiente: “Es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley”.

Foto: Fernando Ponzetto.

A mediados de setiembre, la SCJ resolvió desestimar el recurso de casación impuesto por la ANEP en el caso de los padres de una comunidad menonita de Florida que resolvieron no enviar a sus hijos a una escuela local, sino que optaron por la educación en casa (homeschooling).

De acuerdo a la sentencia, de la que dio cuenta El Observador y a la que accedió El País, los argumentos que fundamentan la desestimación del recurso de casación se respaldan en que la obligatoriedad de la educación en el país "se vincula con el deber de los padres y responsables de procurar la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a los centros".

En ese sentido, consideran que se reconoce a los padres y tutores la libertad de elegir maestros e instituciones. "Esa libertad no habilita a sustraer a los niños del sistema educativo formal; sino que permite optar entre instituciones que satisfagan las exigencias estatales", dice la sentencia.

Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.