El dinero en la campaña electoral: qué se declara, qué se omite y cómo son los controles en Uruguay

El episodio de la camioneta del presidente Yamandú Orsi tuvo al país entero durante días bailando al ritmo de una historia que parecía enredarse en función de cada dato nuevo: lo que empezó con una declaración jurada siguió con la noticia de un descuento, luego de una donación, luego de una rifa inconclusa, y para entonces un gesto simbólico de su asunción presidencial ya se había convertido en la principal gran polémica de su mandato. Cada aclaración, que tardó en llegar, agudizó un ruido que recién en los últimos días logró bajar sus decibeles.

Pero más allá de los golpes autogenerados —y de lo más cuestionable del episodio, que fue la dificultad para explicarlo con claridad desde un principio—, el caso es en parte la expresión de algo más sistémico: las zonas opacas o grises del financiamiento de los partidos políticos en Uruguay, la línea difusa entre lo que aportan y reciben los candidatos, los puntos ciegos de las declaraciones realizadas ante la Corte Electoral, y los límites de los controles más allá de los cambios que se han hecho para perfeccionarlos.

Todo ello fue amplificado, claro, por involucrar ni más ni menos que al presidente de la República. Y quizá una de las peculiaridades de la polémica es que reunió, en una única trama, varias prácticas asociadas a la gestión de los recursos por parte de los actores de la política, algunas más frecuentes que otras: una donación en especie que queda en manos de un candidato, una rifa al borde del reglamento, una parte de un saldo superavitario que se vuelca al partido tras la elección, un auto personal comprado con descuento a pocos días de asumir el cargo más importante del país.

Durante la reunión que Orsi mantuvo el martes pasado con El País y otros tres medios de prensa escrita (Búsqueda, El Observador y La Diaria), tanto el presidente como su equipo insistieron en que este tipo de situaciones eran habituales en la cotidianidad de las campañas y el ejercicio del poder, y hasta preguntaron a los periodistas por otros casos parecidos de figuras políticas.

¿Cómo se lee lo que pasó con el presidente a la luz de lo que sabemos del resto del sistema político?

Si hacemos el recorrido cronológicamente, el primer elemento del episodio de la camioneta es la donación en especie de Car One a la campaña de Yamandú Orsi.

La ley 18.485 de 2009 —con su última modificación en 2024— habilita las donaciones privadas de personas físicas o de empresas por hasta 300.000 unidades indexadas (que hoy representan unos 49 mil dólares). Los candidatos a la presidencia pueden donar para sus propias campañas, sea en dinero o en especie, una cifra cuatro veces mayor.

Al finalizar la elección, el comando frenteamplista declaró que la campaña recibió una única donación en especie: fue el 1° de octubre de 2024 y se trató de un Renault Stepway 0km aportado por la empresa Car One por un valor real de 853.620 pesos (20.440 dólares según la cotización a esa fecha).

Así como la Renault donada por Car One es la única donación de ese tipo declarada por la campaña del Frente Amplio, en el resto de las rendiciones de cuentas de la elección de 2024 son muy pocas las donaciones en especie que aparecen registradas.

En el caso de la candidatura del nacionalista Álvaro Delgado, hay dos donaciones en especie registradas que están vinculadas con publicidad para la campaña.

Una de ellas es también de una automotora (Ayax SA) por 1.680.000 pesos (unos 42.000 dólares al tipo de cambio actual), pero la donación no fue un vehículo sino un saldo para publicidad en el diario El País, según informaron fuentes del comando nacionalista. Algo similar ocurrió con la otra donación en especie declarada por el comando: la empresa Farunel SA (Familia Acompañantes) donó un espacio de publicidad en vía pública por un valor de 1.826.000 pesos (unos 45.000 dólares). Esa donación está registrada a fines de agosto de 2024, mientras que la donación de Ayax fue registrada el 11 de noviembre, a semanas de la segunda vuelta.

En el resto de las candidaturas presidenciales no figuran donaciones en especie declaradas.

Si las hubo y no quedaron plasmadas en las rendiciones de cuentas es una incógnita que, como veremos más adelante, no es tan sencilla de resolver.

El País contactó a políticos de distintos partidos para consultarles qué tipo de aportes podían no estar reflejados en esos balances. Algunos ejemplos incluyen el préstamo sin cargo de vehículos que luego se devuelven, o de locales para realizar eventos. Otros testimonios apuntan a que existen aportes de dinero —ya sean propios o de terceros— más allá de lo que queda estrictamente reflejado en las rendiciones de cuentas, y lo mismo con los gastos, en especial lo que algunos llaman “gastos hormiga” del día a día. “Esos son imposibles de registrar en su totalidad”, dice uno de los consultados.

Las realidades, de todos modos, son diversas. Un análisis no solo de las rendiciones de cuentas de los candidatos a presidente, sino también de las listas al Senado y Diputados, muestra que hay casos en los que se reporta al detalle gastos mínimos (como los 380 pesos que gastó el Herrerismo en alimentos comprados en la Ancap de Trinidad el 13 de octubre de 2024) hasta otros que completan la rendición de cuentas con mucha menos precisión, más allá de que todos deben guardar las boletas de lo que sea que se declare.

En donde el caso de Orsi se vuelve más entreverado es que, tal como informó Búsqueda en primera instancia, el Renault donado en el marco de su campaña fue utilizado luego como medio de pago para la obtención de la ya famosa Hyundai Santa Fe que Oliva Automotores le cambió, pocos días antes de asumir, por su Hyundai anterior más una transferencia de 15 mil dólares.

Dentro de toda esa madeja, uno de los puntos que entra en discusión es qué ocurre con el saldo de las campañas una vez que terminan.

En su encuentro con El País y otros tres medios de prensa escrita, el presidente y su equipo mostraron que el 28 de abril de 2025, ya asumido el nuevo gobierno, el comité de campaña de Orsi le entregó al Frente Amplio un total 17 millones de pesos (algo más de 400.000 dólares) que había quedado como sobrante, y señalaron que en ese monto estaba incluido el valor de la Renault donada por Car One.

Los jerarcas del Ejecutivo explicaron que el acuerdo con el Frente Amplio había sido que no habría cesión de derechos del candidato hacia el partido y que sería entonces el propio Orsi el responsable último de los ingresos o deudas que se generaran.

El de los saldos de campaña es uno de los tantos temas que no están estrictamente estipulados por la normativa vigente. La práctica más común es que se reintegren a la siguiente campaña —siempre hay una a la vuelta de la esquina—, a los partidos o gastos de la actividad política, aunque también hay casos en que se difumina la línea entre lo que se vuelca a una campaña y lo que termina afectando los patrimonios de los dirigentes.

“Muchas veces se pone del bolsillo propio y se espera que después eso se recupere, ya sea con lo que da la Corte por voto, o con los recursos propios de los cargos políticos”, explica una fuente conocedora de los mecanismos habituales de financiamiento. Esa avenida corre en las dos direcciones: puede implicar obtener más ingresos de los pensados, o también una deuda. “Hay muchos que se pegan terrible porrazo”, dice uno de los consultados. “Puede haber de todo, pero esos casos son más frecuentes que los que salen mejor parados que antes”, apunta otro. En varios sectores, según las consultas, está claramente establecido que lo que sobra de una campaña, si es que sobra, debe volcarse a la siguiente o a cubrir otros gastos permanentes.

La lógica aplica para partidos chicos —César Vega, por ejemplo, tenía más de 200 mil dólares “guardaditos” de la elección anterior que lo llevó a la diputación— pero también para los más grandes.

En el caso de las candidaturas presidenciales de 2024, la de Orsi fue por mucha diferencia la de mayor saldo positivo, con un total de 56 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares) de superávit luego del balotaje. La campaña de Delgado terminó en octubre con un saldo negativo de unos 3,8 millones de pesos, que luego fueron incorporados como “gastos pendientes” en la rendición de cuentas del balotaje, que terminó con un pequeño saldo a favor de 27.563 pesos (algo menos de 700 dólares). La campaña del colorado Andrés Ojeda declaró un saldo final positivo de 694.453 pesos (unos 17 mil dólares), el cabildante Guido Manini Ríos reportó 34.334 pesos a favor y el independiente Pablo Mieres reportó un superávit de 3,9 millones de pesos. Gustavo Salle, el cuarto más votado con Identidad Soberana —solo detrás de los tres principales partidos— fue el segundo con mejor saldo: le quedaron a favor 7 millones de pesos (175 mil dólares, aproximadamente).

La diferencia entre los 56 millones de pesos declarados como saldo de la campaña y los 17 millones de pesos que transfirió Orsi a su partido en abril de 2025 es uno de los puntos que aún no están del todo aclarados. En el Frente Amplio señalan, como una de las explicaciones, que existieron gastos asociados a la transición que fueron afrontados con ese remanente.

Orsi planteó que en esa cuenta también se contempló que había habido aportes suyos a la campaña, aunque eso no figura declarado en la rendición de cuentas (que sí registra, por ejemplo, reintegros de fondos del Frente Amplio o préstamos de grupos como el MPP).

El detalle de ese reintegro al Frente Amplio debería constar en la rendición de cuentas del financiamiento permanente de cada partido. La correspondiente a 2025 ya fue presentada pero aún no ha sido publicada por la Corte Electoral, que hoy está a la espera de que el Tribunal de Cuentas termine sus auditorías. Es la primera vez que eso ocurre, y los que tienen experiencia en campañas electorales dicen que ya se siente la diferencia.

Hasta la última elección, la legislación no establecía un control claro de las rendiciones de cuentas, que quedaban en la órbita de la Corte Electoral, un organismo que insistía una y otra vez que no contaba con recursos suficientes para auditar siquiera mínimamente las declaraciones.

La ley 20.292 votada en junio de 2024 actualizó la normativa y habilitó a la Corte a “requerir el apoyo del Tribunal de Cuentas para auditar” los balances de la campaña. Tal como informó el semanario Brecha, la Corte adoptó esa resolución por unanimidad y el Tribunal comenzó en junio con las auditorías.

Referentes de distintas campañas consultados para este informe destacan que el Tribunal ya les exigió presentar comprobantes de varios de los ingresos y egresos declarados. “Han sido bastante rigurosos en los comprobantes que exigieron”, explica uno de los consultados. Otro señala que el nuevo control reduce bastante el margen de maniobra que había antes para “dibujar” algunas de las cifras.

Nada de eso implica, sin embargo, que a partir de ahora las rendiciones de cuentas deban sí o sí ser un reflejo transparente del financiamiento de las campañas. Al fin y al cabo, las auditorías del Tribunal de Cuentas pueden cotejar razonablemente que los números presentados tengan su respaldo documental, o encontrar posibles inconsistencias en los balances; pero investigar si existieron ingresos o egresos no declarados es algo que está un poco más allá de su alcance.

En otras palabras, se audita lo que se declara, pero no si se declaró todo lo que se debía.

Desde los “gastos hormiga” que en algunos casos terminan teniendo un peso importante en el presupuesto de campaña, hasta la posibilidad de que se reciban más donaciones anónimas de las habilitadas (no puede exceder las 4.000 unidades indexadas cada una, y la suma total no debe superar el 10% de los ingresos), todo eso queda potencialmente por fuera de la lupa del tribunal.

A eso se suman otros puntos ciegos como la falta de controles en la elección interna, que en muchos casos deja un saldo inicial para las campañas nacionales.

Hay quienes dicen que la regulación deberá seguir perfeccionándose para ajustarla a la realidad de los partidos y su dirigencia, sin renunciar a una transparencia que —en esto coinciden todos— siempre dejará algún margen fuera de su control.