¿Problemas con abastecimiento de combustibles? Lo que dijo la presidenta de Ancap sobre eso, el negocio del pórtland y más

Ancap cerró el 2025 con ganancias de US$ 72,5 millones, lo que resulta en una “situación financiera robusta” para sobrellevar la serie de medidas anunciadas por el gobierno la semana pasada en relación al aumento de los combustibles por debajo de lo que indica el Precio de Paridad de Importación (PPI). La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, dijo a El País que las autoridades no descartan aplicar medidas en las fronteras para evitar faltante de combustible para los uruguayos. También se refirió al negocio del pórtland –el único que generó pérdidas entre la cartera de negocios del Grupo Ancap–, el de cal con Candiota (Brasil), una posible carga impositiva para vehículos eléctricos y la participación de pequeños ahorristas en empresas públicas.

El viernes, los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) explicaron en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva una serie de medidas ante los efectos de la guerra de Medio Oriente sobre el precio del petróleo. Allí anunciaron un aumento de 7% –como indica el tope de la nueva metodología aplicada desde el año pasado– para todos los combustibles.

“Vamos a tener que coordinar medidas con (operadores de) tarjetas de crédito y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)”, dijo San Román sobre la posible afectación de suministro en Uruguay que advirtió Oddone. El ministro se había referido a un incremento de la demanda de brasileños y argentinos, debido a que el precio de los combustibles en la frontera de Uruguay (con el descuento de Imesi) es menor ahora al de los vecinos.

San Román agregó: “El subsidio es para los uruguayos, no para la región”.

Durante la conferencia de prensa del viernes, Cardona resaltó la importancia de la matriz energética del país y dijo que al cubrir cerca del 95% de la demanda de electricidad con energías renovables se puede mejor esta crisis. San Román coincidió con esta visión y dijo a El País que en el caso de que Uruguay atraviese una escasez de combustible, no sería necesario suspender el suministro de energía eléctrica para ahorrar.

Uno de los grandes debates es el impulso al uso de energía eléctrica es en el sector automotor. La electromovilidad (con el aumento en la venta de vehículos eléctricos) presentó un importante empuje en los últimos años y cuenta con incentivos tributarios.

En Uruguay, el uso de biocombustibles incluye mezclas de bioetanol en naftas que en la actualidad se ubica en 9,8% aunque se propuso aumentar a 12%. San Román resaltó que si bien esa meta está dispuesta por ley, el cambio implicaría un análisis a largo plazo. “Hay que analizarlo también en la mirada de las capacidades eléctricas, de combustibles, tecnología y de cómo pega (en) los impuestos”, consideró.

El Impuesto Específico Interno (Imesi) en las naftas representa alrededor de un 45% del precio en el surtidor. San Román consideró que si el Estado dejara de comercializar naftas, serían “recursos que van a tener que venir de otro lugar”. “Tal vez es como pasa en Europa. Esos impuestos se fueron trasladando a los vehículos eléctricos. Antes estaban exonerados y ahora ya se les empezó paulatinamente a cargar de impuestos”, dijo y agregó que esta estrategia será analizada en la agenda de energía hacia 2050.

Las utilidades de Ancap estuvieron frenadas una vez más, por el negocio del pórtland (a cargo de la subsidiaria Cementos del Plata) que arrojó pérdidas por US$ 31 millones. Aunque en 2024 las pérdidas del negocio fueron menores a las del año pasado (US$ 24,5 millones), el negocio tiene números rojos desde 1999.

Para revertir esta situación, Ancap tiene previsto trasladar su producción de la planta de Paysandú a la de Minas y mantener el funcionamiento habitual de la de Manga que sirve para encascar.

San Román explicó que el ámbito de negociación que se estableció hace algunas semanas entre la empresa, el Poder Ejecutivo y la Federación Ancap (Fancap) sirvió para intercambiar estudios técnicos y propuestas de análisis. Una de ellas fue el fideicomiso que propuso Fancap y que según San Román “se está analizando” con el objetivo de “darle sostenibilidad al negocio”.

“Por ahora se va a seguir avanzando en lo que se planteó desde un primer momento”, dijo San Román y agregó: “No vemos otra alternativa, pero siempre estuvimos abiertos que si alguien tenía algo más creativo o más interesante para plantear siempre lo íbamos a escuchar”.

La empresa Cementos del Plata no solo se dedica a la producción y comercialización de pórtland, sino que también exporta cal viva desde su planta en Treinta y Tres a las centrales termoeléctricas en el municipio de Candiota en Río Grande del Sur, Brasil, que funcionan a carbón. La mayor parte de las pérdidas de Cementos del Plata fue por deterioro de activos en su planta en Treinta y Tres (US$ 27,7 millones). El negocio comenzó en 2010 cuando la subsidiaria de Ancap firmó un contrato con la Compañía de Generación Térmica de Energía Eléctrica (CGT Eletrosul) que tendría vencimiento en 2021.

En 2020 se realizó una nueva licitación que Cementos del Plata ganó para continuar exportando cal con vencimiento al 31 de diciembre de 2024. El 30 de diciembre de ese año se firmó un aditivo y se extendió el contrato hasta agosto de 2025 por un monto anual aproximado de US$ 16,98 millones. Pero en medio del negocio, en 2023, CGT celebró un convenio con la empresa de energía Ámbar (actualmente propiedad de J&F). En febrero de este año, Cementos del Plata y J&F celebraron una nueva extensión del contrato hasta agosto de 2026.

Debido a que las centrales en Brasil funcionan a carbón, el gobierno de Luiz Inazio Lula Da Sila garantizó la continuidad de la central de Candiota hasta 2040 a través de la ley 15.269 que busca modernizar el sector energético.

La cal viva que se entrega a Candiota es utilizada en la desulfuración de los gases de combustión de la central; es decir, elimina químicos de los gases de combustión y logra una mayor eficiencia. Sin embargo, en los intentos del gobierno brasileño por descarbonizar su industria, las operaciones en Candiota estuvieron interrumpidas.

San Román explicó que el grupo J&F se encuentra negociando con las autoridades del sector eléctrico brasileño los términos del contrato. “Mientras ellos van negociando eso con el sistema brasileño, también van conversando con nosotros en la renovación del contrato en agosto”, dijo.

El gobierno de Yamandú Orsi anunció que UTE realizará una convocatoria de inversión a pequeños ahorristas, mediante la emisión de obligaciones negociables (deuda). Esto, sumado al debate instalado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la participación de las empresas públicas en el mercado de capitales, avivó la discusión. Por un lado, se plantea la posibilidad de que las empresas públicas busquen financiamiento en distintos instrumentos en el mercado bursátil y por otra parte, que permitan a pequeños ahorristas invertir directamente en acciones de las mismas o sus subsidiarias.

Foto: EFE

“Nunca lo descarto porque hemos mirado algún proyecto en específico que pueda desarrollarse a través de un fideicomiso, pero por el momento, en el estado en el que esta la empresa, en ciertas inversiones, Ancap todavía tiene una robustez financiera para pedir un crédito”, dijo San Román.

La presidenta de Ancap recordó la financiación de los parques eólicos de UTE a través de participación ciudadana, que en comparación con la petrolera, había un “muy claro panorama de la rentabilidad financiera detrás”. “Tiene que ser un proyecto claramente rentable, que sea sustentable y que vaya a perdurar en el tiempo”, dijo.

Consultada ante la posibilidad de esta alternativa para paliar las pérdidas del negocio del pórtland, San Román sostuvo: “No lo descarto para el futuro en alguna determinada inversión en un área o una inversión parcial que se pueda llegar, pero con la garantía de que los inversores tienen realmente un negocio seguro detrás” y agregó: “No voy a recomendar algo que no están dadas las garantías”.